A 19 días de las elecciones presidenciales, la política costarricense entró este martes en una zona de alta tensión luego de que el director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), Jorge Torres, acudiera a la Fiscalía General de la República para presentar una denuncia por un presunto plan para atentar contra la vida del presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles.
La denuncia fue presentada ante el Ministerio Público ayer por la tarde luego de que su despacho, según Torres, recibiera información confidencial que alertaba sobre la contratación de un sicario para perpetrar un atentado contra el presidente.
«Lo que recibimos fue información confidencial que claramente nos alertaba sobre un pago de un sicario que quería atentar contra la vida del Presidente de la República», declaró Torres a la prensa a su llegada a la fiscalía.
El titular de la DIS calificó la presentación de la denuncia como un «hecho histórico» y señaló que no es habitual que el director de ese cuerpo policial denuncie personalmente una amenaza de este tipo.
Horas más tarde, el Fiscal General de la República, Carlo Díaz, confirmó públicamente que la persona señalada en la denuncia es una mujer de apellidos chinchilla moraa la que calificó como «activa en las redes sociales».
«Su apellido es Chinchilla Mora, parece ser una persona activa en las redes sociales y eso es lo que tenemos en este momento», dijo Díaz a los medios.
La fiscalía indicó que el caso como presunto intento de asesinato contra el presidente, y que se ha activado el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Oficina de Atención a Víctimas y Testigos para fortalecer la seguridad del presidente.
El contenido de la denuncia.
Según documentos aportados por la DIS y divulgados por los medios de comunicación, el caso se basa en dos capturas de pantalla de una conversación de WhatsAppque supuestamente en 16 de diciembre de 2025en el que la mujer imputada presuntamente incitó a un tercero a cometer el delito.
Uno de los mensajes incluidos en la denuncia decía: «Tuvieron todo el tiempo para acabar con el misógino. No tuvieron agallas. Si tu sicario no tiene agallas, les voy a pagar con el resto del dinero para que te maten porque eres un inútil».
Además de los mensajes, el archivo contiene un foto de la escolta presidencial y los vehículos asignados al presidentetomada el mismo día que Chaves acudió al laboratorio clínico LABIN, en Zapote, San José
Según la denuncia formal presentada ante la Fiscalía, esa imagen habría sido compartida por la mujer en su perfil verificado de Facebook, lo que para el DIS constituye un elemento de vigilancia y seguimiento de los movimientos del presidente.
En el escrito entregado al Ministerio Público, la DIS solicitó que los hechos sean investigados como tentativa de asesinatobajo el argumento de que se trata de una supuesta incitación al asesinato de un jefe de Estado y por pago a un sicario.
El documento sostiene que la mujer habría actuado como cerebro o instigadortras identificar al presidente como objetivo, proporcionar información sobre su ubicación y seguridad, y supuestamente ofrecer dinero para llevar a cabo el crimen.
Esta noche, el jefe de seguridad presidencial, Jeffrey Cerdas, afirmó que existe una denuncia formal ante el fiscal general de un plan para asesinar al presidente Rodrigo Chaves, que incluiría un pago y la contratación de un sicarioentonces inmediatamente reforzó su seguridad y se pidió a la Corte que actuara con urgencia ya que, como dijo, una grave amenaza a la democracia y la seguridad nacional.
«Si la Fiscalía detiene urgentemente a los interesados, la amenaza se reducirá y se podrán ajustar las medidas de seguridad. Si no actúan, la amenaza continúa y el riesgo persiste», indicó.
Mientras tanto, la fiscalía confirmó que se habían dictado medidas de seguridad al presidente.
La reacción de la mujer señalada
La mujer identificada como Estela Chinchilla Mora, 62 años, Muy activa en las redes sociales y crítica con el gobierno, rechazó categóricamente la denuncia interpuesta en su contra, calificando las acusaciones de invenciones. En declaraciones a El observadorsostuvo que no había fundamento para vincularla con un supuesto complot violento y defendió su carrera pública como activista.
«Lo niego todo. Es un invento. Lo mantengo categóricamente como pacifista que soy y como vicepresidente del Centro Amigos por la Paz y defensor acérrimo de los Derechos Humanos, nunca cometería esa tontería», afirmó el sindicalista.
Chinchilla indicó que la noticia la sorprendió y que hasta ese momento no había sido notificada formalmente de los cargos específicos en su contra. Indicó que su equipo legal ya analiza el caso y que actuará de acuerdo con las recomendaciones de su abogado.
Posteriormente, en un video difundido en sus redes sociales, reiteró que no había cometido ningún delito y que desconocía los detalles concretos de la denuncia interpuesta ante el Ministerio Público.
«Yo no hice nada. Me están acusando de cosas que ni siquiera sé que me están acusando», dijo en ese mensaje, en el que también agradeció las muestras de apoyo que dijo haber recibido.
En el mismo comunicado, Chinchilla vinculó la denuncia a sus actividades públicas y su presencia en redes sociales y debates políticos, donde difundió contenidos críticos con el actual gobierno. Según ella, esa visibilidad y su rol como comunicadora la habrían convertido en una figura incómoda para los sectores oficialistas, lo que a su juicio explicaría la apertura del caso en su contra.
Un contexto político especialmente sensible
La denuncia ha sido presentada A 19 días de las elecciones presidenciales y el mismo día el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, programó una visita oficial a Costa Rica.
La coincidencia temporal puso el caso en el centro del debate político y mediático. El Frente Amplio, partido con el que Chinchilla está vinculada políticamente, rechazó cualquier acto de violencia y pidió una investigación «con todo rigor».
Por el momento, el caso se encuentra en la fase inicial de investigación. La fiscalía no informó sobre detenciones, medidas cautelares ni acusaciones formales, y se limitó a confirmar la identidad del sospechoso y la naturaleza del delito investigado.
El expediente se ha basado hasta el momento en mensajes digitales, una fotografía e información proporcionada por una fuente confidencial al DIS, elementos que deben ser analizados por el Ministerio Público y el OIJ para determinar su autenticidad, contexto y valor probatorio.