Marcela Villalobos para
(San Carlos). Las instituciones que participaron en el desalojo de 73 familias en Chorreras de Cutris, catalogado por el Estado como asentamiento ilegal, explicaron los fundamentos legales, ambientales y administrativos que motivaron la intervención.
El operativo, que se realizó fuera del plazo otorgado por el Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, forma parte de una orden judicial para la recuperación de terrenos ubicados dentro de la Reserva Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo Norte.
Según información del Área de Conservación Arenal Huetar Norte (ACAHN) y el Municipio de San Carlos, la orden surge de la causa judicial 25-000857-0306-PE y la Resolución No. 967-2025 del Juzgado Penal.
Esta resolución confirmó las órdenes de desalojo previamente emitidas y otorgó un plazo de dos meses, que vence el 22 de noviembre de 2025, para que los ocupantes retiren voluntariamente sus posesiones, estructuras y animales domésticos.
Incluso advirtió que, de conformidad con el artículo 227 del Código Penal, quienes permanezcan en los inmuebles durante el desalojo podrán ser imputados por el delito de usurpación de bienes públicos.
Más de los argumentos contra Chorreras
El gobierno explicó a través del comunicado DECI-374 que la intervención se desarrolló en coordinación entre los ministerios de seguridad pública, ambiente y energía (Minae), salud, el municipio de San Carlos, el poder judicial, la policía profesional migratoria y la dirección de inteligencia y seguridad (DIS).
El operativo contó con protocolos de seguridad para proteger tanto a los funcionarios como a la población de la zona.
Según informes oficiales, en el sitio había 73 estructuras habitadas que fueron construidas sin autorización dentro de un área natural protegida catalogada como de alta fragilidad ambiental.
Para las autoridades, la zona es utilizada como una “puerta ancha” de acceso a la finca Vivoyet donde se concentra la explotación ilegal de Crucitas.
Según datos del Ministerio de Seguridad Pública, este sitio era un punto estratégico para la minería ilegal de oro, el comercio y la trata de personas.
Así como el narcotráfico, la deforestación, la presión sobre la vida silvestre, la contaminación de las fuentes de agua y los movimientos transfronterizos descontrolados.
A través del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), el Minae señaló que el sector tiene un «valor ecológico especial» por su biodiversidad, su papel en la conectividad biológica y la protección de los recursos hídricos.
Situación: allí hubo ocupaciones irregulares
Según la institución, la persistencia de ocupaciones irregulares en Chorreras ha incrementado la degradación del refugio y la vulnerabilidad ambiental del corredor fronterizo.
Previo a la acción, varias instituciones sociales, entre ellas la Defensoría del Pueblo, PANI, Inamu, IMAS, Conapdis y Conapam, contactaron previamente a las familias ocupantes para garantizarles el respeto y protección de los derechos constitucionales.
Sin embargo, la Defensoría del Pueblo advirtió que se enfrentaba a un obstáculo importante: la falta de documentación de un alto porcentaje de las personas que vivían en la zona.
Vivian Medina, representante de la Defensoría del Pueblo en la Comisión Social, explicó que desde agosto diversas instituciones ingresaron a Chorreras para identificar personas, tramitar subsidios y gestionar procesos de documentación.
Sin embargo, enfatizó que «lo más complicado es que mucha de esta población no tiene ningún documento de Costa Rica. Al no tener ningún documento, no están sujetos a subsidios ni a ninguna ayuda gubernamental».
El funcionario confirmó que la Defensoría del Pueblo supervisa el accionar de las instituciones pertinentes y mantiene el apoyo en el proceso. Pero reconoce que las restricciones documentales dejan a muchas familias sin opciones inmediatas de apoyo social.
Un procedimiento judicial con impacto humano
Las autoridades reiteraron que el desalojo responde a una orden judicial firme y que el Estado tiene la obligación de recuperar áreas silvestres protegidas que registren ocupaciones ilegales.
Al mismo tiempo, reconocen que persisten desafíos en materia de apoyo social, especialmente en poblaciones sin identificación oficial.
El gobierno ha insistido en que seguirá realizando acciones de vigilancia y control para evitar nuevas ocupaciones en la frontera norte.
Esto mientras el proyecto de ley 24.717, que propone la creación de un modelo de minería metálica regulada en Cutris, sigue pendiente de avance en la Asamblea Legislativa.