La Comisión Especial que investiga las presuntas irregularidades en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) recibió este martes a ex directivos imputados en el caso Barrenador.
Una comparecencia marcada por ausencias, reservas para responder y acusaciones sobre la forma en que se tramitarían los procesos de nombramiento vinculados a la causa judicial.
Seis exdirectores fueron citados a la comisión, pero sólo tres asistieron a la audiencia. Se trata de Jorge Porras, Jorge Luis Araya y Roberto Quirós.
Quienes comparecieron evitaron responder varias consultas directamente relacionadas con el caso, aduciendo su estado procesal porque el caso se encuentra bajo investigación.
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Ausencias con peso político
Por su parte, no asistieron María Isabel Camareno, Johnny Gómez y Zeirith Rojas.
La presidenta de la comisión, Andrea Álvarez, explicó que Rojas lo justificó porque se encuentra fuera del país y no se pudo contactar a Gómez.
Sin embargo, cuestionó particularmente la ausencia de Camareno, quien actualmente figura como candidato a diputado por el Partido Pueblo Soberano (PPSO).
«Es una pena, porque ella es candidata en este momento y debe dar cuentas a la ciudadanía», dijo Álvarez durante la sesión.
Isabel Camareno, exdirectora imputada en el caso Barrenador, es candidata a diputada por el PPSO. (Foto Alonso Solano/)
Preguntas
Durante la comparecencia, Álvarez y la diputada del Frente Amplio, Rocío Alfaro, centraron parte del intercambio en un acta de junta del 20 de marzo de 2023.
A juicio de los legisladores, están claros posibles mecanismos para recibir aportes de las cooperativas de salud sin que ellas participen directamente en la elaboración de los carteles de contratación.
Álvarez citó un documento advirtiendo que la participación directa de las cooperativas podría destruir un proceso de licitación, lo que llevó a que los insumos se canalizaran a través de la Cámara Costarricense de Salud.
«Me preocupa que se proponga una forma de recibir insumos que, aunque diferente en la forma, en definitiva es la misma en esencia», dijo el legislador al cuestionar a Roberto Quirós sobre el acta.
Los exdirectores que asistieron fueron Roberto Quirós, Jorge Luis Araya y Jorge Porras. (Foto cortesía/Asamblea Legislativa)
«Igual, pero diferente»
Mientras que la diputada Rocío Alfaro fue más tajante al cuestionar el procedimiento descrito en actas oficiales y su relación con el caso Barrenador.
«Si las cooperativas participan en la elaboración del cartel, inmediatamente se destruye. Entonces lo que se propone es reunirse con la Cámara de Salud. Se llama utilizar un tercero para representar a otro», dijo Alfaro.
Según el diputado, este mecanismo habría intentado construir carteles adaptados a intereses específicos, para evitar la ilegalidad formal.
«No se considera el concepto de salud, se considera cómo cambiar el cartel sin que caiga en la ilegalidad», agregó.
Defensa
Ante las acusaciones, Roberto Quirós negó que actuara como gestor de intereses privados y aseguró que su rol se limitó a recibir propuestas sectoriales canalizadas por la Cámara de Salud, como representante del sector empresarial ante la junta.
«No representamos intereses privados, representamos sectores. Las propuestas vinieron de la Cámara de Salud, no de las cooperativas», dijo Quirós.
También indicó que entregará a la comisión el informe de auditoría interna AS-Salud 0064-2023, el cual, según dijo, contiene detalles:
«Cuales propuestas fueron aceptadas, rechazadas o modificadas por la dirección correspondiente, sin intervención posterior del directorio.»
Audiencia del caso Barrenador del 27 de septiembre de 2024. (Foto Tomás Gómez/)
Conéctate con las decisiones
Sin embargo, Alfaro insistió en que el procedimiento descrito en el acta de 2023 precede directamente a las decisiones tomadas en 2024.
Año en el que se elaboró un nuevo estudio de razonabilidad de precios, vinculado al caso Borrenador.
Según el diputado, este estudio se puso en marcha luego de que la presidencia ejecutiva, Marta Esquivel y parte de la directiva rechazaran un análisis previo.
“Terminó siendo hecho a medida, hecho que también quedó registrado en el acta y es parte de las investigaciones actuales”, cuestionó el diputado.
La comisión legislativa continuará con las comparecencias, se estima que para el 7 de febrero deberán tener listos los informes.
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