La Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) informó este lunes que recibió solo 25 ofertas en la subasta para las frecuencias de radio y televisión.
Se trata de 17 frecuencias para radio FM a nivel nacional, 3 frecuencias FM a nivel regional, 1 frecuencia nacional para AM y 4 canales de televisión de alcance nacional.
No se registran solicitudes para canales de televisión regionales.
En la lista de interesados está Repretel que busca dejarse dos canales de televisión. Además, Central de Radio (parte del mismo grupo) presentó ofertas por 7 emisoras FM.
Teletica oferta por un canal de televisión nacional y dos radioemisoras, mientras Extra Net (grupo Extra) un canal nacional y una frecuencia FM.
Por su parte, el Consorcio Multimedios-Grupo Latino de Radiodifusión pretende adjudicarse dos frecuencias FM.
Otras empresas que buscan emisoras FM con cobertura nacional son:
- Asociación Internacional Pasión por las Almas
- Faro del Caribe
- Iglesia Adventista
- Radio María
- Consorcio BBN-AM (Frecuencia en AM)
- Asociación Misión Carismática de Cartago
Las solicitud para frecuencias de radio regionales son:
Las 11:59 p.m. del 21 de noviembre fue el límite que se estableció que para las empresas de radio y televisión hicieran entrega de las ofertas que les permita participar del nuevo proceso de concesión ordenado por el Gobierno y diseñado por la Sutel para el uso del espectro, que es público pero para uso privado.
En la lista están aquellas que cumplieron a tiempo con la presentación de la oferta.
En análisis y fondos
Las ofertas permanecen en verificación de requisitos de admisibilidad. Esta fase tiene un plazo de 20 días hábiles.
La Sutel proyecta una recaudación preliminar superior a $9,8 millones, equivalente a unos ₡4.900 millones, previo a la etapa de subasta.
Los montos individuales se mantendrán confidenciales hasta la fase de puja, cuando cada oferente podrá mejorar su propuesta.
La totalidad de los fondos recaudados se trasladará al Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel). Estos recursos financiarán proyectos de internet y telefonía en zonas rurales, costeras y fronterizas, así como en comunidades en condición de vulnerabilidad.
“Con la presentación de las ofertas se cumple una etapa más del procedimiento concursal. El proceso avanza con reglas claras, transparencia y seguridad jurídica para los futuros concesionarios”, afirmó Federico Chacón Loaiza, presidente del Consejo Directivo de Sutel.
La advertencia que se hizo realidad
Con anterioridad, medios regionales habían externado a sus preocupaciones por los altos precios que se definieron como base para la subasta.
En octubre anterior, este medio conversó con representantes de los medios TV Sur en Pérez Zeledón, Radio Casino de Limón, TVN Canal 14 de San Carlos y el medio católico nacional Telefides. Todos expresaron su inquietud por el impacto negativo que la subasta podría tener en su operación y en la cobertura de comunidades locales.
Incluso temían desde ese momento salir del aire y no poder operar más.
Las cámaras empresariales del sector confirmaron muchas medios religiosos, culturales y pymes quedaron por los precios base establecidos, que califican como “exorbitantes e inalcanzables”.
Algunos de los medios que confirmaron su no participación en la subasta son: Radio Sinfonola, Radio Columbia, Radio Casino de Limón y Musical. En cuanto a televisoras, Telefides, Canal 14 de San Carlos, OPA y TV Sur en Pérez Zeledón, se unen a la lista.
La Cámara Nacional de Radio (Camara) estima el total en unas 60 radioemisoras que operan en la actualidad, pero que no optan por una renovación.
Saray Amador, de la Cámara Nacional de Radio y Televisión (Canartel), aclaró que la mayoría de medios televisivos operan en cableras, Internet y redes sociales. Al no optar por una frecuencia, el impacto recae en la audiencia de los hogares con menos recursos económicos, que depende de la señal por aire.
“Nuestro preocupación es que, precisamente, la señal al aire es la que ve la gente más humilde de este país, la gente de menos recursos. Eso es lo que nos preocupa más, porque lo nuestro ya tiene que ver más con un tema de servicio social”, dijo la vocera de Canartel y Telefides.
Las cámaras empresariales que agrupan al sector de telecomunicaciones y medios de información acudieron a la vía judicial y esperan las resoluciones que puedan surgir en el Tribunal Contencioso en contra de la subasta.
“Solos los grandes”
La semana pasada, a pocas horas de cerrar el plazo, la presidenta de la Cámara Nacional de Radio y Televisión (Canartel), Saray Amador, adelantó que algunos de los medios que quedan por fuera suman varias décadas en servicio.
“Los únicos que podrán quedarse con las frecuencias serán los más fuertes económicamente hablando”, declaró ante consulta de este medio.
“Si el presidente (Rodrigo Chaves) deseaba acabar con los medios fuertes, más bien los está fortaleciendo. Las pymes, culturales, regionales y espirituales quedamos fuera”, recalcó.
Instalaciones de Repretel canal 6 en La Uruca. (Foto )
Entre los grupos que sí entraron a la puja está Grupo Repretel —canales 2, 4, 6, 11 y las emisoras de Central de Radios— , que confirmó su participación por mantener las frecuencias, sin revelar los montos propuestos.
“Nuestra decisión de participar en este proceso se basa en un compromiso de largo plazo con Costa Rica y con el fortalecimiento de la televisión y la radio abierta como servicios esenciales para la información, el entretenimiento y la cohesión social”, dijo Carlos Hernández, director general de Repretel, en un comunicado.
Logo de canal 7 en las instalaciones de La Sabana. (Foto: )
Teletica canal 7 también confirmó su oferta el pasado viernes.
“Televisora de Costa Rica continuará participando en este proceso con transparencia y total apego a la normativa vigente, manteniendo su misión de ofrecer contenidos responsables y de calidad a todos los costarricenses”, expresaron en un comunicado oficial.
El Grupo Extra, que incluye canal 42 y Extra Radio 92.3, también participa por mantener esas frecuencias.
“Se entregó la documentación requerida para el concurso del espectro radioeléctrico, según lo pedido por Sutel”, indicó su CEO Óscar Gutiérrez, en una nota publicada en Diario Extra.
Grupo Extra presentó oferta para mantener frecuencias de canal 42 y Extra Radio. (Foto: archivo / cortesía)
Cuestionamientos por libertad y democracia
Desde hace varias semanas, y con mayor énfasis en las últimas horas, diferentes sectores han cuestionado el resultado de la convocatoria para la subasta y sus posibles efectos en Costa Rica.
Los grupos advierten de un debilitamiento de la libertad de expresión y prensa, además de la concentración de los medios en manos de pocas personas o empresas con alto poder económico.
“¿En manos de quién van a quedar todos esos medios de comunicación, esas frecuencias? (…) Es el país, es la libertad de expresión, el derecho a la información de multiplicidad de voces, porque yo quiero ver cuántos van a quedar y quiénes”, dijo Saray Amador de Canartel.
También hay preocupación por posibles incursiones de dinero de dudosa procedencia, como el narcotráfico y el lavado, en la industria, debido a los altos montos requeridos para participar.
A esas voces se unió la semana pasada el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR). El ente pidió dejar sin efecto el concurso por subasta.
“No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”, expresó el sector académico.
Por su parte, este fin de semana, el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (Iplex) calificó la subasta como una forma de debilitar el sistema de medios de comunicación en el país. “Sin diversidad no hay democracia: La subasta de frecuencias es un golpe a la libertad de expresión”, expresó un comunicado.
También se pronunció la Conferencia Episcopal. Los obispos de la Iglesia Católica costarricense piden repensar subasta para radio y televisión: “no reduzcamos las frecuencias al mejor postor”.
Desde Casa Presidencial informaron que el presidente Rodrigo Chaves se reunirá con los medios evangélicos y católicos-sin incluir a los otros sectores afectados-para buscar soluciones “a cualquier inquietud legítima que estas puedan tener al respecto”.
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La respuesta desde Zapote llega horas después de que el candidato presidencial y actual diputado de Nueva República, Fabricio Alvarado, alertó sobre el cierre de emisoras de corte cristiano en Costa Rica por los elevados precios para la radiofrecuencia.
“Fijaron precios que van desde los $380 mil hasta los $1,6 millones, estos montos generan un riesgo inminente de apagar las señales. Se apaga una señal y no solo se pierde un espacio de esperanza, de formación humana y de solidaridad, también se pierde la posibilidad de compartir el evangelio y salvar almas”, afirmó Alvarado.
Asimismo, criticó al Gobierno por autodenominarse “conservador” aunque están vacilando al pueblo cristiano.
“No queremos convertirnos en México, donde es prohibido comunicar el evangelio por radio y televisión”, advirtió.
Los montos base
Los montos publicados por la Sutel desde el pasado 25 de setiembre son:
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Sutel explica montos
El Estado otorgó las concesiones de radio y televisión que operan actualmente desde 1954 por la Ley de Radio. Hasta ahora, el país carecía de mecanismos para renovar esos permisos de uso de un bien público como lo es el espectro.
En una respuesta oficial a , la Superintendencia de Telecomunicaciones defendió la metodología utilizada para estimar los precios base del proceso concursal de espectro radioeléctrico para radio y televisión.
La entidad dice que aplicó un modelo de benchmarking que comparó precios pagados en subastas de países como México, Estados Unidos, Perú y Honduras. Luego normalizó esos valores para ajustarlos al año, moneda y condiciones del mercado costarricense.
“Este es un método recomendado cuando no existe información local de referencia”, indicó la Sutel, al explicar que la técnica garantiza transparencia y consistencia internacional.
En el caso de radio, la Sutel utilizó el promedio del 10% de los precios más bajos de la muestra. Posteriormente definió un precio unitario por kHz o MHz y lo multiplicó por el ancho de banda de cada bloque ofrecido en Costa Rica.
La institución aplicó dos factores de descuento para adecuar los montos a la realidad nacional.
La defensa
Primero, calculó el valor del espectro por habitante con base en estimaciones de demanda y no con la población total. Para ello utilizó encuestas del INEC y la Universidad de Costa Rica.
Segundo, tomó como referencia el precio de la región central para las concesiones nacionales, al reconocer que allí se concentra la mayor demanda y que ese valor es menor al de otras zonas.
“Aplicamos descuentos para reflejar condiciones reales de mercado y evitar distorsiones en los precios”, añadió la Sutel.
También afirmó que la metodología responde a directrices del Poder Ejecutivo, que exigieron valores basados en mercado, eficiencia y no discriminación.
Además, la entidad ejecutó un análisis de razonabilidad para verificar que los montos fueran coherentes con prácticas internacionales y con la situación del mercado costarricense.
La Sutel recordó que el monto exigido corresponde al derecho de uso de una concesión por 15 años, con posibilidad de prórroga por 10 más, es decir, hasta 25 años.
“Este pago da el derecho de hacer uso y explotar un bien del Estado de manera privada, por lo cual debe reflejar el plazo de la concesión”, señaló la institución.
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Freno del TSE
En medio de estas diferencias entre el Poder Ejecutivo y los medios y el proceso en desarrollo para adjudicar frecuencias, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ordenó al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) no hacer modificaciones en frecuencias de radiodifusión hasta que culmine el proceso electoral.
Para el ente electoral, hacer variaciones o eliminar frecuencias provocaría que varias radioemisoras dejen de operar o que sus condiciones de operación varíen sustancialmente, “lo cual desmejoraría el acceso de las y los electores a información de trascendencia político-electoral”, indicó el TSE.
Las elecciones presidenciales están previstas para febrero de 2026 y, en caso de ser necesario, la segunda ronda se realizaría el domingo 5 de abril de ese mismo año.
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Chaves también ha cuestionado con dureza los cánones que pagan los medios por el uso de las frecuencias. Se trata actualmente de un pago anual de hasta 6.000 colones para radio y 120.000 para televisión.
Esos pagos no se modifican con la subasta ni con las nuevas concesiones que puedan surgir. La discusión está en la Asamblea Legislativa con varios proyectos pendientes.
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