El miércoles 3 de diciembre se llevará a cabo una audiencia preliminar por el asesinato de mujeres de Nadia Peraza, cuyo cuerpo fue encontrado en San Pablo de Heredia en mayo de 2024.
En esta audiencia el Tribunal determinará si las pruebas recabadas por el Ministerio Público son suficientes para enviar el caso a juicio. De ser así, se abrirá la fase de debate oral y público, explicó el abogado de la familia, José Rivera.
Continúa el proceso penal contra Jeremy Buzano Paisano, identificado como sospechoso y pareja sentimental de la víctima.
La representación legal de la familia solicita que Buzano enfrente un total de 21 delitos graves, desglosados de la siguiente manera:
- 1 cargo de feminicidio
- 11 cargos de Estafa informática
- 8 cargos de Robo de identidad
- 1 cargo de Robo de propiedad
Luego de la desaparición de Peraza, el sospechoso supuestamente usó el teléfono de la joven para enviarle mensajes haciéndose pasar por ella.
La audiencia está prevista para las 08:30 horas en el Juzgado Penal de Heredia.
Rivera indicó que el denunciante continúa vigilando el cumplimiento del debido proceso y buscando justicia en un caso que ha causado un amplio revuelo a nivel nacional.
Se intentó contactar a Francisco Herrera, abogado de Buzano Paisano, pero no fue posible obtener respuesta al momento de escribir esta nota.
Sobre la calificación forense
Según Rivera, un informe técnico del OIJ describe acciones atribuidas al sospechoso relacionadas con la manipulación del cadáver, las cuales serán comentadas como parte del peritaje. Por la naturaleza del caso, estas valoraciones serán analizadas en el tribunal.
En términos científicos, el concepto al que se refiere ese informe se encuadra dentro del estudio de las conductas extremas asociadas a la violencia severa, conocida como antropofagia en el ámbito clínico y forense.
Peraza fue visto por última vez el 20 de febrero en San Rafael de Heredia. Su desaparición fue denunciada ante el OIJ el 1 de marzo y las conclusiones se realizaron el 17 de mayo como parte de las investigaciones sobre su ausencia.
El perito actuarial matemático Luis Rodríguez elaboró un informe sobre la compensación final de contrapartida. El documento estima ¢144 millones por muerte y ¢125 millones por daño moral.
El caso se tramita bajo el número de expediente 24-001572-0059-PE.
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