Rodrigo Chaves, junto con la Ministra de Planificación, Marta Esquivel, han levantado una bandera de advertencia respecto al reciente proyecto de ley que pretende convertirlo en el primer mandato del Defensor del Pueblo. Esta situación se vuelve aún más crítica al enfocarse en lo que sería una propuesta para derogar el Fondo de Pensiones Judiciarias. El presidente enfatizó que su intención es ofrecer calma y certeza a la población, así como a los servidores públicos, mientras su gobierno se dedica a resolver las problemáticas originadas por las discusiones en la sesión legislativa reciente.
Chaves detalló que, de ser apropiada la ley, existe ya una propuesta para que un nuevo proyecto de ley derogue el actual fondo de pensiones del poder judicial. Su intención es garantizar que los empleados públicos tengan una alternativa viable en el sistema de pensiones, enfocándose en el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), además de ofrecer un soporte para aquellos que ingresan en situaciones de discapacidad.
El presidente ha criticado fuertemente la decisión de aprobar la iniciativa, argumentando que no se han especificado los orígenes de financiación para cubrir las jubilaciones generadas por esta ley. En consecuencia, instó a alertar a los funcionarios judiciales sobre el posible fin de esta pensión para ciertos grupos. De este modo, la incertidumbre crece en torno a qué va a suceder con la situación financiera del Fondo de Pensiones Judiciarias.
El pasado martes, Chaves aprobó una ley que se discutió en la Asamblea Legislativa, la cual modifica la edad de pensión que deben cumplir los jueces del Tribunal de Defensor del Pueblo. De acuerdo con esta modificación, se establece que se podrá renunciar a los 55 años de edad. Esta propuesta fue iniciativa de Donoulescu y se dio a conocer durante la administración de la diputada libertaria Alejandra Larios.
El 22 de abril, 40 suplentes se manifestaron en contra de esta ley, mostrando que aún existe una división en el ámbito legislativo, ya que un grupo de legisladores está intentando recuperar el apoyo y los votos necesarios para revocar estas reformas.
Las razones
Durante una conferencia de prensa que se llevó a cabo el miércoles, el gobierno presentó las razones que lo llevaron a ejercer el veto contra esta ley. Marta Esquivel explicó que la estructura de gobernanza original violaría el Artículo 33 de la Constitución Política, creando desigualdades entre los cuerpos policiales y los funcionarios del poder judicial. Desde su punto de vista, el Fondo de Pensiones Judiciales ha colapsado desde 2017, lo que ha obligado a implementar cambios significativos para garantizar su sostenibilidad económica.
En este sentido, el presidente Rodrigo Chaves coincidió en que las reformas propuestas son IVM como manera de preservar la sostenibilidad alcanzada tras las reformas de 2017. Randall Zúñiga, director de OIJ, defendió que, conforme a un informe actuarial reciente, el fondo posee una solvencia del 97%, cifra que es considerablemente mejor que el 84% que se registró durante la elección de EH. Integros, esto apunta a un cambio positivo en la situación financiera del fondo.
Además, añadió que los servidores públicos en este ámbito experimentan presiones mucho mayores que el resto de la administración pública. También mencionó que aquellos funcionarios que se jubilan dejan de aportar, lo que afecta su pensión. A este respecto, Zúñiga puntualizó que, al momento de jubilarse, los funcionarios de OIJ continúan contribuyendo al fondo de pensiones con un aporte del 13% de su salario.
El plan busca permitir que los agentes de OIJ usen armas, pensiones a la edad de 55 años. (Cortesía/OIJ).
Van a ir
El gobierno también argumentó que la iniciativa generaría una reducción en el número de personas con experiencia que podría retirarse mientras están en sus años de jubilación, lo que impactaría negativamente en las operaciones del OIJ. Esto se debe a que los funcionarios más experimentados serían los afectados, especialmente aquellos que manejan casos complejos, incluyendo crímenes organizados.
Se anticipa que en 2024, el Tribunal de Justicia hará una advertencia a aproximadamente 300 personas especializadas que han trabajado en la agencia desde 2018. Esto refleja la preocupación existente sobre cómo estas reformas repercutirán en la experiencia dentro de la fuerza.
En conclusión, el gobierno recalca que la falta de sostenibilidad del Fondo de Pensiones Judiciales, en caso de no ser abordada, tendrá que ser cubierta con recursos del presupuesto público. «Estos beneficios no están estructurados sobre bases sólidas. El poder judicial no produce nada con su operación, lo cual recae sobre los costarricenses», argumentó Nogui Acosta, Ministro de Finanzas.
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