«Muy sí». En un momento decisivo, el presidente Rodrigo Chaves ha expresado su intención de vetar un polémico proyecto de ley que tiene como objetivo permitir que los agentes del Instituto de Investigación Judicial (OIJ) se jubilen a los 55 años. Esta propuesta ha generado un intenso debate sobre la viabilidad de otorgar pensiones anticipadas a este grupo de profesionales.
La iniciativa fue presentada por el diputado independiente Dragos Dolanescu durante el período legislativo 2018-2022 y ha sido recientemente impulsada nuevamente por la legisladora Verdiblanca Alejandra Larios en la actual administración. Este proyecto de ley tiene una identificación oficial de documento 22,817, y recibió un importante respaldo legislativo al ser aprobado el pasado lunes con el apoyo de 32 diputados.
Chaves ha justificado su posible veto al argumentar que la implementación de este tipo de pensiones anticipadas podría perjudicar la posibilidad de una jubilación digna para otros servidores públicos. En sus declaraciones, hizo un esfuerzo por comparar la naturaleza del trabajo de los agentes del OIJ con la de los oficiales de policía, subrayando los desafíos y peligros inherentes a su labor.
En una conferencia de prensa, Chaves mencionó las difíciles condiciones que enfrentan los agentes de seguridad, describiendo cómo «sufren situaciones peligrosas que implican, por ejemplo, llevar equipamiento pesado en terrenos difíciles». Aludió a la trágica historia de Maynor Martínez, un oficial fronterizo que perdió la vida en el cumplimiento de su deber, para enfatizar la complejidad del trabajo en este sector.
El presidente también destacó la relación entre los partidos políticos y el contexto judicial, haciendo especial hincapié en la figura del presidente del Parlamento, Rodrigo Arias, quien fue señalado por su papel en la creación de un clima legislativo que permitiría cambios como este. Por otro lado, Nogui Acosta, Ministro de Finanzas, advirtió que el Comité de Pensiones del Poder Judicial enfrenta una necesidad financiera significativa de ¢ 804,000 millones.
Acosta subrayó que decisiones impuestas en el ámbito legislativo como esta tienen un impacto potencialmente negativo en la economía del país. «Toda decisión que se toma en esta dirección solo abre mayores déficits, lo que podría trasladar el peso a toda la población, ya que esos costos adicionales los terminarán pagando todos», argumentó el jefe del Tesoro.
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El plan
El proyecto de ley tiene como propósito asegurar que los agentes de OIJ puedan acceder a una jubilación que equivalga al 82% del promedio de sus últimos 240 salarios mensuales. Este cálculo sería ajustado según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y se llevaría a cabo dentro de las mismas condiciones que se aplican al servicio público.
Adicionalmente, la propuesta aborda los artículos 226 que detallan el procedimiento para acceder a la jubilación anticipada, en caso de no cumplirse con ciertos requisitos de antigüedad en el servicio.
El texto legal establece lo siguiente:
«Si el retiro ocurre cuando el servidor ha alcanzado el requisito de edad o ha acumulado suficientes años de servicio, pero no cumple con los treinta años necesarios, la jubilación se calculará de acuerdo a los años servidos.
El documento especifica que para ajustar la pensión, el promedio mencionado se multiplicará por la cantidad de años que el agente ha estado en servicio y el resultado se dividirá entre treinta años. De esta manera, se definirá el monto de la jubilación que le corresponde.
El 8 de abril se llevará a cabo otra discusión sobre este proyecto de ley. Una vez que haya sido presentado al despacho presidencial, Chaves tendrá un plazo de diez días hábiles para vetarlo, lo que podría llevarlo nuevamente a la sesión legislativa. En caso de que el veto se manifieste, se necesitarían al menos 38 votos para anularlo y convertirlo en ley, lo que, de no ocurrir, significaría el archivo del proyecto.
Chaves comparó a los agentes OIJ con la policía, como la razón del veto. (Archivo/el observador).
Comentario adicional: los agentes dieron el primer debate sobre el proyecto de ley que permitiría a los agentes del OIJ recibir una pensión a los 55 años de edad