El lunes, los representantes del Ministerio de Seguridad comparecieron ante la Comisión de Alajaela, que se reúne en la Asamblea Legislativa, con el objetivo de analizar la preocupante situación en el crucifijo de Curris de San Carlos. Durante la sesión, se discutió en profundidad sobre los proyectos de ley que buscan regular la extracción y el procesamiento de oro en esa área, un tema que ha generado considerable preocupación debido a los riesgos asociados con la actividad minera ilegal.
El ministro Mario Zamora presentó una serie de evidencias sobre los esfuerzos del gobierno en la lucha contra la minería ilegal. Resaltó que al inicio de las operaciones en el área, los llamados Coligalleros comenzaban sus actividades extrayendo oro de manera ilegal. Sin embargo, con el tiempo, se ha observado una creciente interferencia del crimen organizado, lo que ha complicado aún más la situación.
“Hemos detectado indicios de que grupos organizados están involucrados en estas actividades, y han demostrado un nivel de profesionalismo alarmante en la extracción de oro. A través de nuestras investigaciones, hemos encontrado casi 14 metros de túneles subterráneos que llevan hasta el centro de la ciudad; esto indica que estos grupos delictivos están bien informados sobre los puntos estratégicos donde se puede encontrar el oro”, advirtió el comandante encargado durante su intervención.
“Estamos tratando con una mafia organizada que se beneficia enormemente de la situación, especialmente considerando que los precios del oro han alcanzado niveles récord”, añadió.
Este caso fue respaldado por Marlon Cubillo, el director del público, quien también estuvo presente para informar sobre la situación. “La situación en el área de Crucitas es crítica y está relacionada directamente con el crimen organizado. Hemos tenido información de que uno de los líderes de estas actividades ilegales se había acercado a una localidad vecina para llevar a cabo intervenciones”, compartió Cubillo.
Las autoridades anunciaron que estos grupos criminales extraen recursos del área de Crucitas y trasladan el material a diferentes lugares para su posterior procesamiento, lo que dificulta las labores de arresto, ya que se carece de evidencia concreta de los delitos cometidos. “En la actualidad, el ejercicio de estas actividades es evidente, pero la dificultad radica en la falta de una declaración clara de crímenes que podamos utilizar como base para las detenciones”, explicó Zamora.
Además, el funcionario agregó que “fuera de la supervisión pública, ya hemos logrado identificar la ruta de transporte de estos materiales; es decir, hemos podido seguir el rastro de la tierra con contenido de oro en varias regiones del país”, continuó el ministro, quien subrayó que estos son aspectos críticos que se están evaluando en este momento para abordar la situación de manera más eficaz.
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Mario Zamora, en la Comisión de Alajaela, en la Asamblea Legislativa, discutiendo sobre la conducta de la minería en Crucitas. (Asamblea Legislativa)
Solicitar recursos
Según la información proporcionada por el Ministerio de Seguridad, el costo de monitorear y resguardar la zona de CUTRIS en San Carlos podría oscilar entre 30 y 40 millones de colones, destacando así la necesidad urgente de recursos adicionales. Actualmente, se encuentra un grupo de 40 a 50 oficiales dedicados a la supervisión constante de la área, pero ha sido evidente que carecen de la infraestructura necesaria para cumplir con las demandas básicas de seguridad y control。
Ante esta situación, el ministerio presentó una solicitud formal a los suplentes para que consideren la inclusión de recursos financieros dentro del proyecto de ley destinado a fortalecer la presencia de fuerzas del orden en la región norte, con énfasis en el área de Crucitas. El objetivo primordial de esta iniciativa es establecer una delegación que pueda abordar efectivamente los desafíos presentados por la minería y el crimen organizado en la región.
“Creemos que es fundamental establecer una estrategia de recaudación de fondos que, en combinación con el proyecto de producción de oro, permita recibir el financiamiento necesario para desarrollar estas actividades dentro del marco de seguridad que se requiere,” explicó Erick Lacayo, Secretario de Estado. Enfatizó una vez más la importancia de prevenir la minería ilegal y mantener la seguridad en la región.
Finalmente, el ministro Mario Zamora hizo un llamado urgente a la legislatura para que apruebe el proyecto lo antes posible, ya que considera que es crucial para proteger no solo el recurso natural, sino también la seguridad de la comunidad y la integridad del entorno en la región de Crucitas.
“Hago un llamado firme a los miembros de la legislatura para la rápida aprobación del proyecto”, concluyó la jerarquía, resaltando el sentido de urgencia que tienen respecto a esta problemática.