WASHINGTON, 10 de abril (Elmundo.CR) – En un movimiento que ha despertado numerosas reacciones en el ámbito migratorio, la administración de Donald Trump se prepara para implementar una severa sanción económica contra los migrantes que, a pesar de haber recibido una orden de deportación, decidan no abandonar los Estados Unidos. Esta medida contempla una multa diaria que alcanzará casi los mil dólares, específicamente $998, por cada día que un migrante permanezca en el país después de la fecha de deportación estipulada.
Esta estrategia del gobierno, dirigida principalmente a los aproximadamente 1.4 millones de migrantes cuya expulsión ha sido ordenada bajo la actual legislación de inmigración, podría tener un impacto financiero devastador. Las multas podrían acumularse por un período de hasta cinco años, lo que podría resultar en sanciones que superen el millón de dólares, convirtiendo la situación legal de estos migrantes en un desafío no solo emocional, sino también económico.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ya ha comenzado a dar a conocer esta nueva política de sanciones, advirtiendo a los migrantes sobre las implicaciones de sus decisiones a través de publicaciones en redes sociales. En un comunicado difundido a finales del mes pasado, el DHS instó a los migrantes a utilizar la aplicación CBP Home, que anteriormente era conocida como CBP One durante la administración de Joe Biden, pero que ha sido actualizada para incluir nuevas funcionalidades. Esta aplicación permite a los usuarios proporcionar su información personal a las autoridades de inmigración, lo que se percibe por algunos como una forma de autorreportarse y, potencialmente, evitar sanciones futuras.
Según un artículo del Post publicado el 31 de marzo, la utilización de la opción disponible en CBP Home permite a los migrantes indocumentados la posibilidad de abandonar voluntariamente el país y auto-transportarse. Sin embargo, la advertencia es clara: aquellos que elijan no hacerlo podrían enfrentar consecuencias severas, incluyendo deportaciones y la imposición de multas diarias sustanciales. Además, la normativa establece que los migrantes que no cumplan con las obligaciones impuestas podrían enfrentar sanciones adicionales que oscilan entre $1,000 y $1,500 por no salir cuando se les ordena.
La base legal para estas sanciones se encuentra en una legislación de 1996, que Trump ya había utilizado durante su primer mandato. Esta normativa, integrada en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, estipula que cada extranjero sujeto a una orden de desalojo final que no cumpla con ella, deberá pagar una multa civil que puede llegar hasta $500 por cada día que se encuentre en el país de forma irregular.
Sin embargo, a pesar del anuncio de esta política gravosa, permanece en el aire la cuestión de cuándo exactamente el gobierno de los Estados Unidos comenzará a hacer efectivas estas multas. De acuerdo con un memorando revisado por Reuters, se señala que el CBP podría enfrentar dificultades logísticas para administrar estas sanciones y llevar a cabo las incautaciones relacionadas. Estiman que la agencia necesitaría contratar al menos 1,000 nuevos especialistas para manejar la implementación de esta política, lo cual es más de tres veces el personal que actualmente poseen.