Tras varias décadas repletas de escándalos y controversias, el Sodalicio de la Vida Cristiana ha alcanzado un punto crítico que culminó con una decisión emanada del Vaticano durante el pasado fin de semana. Este evento marca el inicio de un proceso de desmantelamiento de la organización, lo que incluye la disolución de sus operaciones en Costa Rica, donde ha tenido una presencia establecida durante más de tres décadas.
Es importante mencionar que, en este contexto, la Iglesia Católica local no busca afianzar ningún tipo de poder sobre el asunto. El patriarca de San José, en una consulta realizada por este medio, destacó: «Esta experiencia es de carácter sagrado y se encuentra por encima de la autoridad de los obispos, y es responsabilidad del Santo Padre». Estas declaraciones subrayan la naturaleza trascendental de la situación y su vínculo directo con el papado.
Además, se dejó claro que la implementación de esta disolución se está llevando a cabo en consonancia con las directrices del Dicasterio de la Doctrina de la Fe, específicamente bajo la supervisión del sacerdote Jordi Bertomeu, quien tiene la tarea de ofrecer las instrucciones necesarias para llevar a cabo la descomposición de Sodalicio en todos los países donde tenga presencia.
Detrás de esta decisión global, hay una acumulación de años de presuntas conductas irregulares que han emergido desde las instancias más elevadas de la organización.
¿Qué hicieron en Costa Rica?
De acuerdo con los datos proporcionados en su sitio web oficial, el Sodalicio ha tenido un enlace significativo con Costa Rica que se remonta a más de 30 años. Es notable que, antes de la llegada formal del Sodalicio, el Movimiento de Vida Cristiana fue fundado en San José en 1993, y desde entonces, los miembros del Sodalicio han acompañado este movimiento a través de varios grupos, incluyendo grupos marianos y otros relacionados.
La formalización de su presencia en el país ocurrió en 2005, bajo la jurisdicción de la Arquidiócesis de San José. En un contexto más amplio, se ha informado que los Sodálites no solo participan en actividades religiosas, sino que también fomentan una serie de iniciativas de solidaridad y contribuyen al desarrollo de la Universidad John Pablo II. Esta institución educativa, sin embargo, ha aclarado que actúa de manera independiente y que su consejo directivo es autónomo del Sodalicio.
Declarado contra el sacerdote
En un evento significativo que tuvo lugar en septiembre de 2019, El observador reportó que uno de los miembros fundadores del Sodalicio estaba siendo investigado por presunto abuso sexual en Costa Rica. Este incidente se produjo en medio de informes de que la Iglesia Católica estaba manejando una lista que contenía hasta 40 casos de curaciones investigadas, entre los cuales se encontraba el nombre de este sacerdote peruano.
En un comunicado emitido el 23 de septiembre de 2019, el Sodalicio confirmó que se estaba llevando a cabo una investigación en respuesta a información proporcionada por el Tribunal Eclesiástico Provincial de Costa Rica, que incluía el testimonio de un supuesto abuso ocurrido 11 años antes. Sin embargo, el 10 de febrero de 2020, el arzobispo de San José, José Rafael Quirós, desestimó la queja por considerar que no había suficientes fundamentos para apoyarla y decidió archivarla.
Sodalicio se reconoció a sí mismo abusando de los pasos
La historia del Sodalicio se origina en Perú, donde fue fundado en 1971 por el sacerdote Luis Fernando Figari. Este líder ha sido fundamental en el desarrollo del grupo, particularmente cuando la propia organización admitió que él y otros miembros de alto rango habrían perpetuado abusos psicológicos, físicos y sexuales tanto contra menores como contra adultos.
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El 14 de febrero de 2017, el Sodalicio publicó un informe contundente que documentaba los abusos cometidos por Figari y otros, lo que resultó en sanciones emanadas del Vaticano hacia la jerarquía de la organización. El informe destacaba que Figari había abusado de su posición de liderazgo para ejercer un control autoritario sobre los miembros del Sodalicio, dejando a muchos con la creencia de que sus directrices eran instrucciones divinas.
Esto creó un ambiente propicio para que pudieran llevarse a cabo abusos contra los aspirantes a formar parte de la organización.
El último día del Sodalicio
En enero de 2018, el Papa Francisco decidió intervenir directamente, dado el «nivel de gravedad» de las denuncias. Desde 2017, la fiscalía peruana había estado investigando los hechos y solicitando condenas de prisión para Figari y otros miembros del Sodalicio. Este asunto escaló incluso más cuando, el 20 de enero de este año, el Papa Francisco firmó una orden de disolución de la organización.
Por otro lado, la decisión de descomposición fue oficialmente firmada por el Sr. Simona Brambilla, el prefecto del Dicasterio correspondiente, y como parte del acuerdo, se nombró a Jordi Bertomeu Farnós como liquidador de la organización.
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Finalmente, en una declaración que resonó en varios sectores, el Sodalicio se dirigió a las víctimas, reiterando su sincera disculpa por el abuso y el daño infligido dentro de su comunidad. También expresaron su pesar a toda la Iglesia y a la sociedad por el sufrimiento causado.