El Ministro de Finanzas, Nogui Acosta, anunció que no convertirá el aumento del 2% en el Fondo de Educación Superior (FES) especial, que ha sido aprobada por los Delegados, y que se llevará a cabo en 2025. Este anuncio ha causado un gran revuelo entre las instituciones afectadas, que esperaban que esta decisión proporcionara un impulso necesario a la educación superior en el país.
Los recursos destinados a este fondo fueron aprobados mediante una Motion en el Comité de Asuntos de Maestros, lo que significa que se integran al presupuesto ordinario de la República que fue realizado a lo largo de este año. Este proceso tiene implicaciones directas no solo para las universidades, sino también para el sistema educativo en su conjunto.
«El presupuesto de la República es una autorización de costos», señaló Acosta, enfatizando la importancia de que los recursos se utilicen de manera responsable. También destacó que los fondos adicionales proporcionados, además del presupuesto original enviado por el poder ejecutivo, deben ser gestionados de forma que no comprometan la estabilidad financiera de las universidades, especialmente en un contexto económico donde las tasas de interés están comenzando a subir.
Además, Acosta manifestó su preocupación de que el 2%, equivalente a ¢ 11.521 millones, solo podría ser emitido para el FES y no destinarse a la reducción del pago de intereses en la deuda pública. Esta restricción sugiere que el gobierno tiene que navegar cuidadosamente entre diversos presupuestos y necesidades fiscales.
«La preocupación que tenemos va más allá de la sostenibilidad de las universidades, va más allá del mismo presupuesto. Así es como nuestros costarricenses aseguran una estabilidad. No continuaremos tomando prestado más para mantener gollerías en algunos casos», indicó Acosta en una conferencia de prensa realizada posterior a la sesión semanal del gobierno, subrayando la necesidad de un enfoque más responsable y sostenible en el manejo de los fondos públicos.
El ministro de Finanzas, Acosta, dijo que no haría la transferencia. (Considerando/hogar presidencial).
2%
El 17 de octubre, se completó la votación que permitió la implementación del 2% de las tarifas. Este acuerdo constituye un hito en el desarrollo de políticas educativas en el país.
Mediante un compromiso concertado entre los delegados de los Partidos de Liberación Nacional (PLN), la Unidad Social Cristiana (PUSC), y el Frente Amplio, se logró este resultado. Este consenso político fue crucial, dada la situación actual del presupuesto educativo.
Inicialmente, se había presentado una propuesta de Eli Feinzaig que contemplaba un aumento del 0.8%, pero esta enmienda fue desestimada posteriormente tras una revisión a fondo del contexto financiero y las necesidades educativas. Este proceso legislativo destaca cómo la dinámica política puede influir en las decisiones presupuestarias.
Las contribuciones de figuras como Carlos Felipe García y Alejandro Pacheco del PUSB en este debate fueron determinantes para lograr estos cambios significativos.
Cabe mencionar, también, que el presidente de la república, Rodrigo Chaves, ha recibido elogios y críticas por su papel en este proceso, y ha señalado continuamente la importancia de contar con el apoyo necesario para la educación de los jóvenes del país.
A la luz de estos acontecimientos, los rectores de las universidades públicas optaron por renunciar a ciertas negociaciones, considerando que la falta de recursos adecuados podría perjudicar gravemente la calidad de la educación superior.
La asignación de fondos es complementaria a los 576,000 millones que ya habían sido presupuestados en el plan de emisión para 2025. Este año, 2024 representó un punto de inflexión, considerando que era la primera vez que la Asamblea Legislativa asumía un papel tan activo en determinar el aumento de las tarifas, lo que demuestra un cambio en la relación entre el gobierno y las instituciones educativas en Costa Rica.