La oficial adjunta del fallo, Pilar Cisneros, se mostró visiblemente molesta tras conocer que «la reforma constitucional se propuso con el propósito de permitir un referéndum así como la eliminación de pensiones, especialmente aquellas que se consideran un «lujo» en nuestro contexto». Su indignación representa un sentimiento creciente entre algunos sectores, quienes creen que estos beneficios son excesivos.
La controversia se centra en la reciente propuesta de reforma del artículo 105 de la Constitución política. Conocida como el «Deceto», la reforma buscaba facultar a los ciudadanos para que decidieran si deseaban o no eliminar estas pensiones controversiales mediante un referéndum. Sin embargo, el camino para la implementación de esta medida se tornó complicado.
Pese a que muchos esperaban avances significativos, Observador reportó que la propuesta se enfrentó a una negativa bastante contundente que, hasta el momento, ha impedido que el proyecto continúe su curso dentro del proceso legislativo.
El miércoles pasado, se celebró la tercera lectura del documento que había sido completado tras varias sesiones de debate, junto con la votación sobre la iniciativa. Desafortunadamente, la propuesta solo logró reunir 16 votos a favor, mientras que se registraron 25 en contra, lo que resultó en la muerte del proyecto en su fase inicial.
El presidente interino del Parlamento, Carlos Felipe García, quien también ocupa el cargo de secretario de la Legislatura, se dirigió a los presentes en la sala, declarando “La lista va al archivo”. Este comentario fue crucial, ya que indicaba la terminación de las aspiraciones de la reforma propuesta.
Durante la votación, se evidenció una clara división política: apoyaron la iniciativa los partidos Pusc y la Nueva República, mientras que el PLN, el Frente Amplio, el PLP y varios suplentes independientes votaron en bloque en contra.
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Cisneros, jefe del partido gobernante, durante una sesión legislativa. Ella fue la responsable de presentar reformas constitucionales destinadas a posibilitar un referéndum sobre estas pensiones problemáticas. (Archivo / Asamblea Legislativa)
Un monto millonario
Para Cisneros, la negativa a tramitar la reforma constitucional significa que se está “robando” al país una suma astronómica de 265,000 millones. Según sus palabras, «Si nos atuviésemos a lo que establece la constitución y la ley (donde todos somos iguales ante la ley), entonces no debería existir lo que se conoce como pensiones de lujo. No debería haber ninguna», subrayó la legisladora enérgicamente.
Argumentó que este gasto, de 265 mil millones anuales, representa un verdadero robo de recursos que podrían ser utilizados para resolver temas cruciales como la construcción de carreteras, la mejora de la educación, la seguridad y la entrega de becas, entre otros proyectos de interés nacional. Tras el rechazo al proyecto de reforma, el jueves, durante la discusión de una iniciativa relacionada que busca aumentar el financiamiento para la construcción y reparación de puentes, Cisneros aprovechó la ocasión para enfatizar nuevamente la gravedad de la situación.
Se refirió a la cantidad de dinero que podría ser redirigida, sugiriendo que no tiene sentido mantener sumas tan elevadas para personas que, según ella, no las ganaron durante su vida laboral; además, insistió en que esos fondos deberían ser utilizados para mejorar la infraestructura del país en lugar de sostener pensiones innecesarias e injustas.
Finalmente, la votación fue definitiva, lo que conllevó a que las reformas, muy esperadas y anunciadas en abril de 2023, se desvanecieran en el ámbito legislativo, dejando una sensación de frustración entre sus proponentes y un eco de debate social abierto sobre el tema.