En un giro inesperado de los acontecimientos, en los últimos 15 días, el Consejo de Transporte Público (CTP) ha recibido la devolución de permisos de operación de dos compañías de autobuses. Esta situación ha generado una significativa preocupación dentro del sector del transporte público.
La primera compañía en renunciar a su permiso ha sido la ruta Luján-San José, una de las más conocidas en la región. La segunda es la empresa Cepul, que había estado operando la ruta de San Vito-El Ceibo, en el sur del país, una zona que depende en gran medida del transporte público para la movilidad de sus residentes.
De acuerdo a fuentes de Canatrans, la sala de transporte nacional, hay factores similares que han llevado a ambas empresas a tomar esta drástica decisión, todos ellos vinculados a la creciente amenaza del transporte ilegal. Esta situación ha forzado a las empresas de autobuses a reestructurar sus operaciones y adaptarse a una nueva realidad marcada por una reducción en la frecuencia de los servicios y el abandono de rutas que antes eran rentables.
Silvia Bolaños, presidenta de Canatrans, expresó su profunda preocupación sobre el aumento de servicios de transporte pirata en el contexto actual. Según ella, en conversaciones con el Ministro de Obras Públicas y Transporte, Ephraim Zeledón, se subrayó la necesidad urgente de implementar acciones específicas para frenar el avance del transporte informal, que afecta de manera directa la operatividad de las empresas legales.
Bolaños destacó que la falta de políticas efectivas para regular el acceso y la provisión de servicios especiales está debilitando severamente el sistema de transporte público. Esto pone en riesgo, no solo la viabilidad de las empresas que operan legalmente, sino también la confianza de los usuarios en el sistema, lo que podría llevar a una mayor dependencia de alternativas informales.
A pesar de la evidente crisis, Bolaños reconoció que también hay un escaso recurso humano disponible en la policía de tránsito para abordar estos problemas. «Es evidente que hay un problema de recursos humanos en la policía de tránsito, pero las decisiones deben ser tomadas con urgencia para la reactivación del sector. Es vital que los residentes de las comunidades cuenten con servicios de transporte seguros y confiables», agregó.
En un contexto más amplio, los representantes de Canatrans también hicieron eco de otros desafíos que enfrenta el sector. Estos incluyen la seguridad en las paradas de autobús, el cumplimiento de los horarios de viaje, y la integridad general de los servicios ofrecidos a los usuarios. «Antes de otorgar una nueva autorización para un servicio, se deben llevar a cabo estudios exhaustivos sobre la interferencia de rutas para garantizar que no existan conflictos con otros servicios ya aprobados», comentaron.
Por último, se solicitó una respuesta oficial al Consejo de Transporte Público (CTP) con respecto a esta situación alarmante, pero lamentablemente, no hubo respuesta disponible al cierre de este informe.
Silvia Bolaños, Presidenta de Canatrans. (Grabación de pantalla)