El Tribunal Penal de Finanzas ha realizado un anuncio significativo en relación al juicio del caso que tiene programado para comenzar el lunes; sin embargo, ha optado por congelar el proceso judicial durante un período de 24 horas. Esta decisión ha generado diversas reacciones, sobre todo entre los abogados y los acusados implicados en el caso.
El abogado defensor José Miguel Villalobos, que representa a un grupo de ocho acusados, ha comentado que esta situación se ha complicado debido a que el juicio está en conflicto con otro proceso conocido como el caso Fénix, que pertenece a la jurisdicción del crimen organizado. Esta coincidencia ha levantado preocupaciones sobre la posibilidad de que la defensa no reciba la atención adecuada, lo que a su vez podría influir negativamente en el desarrollo del juicio.
Es importante mencionar que previamente se había planificado modificar el horario de la sesión judicial, cambiando de la mañana a la tarde, es decir, de las 04:00 a las 20:00. Villalobos subrayó que este cambio tenía el potencial de afectar significativamente el proceso judicial. Lamentablemente, la parte acusada no se presentó ante el tribunal en la nueva fecha programada, lo que llevó al tribunal a señalar la necesidad de un período de gracia de 24 horas para justificar su ausencia.
El tribunal ha indicado que si los acusados no logran justificar su falta, podrían verse en la obligación de buscar otro abogado que los represente, o solicitar la asignación de un defensor público para su caso, lo que podría complicar aún más el proceso en cuestión. La siguiente sesión del tribunal está fijada para el día martes a las 5:00 de la tarde, donde se espera dar continuidad a los procedimientos.
Los detalles de la prueba ‘congelada’
En este caso, un total de 14 personas están acusadas, cuyos apellidos incluyen:
- Acosta
- Castillo
- Villalobos
- Barista
- Serrano
- Ramírez
- Bandear
- Soto
- Firmar
- Malla
- Zarzamora
- Méndez
- Morera (mujer)
- Montoya
- Campos
Nota Más: Laura Chinchilla insiste en que volverá a exponer irregularidades: «Hice lo correcto»
El juicio se centra en abordar una serie de supuestos delitos que incluyen conductas ilegales relacionadas con juicios, sobornos, violaciones que afectan al tesoro público, así como casos de corrupción, enriquecimiento ilícito, encubrimiento de bienes y manipulación que compromete la integridad del tesoro público.
Se prevé que durante el debate participen un total de 109 personas que ofrecerán sus testimonios, lo que añade un nivel de complejidad al caso. El tribunal estará compuesto por un panel de jueces, incluyendo a Cinthya Ramírez, Tatiana López y Joshua Artavia, quienes serán los responsables de dirimir sobre las pruebas presentadas y de tomar decisiones en consecuencia.
(Archivo/la foto de observación)
Los hechos de 2012
El conflicto judicial en torno al caso de la ruta se originó en 2012, durante la presidencia de Laura Chinchilla. En sus primeros momentos, el caso se manejaba como un asunto de defensa antes de que se produjera una situación de invasión en Nicaragua, lo que llevó a que el foco del proceso se centrara en cuestiones relacionadas con el manejo del dinero, específicamente la financiación a través del Conavi.
La administración de Chinchilla fue en gran medida responsable de poner al descubierto varias irregularidades y posibles beneficios indebidos que habrían favorecido a algunas empresas constructoras involucradas en la ejecución de proyectos de gran envergadura.
A lo largo del tiempo, la audiencia ha sufrido múltiples retrasos, siendo los más recientes en 2023. Aunque se anunciaron fechas para el inicio del juicio, los problemas de salud de uno de los acusados, quien tuvo un accidente de motocicleta, han resultado en un nuevo ajuste de las fechas, lo que ha incrementado la tensión y los desafíos dentro del proceso judicial.