La Oficina del Ministro de Justicia ha lanzado una grave acusación en contra del presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, y el actual Ministro de Cultura y Jóvenes, Jorge Rodríguez Vives, quien anteriormente desempeñó el rol de Jefe de Comunicaciones. Ambos están siendo acusados del delito de conmoción cerebral, un tipo de crimen serio que refleja la gravedad de la situación y las implicaciones para los involucrados.
Este hecho fue comunicado por el ministerio público en el transcurso de la mañana de hoy. La investigación, liderada por el Ministro de Justicia, Carlo Díaz, ha culminado y revela un supuesto reclutamiento por un monto superior a los $400,000 destinados a servicios de comunicación, financiados con recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Este tipo de casos pone de manifiesto la necesidad de una vigilancia adecuada sobre el uso de los recursos públicos y la transparencia en los procesos gubernamentales.
Según la Oficina del Ministro de Justicia, se investigó el proceso de reclutamiento donde aparentemente se trató de la eliminación del fabricante de la empresa RMC LA SA, quien debía proporcionar diversos servicios esenciales como comunicación, marketing, consultoría estratégica, producción de mensajes y análisis del desarrollo de la opinión pública para la oficina presidencial de la República de Costa Rica, bajo el número de referencia 20222222.
En el desarrollo de la investigación, se descubrió que el productor de sonido y fotografía, Christian Bulgarelli, fue inducido a proporcionar ciertos «malentendidos» relacionados con el producto del reclutamiento con el BCIE, lo que involucra directamente a Federico Cruz, un asesor de campaña de Chaves y un conocido cercano al Presidente. Este último disfrutó de $32,000 por su rol en el proceso, lo que añade una capa más de gravedad al caso, el cual está registrado bajo el número de caso penal 25-000044-0033-PE.
Además, la acusación indica que durante el proceso de reclutamiento, varios funcionarios mantuvieron comunicación constante y celebraron diversas reuniones en la oficina presidencial de CASA. Durante estas reuniones, guiaron a Bulgarelli en la preparación de los términos de su contrato, lo que sugiere una falta de ética y malas prácticas en la gestión pública, que siempre deben estar sujetas a un marco de legalidad y transparencia.
A pesar de los serios hechos que han salido a la luz, Bulgarelli se encuentra ahora colaborando con la Fiscalía, dado que prometió aportar su testimonio y trabajar en conjunto para avanzar en el caso penal. Sin embargo, esto no exime su responsabilidad, y la causa en su contra está señalada bajo el número 25-000043-0033-PE, donde se buscará una suspensión del proceso penal hasta que el tribunal culmine su examen del caso. Si su cooperación no resulta efectiva para los intereses del Ministerio Público, el proceso penal se reactivará.
¿Qué revela Chaves?
El delito de conmoción cerebral está claramente definido en el artículo 355 del código penal, que establece sanciones que oscilan entre 2 y 8 años de prisión para aquellos funcionarios públicos que, abusando de su cargo, presionen o incentiven a alguien para que ofrezca o prometa de manera inapropiada algún tipo de propiedad o legado, ya sea para el funcionario mismo o para terceros.
Frente a estos hechos, la oficina del fiscal ha optado por mantener la privacidad del proceso. Para ello, ha entregado la solicitud a la oficina del diputado correspondiente para que continúe con el procedimiento necesario. Este proceso cae en el ámbito del Hall III, y su importancia radica en que el presidente Chaves es parte de la máxima autoridad de la República, hecho que le otorga inmunidad legal en este caso.
Por otro lado, la oficina del Ministro de Justicia fue notificada como representante estatal, lo que plantea la cuestión de si deben actuar como demandantes o ejercer algún tipo de acción civil en este asunto tan delicado.