En la República Checa, las investigaciones en torno a uno de los principales componentes del escándalo del Hospital Motol han tomado un giro significativo. Este caso gira en torno a las supuestas irregularidades relacionadas con contratos hospitalarios, que han levantado preocupaciones que incluso han cruzado fronteras hacia registros en Costa Rica.
El protagonista de esta situación es Pavel Budinsky, quien se desempeñaba como subdirector del Hospital Motol y que actualmente se encuentra tras las rejas. Informes de y del Portal checo Odkryto -research han salido a la luz, revelando que Budinsky tiene vínculos con cinco sociedades en la República Checa y es propietario de terrenos en Carrillo, Guanacaste, Costa Rica.
Entre los nombres que surgen en esta investigación se encuentra el de Jiri Kovar, un político y empresario que, aunque no está directamente implicado en las acusaciones, tuvo en algún momento relación comercial con el hospital. Kovar comparte sociedades con Budinsky, mostrando su conexión con otros actores que también son propietarios de tierras en la misma área.
Los periodistas de Odkryto lograron establecer contacto con Kovar, quien presentó una defensa inusual acerca del uso de las propiedades. En sus palabras, «Estos terrenos son clasificados como tierras agrícolas y, por lo tanto, no se permite la construcción», subrayando que la clasificación de uso de la tierra es un tema crítico en este escándalo.
A pesar de esas afirmaciones, un análisis superficial mediante Google Earth revela la presencia de varias construcciones, incluidas viviendas y piscinas, en el mismo sitio. Estas contradicciones han suscitado inquietudes, especialmente porque diversas inmobiliarias están ofreciendo propiedades en esta área a través de diferentes plataformas, incluidas sus páginas web y el canal de YouTube.
Del mismo modo, se ha documentado que Budinsky aparece como residente en uno de los desarrollos conocidos como Artola Estates, según un cambio registrado en una de las sociedades publicadas en La Gaceta.
La situación lleva a cuestionar qué realmente ocurre en el lugar. Un notario involucrado en el inicio de este proyecto, quien también se desempeñó como agente residente de varias de las sociedades, se convierte en una pieza clave para entender la problemática. Este notario aseguró que los terrenos agrícolas, que supuestamente son solo aptos para la agricultura, tuvieron un tratamiento diferente en su adquisición y desarrollo anterior.
Cuando fue fácil hacer parcelas agrícolas
A lo largo de los años, el sistema para la creación de parcelas agrícolas ha mostrado una serie de cambios que han facilitado el proceso, permitiendo que muchos extranjeros, incluidos estadounidenses, accedieran a tierras a precios muy competitivos. Según Gerardo Castillo, ingeniero y notario, las pautas eran mucho más laxas en el pasado. «Antes de 2020, si un extranjero adquiría una granja, podía dividirla en múltiples parcelas agrícolas sin mayor complicación;», indicó Castillo, señalando que la situación legal ha cambiado drásticamente desde entonces.
Muchos de esos desarrollos, como Artola Estates, se gestaron bajo una proliferación de normas que permitieron que las propiedades se comercializaran como agrícolas a pesar de la construcción en ellas. Castillo compartió cómo ese proceso de división de tierras era extremadamente simple en comparación con la regulación actual, que ahora depende de criterios más estrictos como la infraestructura existente.
Renuncia como representante
Desde su perspectiva, el experto en leyes mencionó que las acciones iniciales de estos desarrollos estaban más alineadas con la legalidad. Sin embargo, es posible que no existieran acuerdos claros para las personas que obtuvieron las propiedades. «Me parece pertinente aclarar eso; lo que ocurrió es que se generó la figura de residentes dentro del proyecto que empujó la fragmentación y, en consecuencia, la definición actual como vivienda.», dijo el notario.
Se espera que se realicen correcciones de fondo, con renuncias a algunas de las estructuras que fueron creadas. «Es importante resolver estos problemas lo más pronto posible, porque al final, se empieza a perder el interés en lo que se está desarrollando», concluyó.
¿Qué se sabe sobre el caso del Motol?
En el año 2023, las autoridades checas lanzaron una investigación que se centra en un grupo de individuos sospechosos de corrupción vinculada con la adquisición de servicios públicos en el Hospital Universitario de Motol. La Policía Nacional de la República Checa llevó a cabo su intervención, cerrando el mes de febrero con la detención de 22 individuos y realizando 46 registros en diferentes locaciones.
El caso está bajo el análisis del Centro Nacional contra el Crimen Organizado, que busca esclarecer una trama que representa inversiones de aproximadamente 160 millones de euros, todo ello agravado por la participación de fondos provenientes de la Unión Europea.
Un total de 16 personas han sido denunciadas por delitos contables, como corrupción, fraude en subvenciones, y violaciones de los intereses financieros de la Unión Europea. Así lo ha informado tanto la Oficina del Fiscal Europeo (EPPO) como la Policía Checa.