Randall Zúñiga, quien ocupa el cargo de director del Instituto de Investigación Judicial (OIJ), ha reaccionado ante el veto que ha impuesto el Gobierno de la República, el cual se basa en el proyecto de ley diseñado para otorgar a los agentes de pensiones la posibilidad de acceder a sus beneficios a los 55 años, tras haber cumplido 30 años de servicios.
Durante el día de hoy, Marta Esquivel, actual ministra de planificación, junto con Alejandro Barrantes, viceministro del Presidente, se presentaron en la Asamblea Legislativa con el objetivo de formalizar el veto. Para que esta decisión prospere, se requiere un mínimo de 38 votos a favor en el hemiciclo.
Zúñiga destacó que en una discusión previa, el proyecto recibió el respaldo de 40 votos, por lo que mantiene la expectativa de lograr un apoyo similar en esta nueva votación.
«Es esperable que durante el presente periodo se analice el proyecto de ley nuevamente y que, por consiguiente, se mantenga el apoyo que hemos recibido anteriormente por parte de los diputados y diputadas en la Asamblea», manifestó Zúñiga el pasado martes por la noche.
Diferencia
Una de las justificaciones que ha sido presentada por el gobierno sostiene que, en el futuro, las pensiones generadas bajo este esquema podrían desbordar las capacidades del comité de pensiones, haciendo referencia a la insostenibilidad del poder judicial en esta área.
No obstante, Zúñiga respondió a esta afirmación mencionando que se cuenta con un informe actuarial realizado el mes pasado, que indica que el fondo presenta una solvencia del 97%, lo que representa una clara mejoría respecto a cuando asumió el cargo de EH, que tenía una solvencia del 84% en un período de aproximadamente dos meses. Este 84% fue resultado de un estudio actuarial realizado en 2020, que era el último disponible en ese momento.
Además, Zúñiga defendió la posición de su agencia, argumentando que las pensiones de los funcionarios del OIJ son significativamente más altas, llegando a ser hasta tres veces mayores que las de otros servidores públicos.
«No se trata solo de eso; todos los funcionarios públicos que se retiran en este momento dejan de mencionar factores como la discapacidad, los viajes y las muertes, y por ende no obtienen el beneficio de su pensión. En el caso de los funcionarios de la corte, específicamente en este OIJ, al momento de retirarse, continúan aportando el 13% a su fondo de pensiones», añadió.
Es relevante mencionar que el veto enviado esta tarde al Congreso incluye un total de 319 páginas, donde se presenta la evaluación actuarial del Fondo de Jubilación y Pensiones del Judiciario para el año 2024.
Rodrigo Chaves, presidente de la República, había advertido que esta iniciativa estaría en veto. (Cortesía/Oficina Presidencial).
Defender al público
Por otro lado, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, había anunciado semanas atrás que la ley estaría sujeta a un veto una vez que fuera aprobada. En sus declaraciones, explicó que esta acción sería en defensa del público, argumentando que los ciudadanos no tendrían acceso a una pensión a los 55 años. En este sentido, intentó establecer una comparación entre las circunstancias enfrentadas por los agentes de policía y aquellas de otros funcionarios públicos.
«Enfrentan situaciones mucho más furtivas que las que vive la policía de la corte. Por ejemplo, tienen que cargar con cinco kilogramos de equipamiento, entre otras dificultades que pueden dar lugar a riesgos significativos», dijo Chaves, en alusión a casos como el de Maynor Martínez, quien recientemente dejó de ser oficial de policía y tenía que lidiar con un desgaste considerable en su labor.
En respuesta a las afirmaciones del Presidente, Zúñiga refutó que las circunstancias de trabajo de los agentes son comparables a las de otros cuerpos policiales.
De manera más detallada, indicó que durante un año, los oficiales del OIJ acumulan alrededor de 3,000 horas de trabajo, mientras que otros cuerpos de seguridad registran entre 2,000 y 2,244 horas anualmente como máximo.
Por lo tanto, consideró que la opción de permitir una jubilación tras 30 años de servicio se traduce en una situación en la que los agentes podrían retirarse a los 45 años, dado que pueden trabajar jornadas de hasta 12 horas en comparación con otros funcionarios, que típicamente cumplen jornadas de 8 horas diarias.
Desde el ejecutivo, se defienden el veto argumentando que este lleva a:
- Violaciones a la igualdad frente a la ley.
- Violaciones a los principios de razonabilidad técnica y unión.
- Violaciones al principio de sostenibilidad financiera.
La propuesta original fue presentada por el subdirector general Dragos Dolanescu en 2021 y posteriormente fue llevada a la Asamblea por la diputada libertaria Alejandra Larios durante el actual periodo constitucional.
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