El quinto informe State of Justice ha lanzado una advertencia seria sobre la concentración persistente de poder y funciones administrativas en manos de los magistrados de la Corte Suprema.
«Esta concentración de poder y tareas en la Corte Suprema hace independencia en la estructura interna del poder judicial, reduce la transparencia y limita la efectividad de la institución».
El informe, Este miércoles ofrecido, Hace hincapié en que la Corte Suprema no es solo la máxima institución jurisdiccional, sino que también acepta la mayoría de las decisiones administrativas, incluida la organización institucional, la gestión de los recursos, la definición de política, el régimen disciplinario y los nombramientos de jueces y jueces.
Entre 2020 y 2023, la cantidad de asuntos administrativos resueltos por el tribunal completo aumentó en un 67%, de 665 a 1,112 casos anuales, mientras que el Consejo Superior también vio su carga de 4,493 a 6.855 asuntos en el mismo período.
El documento advierte que esta acumulación de tareas de rutina lleva al tribunal de su función material: emitir resoluciones jurisdiccionales en cada una de sus habitaciones, que aún enfrenta una gran cantidad de negocios y largos tiempos de resolución.
Según el informe, la estructura ‘corta y concéntrica’ del gobierno judicial limita la efectividad de los controles internos y debilita el sistema de pesos y contrapesos que son esenciales en una democracia
Panorama aún más complicado
El estado de la justicia no solo es crítico para el estado actual, sino con respecto al panorama que ha sido contratado durante años.
«El volumen de decisiones administrativas centralizadas en los magistrados se ha incrementado en detrimento de sus funciones más estratégicas», dice el informe.
Definen el escenario como una «sobrecarga de funciones», exacerbantes porque aunque se han hecho propuestas de reforma, no se da cuenta.
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Ellos azotan que el poder judicial mismo ha producido planes para reformar su gobierno corporativo para transferir las decisiones a entidades técnicas, pero contribuye a cinco años sin darse cuenta, pero la carga aún está aumentando.
«Durante el análisis postal, el tribunal experimentó un aumento de 665 a 1,112 asuntos administrativos entre 2020 y 2023», señalan. A esto agregan que los magistrados tuvieron que concentrarse en 129 evaluaciones de desempeño y 96 alquileres.
Un disparador adicional está en las cuentas. La Corte Suprema se ha acercado a la revisión de 204 iniciativas y el elemento está creciendo como resultado de la presentación constante de conceptos a la luz de la ola de incertidumbre que está pasando el país.
¿Y el resto del personal del poder judicial?
En su revisión, el estado de la justicia enfatiza que el poder judicial ha restaurado un presupuesto. Esto se refleja principalmente en la ejecución de la ejecución de la ley y a la llegada del personal a dependencias como la oficina del fiscal y OIJ.
El desafío, sin embargo, es que el poder judicial puede continuar y mejorar el personal.
«En 2023, el 81.2% del presupuesto total se utilizó para cubrir los costos del personal, recopilando el informe mencionando el poder judicial, aunque los datos muestran que las leyes actuales dificultan dar la mejora en el presupuesto a prioridades prolongadas, como la capacitación de profesionales», analiza.
Según el estado de la justicia, el mayor aumento en 2023 fue con los jueces, que representan el 53.8% de la forma. Otro 23% son fiscales y también defensores.
«Sin embargo, en el poder judicial, los problemas con el nombramiento o la retención del personal adecuado se deben a la preparación de profesionales y a la violación de los requisitos para ocupar los puestos», señalan.
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Finalmente, advierten que existe una lucha complicada contra la corrupción debido a la propagación de funciones en el régimen disciplinario.
«Para 2023 se presentaron quejas contra 1.260 funcionarios, el 40% de la cantidad reportada en 2020. Del 65%, rechazó y solo el 7,7% condujo a ‘con lugar’, mostrando la baja capacidad de sanción del sistema», cierran.