Washington, 14 de abril (Elmundo.cr) – El presidente de El Salvador, Nayib Bukele se reunió el lunes con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump para discutir la creación de nuevos acuerdos relacionados con la migración. Este encuentro es significativo porque se enmarca dentro de un contexto muy particular en las relaciones entre ambos países, especialmente en lo que respecta a la política migratoria y los asuntos de deportación.
La razón inmediata de esta reunión surge tras la decisión de la Casa Blanca en marzo, que resultó en la deportación de más de 200 migrantes, tanto venezolanos como salvadoreños, al Megacárcel Cecot ubicada en El Salvador. Este movimiento ha sido objeto de debate y controversia, dado que se produjo bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, que permite deportar a los migrantes sin el debido proceso judicial al acusarlos de ser miembros de pandillas criminales. En este contexto, Trump expresó que esta estrategia «nos ayuda mucho», refiriéndose al uso del Cecot para facilitar las deportaciones. Por su parte, Bukele respondió afirmando: «Queremos ayudar», lo que sugiere una disposición colaborativa en estos temas complejos.
«Me gustaría agradecerles por todo el trabajo que has hecho» fue una de las declaraciones de Trump hacia Bukele, a quien describió como un «buen amigo». Este tipo de relaciones personales son muy valoradas en el ámbito político, y resaltan la camaradería que se ha formado entre estos líderes. Sin embargo, Trump también insinuó la posibilidad de que migrantes que poseen ciudadanía estadounidense podrían ser deportados si se les considera como criminales, indicando que «podemos hacer estas cosas con el presidente [Bukele] por menos dinero y con mayor seguridad». Esta afirmación podría levantar preocupaciones sobre los derechos de los migrantes, especialmente aquellos que ya son ciudadanos estadounidenses.
En este contexto, surge la cuestión del caso de Kilmar Abrego García, deportado «por error administrativo». A pesar de que Trump ha reconocido la inocencia de Abrego García, su administración lo considera «sin importancia» devolverlo a casa. Bukele, sin embargo, ha acusado injustamente a Abrego García de ser un ‘terrorista’ y ha negado tener la capacidad para facilitar su regreso, lo que deteriora aún más la situación de los migrantes en la región.
La relevancia de esta reunión también se encuentra en medio de dos batallas legales vinculadas a la Política del Tracto Trump: el caso de Abrego García y la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros. El máximo tribunal estadounidense ha afirmado que el gobierno debería «facilitar» el regreso de Abrego García, quien ha estado protegido de la deportación desde 2019. Resulta alarmante que la Casa Blanca haya desembolsado alrededor de seis millones de dólares para el encarcelamiento de Abrego García y otros migrantes en el Cecot.
A medida que avanza la situación, los prisioneros salvadoreños se han convertido en una pieza clave en los planes de deportación de Trump. No solo se trata de cuestiones logísticas, sino que también se utiliza para crear una narrativa de miedo entre la población migrante, exacerbando sus temores sobre el futuro. En un informe publicado en septiembre de 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (IACHR) expuso condiciones inhumanas en las prisiones de El Salvador y documentó arrestos sistemáticos sin pruebas concretas. Bukele ha destacado entre los líderes que respaldan a Trump, simbolizando un vínculo que se alimenta de la admiración del presidente estadounidense hacia regímenes autoritarios.
Es relevante mencionar que en 2021, el Parlamento salvadoreño, dominado por el partido de Bukele, optó por destituir a los jueces del Tribunal Constitucional, un movimiento que generó críticas a nivel internacional. Recientemente, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la 32ª extensión del régimen de excepción, a pesar de las severas críticas por parte de organizaciones como Amnistía Internacional y la IACHR, quienes han señalado violaciones a los derechos humanos. Las políticas adoptadas por Bukele han suscitado un intenso debate sobre el estado de la justicia y los derechos humanos en El Salvador.