La Facultad de Profesionales en Psicología ha exigido que el Ministerio de Educación Pública (MEP) tenga una respuesta más efectiva y oportuna a los casos de violencia en los centros educativos.
Lo anterior, después del caso de Lucía, una niña de 16 años que decidió quitarse la vida después de que tuvo una intimidación constante en el Pacitit Lyceum.
La posición de la escuela surge después de las recientes preguntas sobre la activación de los protocolos tardíos en casos como este estudiante. Los miembros de la familia se aseguran de que las agresiones se repitan y conocen por el centro del centro.
«Expresamos nuestras profundas preocupaciones sobre las recientes noticias de la activación tardía de los protocolos MEP para abordar situaciones de violencia en los centros educativos», advirtieron los expertos.
Nota más: la golpearon, tomaron los lápices y el patrón: Prima asegura que la intimidación de la escuela hace que su vida tome
«La intervención psicológica no es un lujo»
El Colegio de Psicólogos también ha condenado cualquier forma de violencia dentro de las instituciones educativas y recuerda que cada estudiante tiene derecho a un entorno seguro que les permita aprender y desarrollarse ampliamente.
«La intervención psicológica en la prevención y la atención de la violencia no es un lujo, sino una necesidad esencial», dijo la escuela.
La organización señaló que los profesionales en psicología desempeñan un papel fundamental en la promoción de la salud mental y en el cuidado de los trastornos espirituales y del comportamiento.
Además, ha repitido la urgencia de capacitación y personal administrativo para saber cómo actuar en estas situaciones.
El niño tenía 16 años. (Beeld es compartido en Facebook por Geraldyn Céspedes).
Un ejemplo doloroso
Lucía fue un décimo año en el Pacitit Lyceum, Alajuela. Según su primo Geraldyn Céspedes, la joven fue víctima de burlas, golpes y humillación regular.
Aunque su familia, que ocurrió antes de la gerencia de la escuela, expuso la mandíbula, no se aplicaron medidas efectivas para detener la situación.
Según los miembros de la familia, solo cambió la sección, pero las agresiones continuaron. El jueves anterior, durante el funeral, los miembros de la familia se enteraron de que varios estudiantes habían sido golpeados.
«Me imagino que tenía muchas montañas, estaba asustada, tímida», dijo Céspedes.
Lucía tomó la decisión de quitarse la vida el sábado 7 de junio, una fecha que coincidió con el cumpleaños de su madre. Según su familia, ella era una historia tímida, reservada y deprimida.
Nota Más: Los maestros pueden enfrentar procesos legales a través de la acción contra el acoso escolar: ¿cuándo pueden subir el crimen de ‘chistes’?
Llamado con urgencia
La escuela insistió en que el MEP refuerza las medidas de prevención y atención del acoso escolar. Entre las recomendaciones se destacan:
- Capacitación constante en salud mental y activación de protocolos
- Promoción de entornos educativos seguros y reverentes
- Intervención psicológica oportuna como parte de la respuesta institucional
También hacen una llamada directa a todos los actores en el sistema educativo:
- Estudiantes: Que exponen cualquier forma de acoso o acoso cibernético y buscando apoyo.
- Madres y padres: Esté atento a las señales de advertencia y trabajar con centros educativos.
- Maestros y funcionarios: esa ley de inmediato y efectivamente antes de cualquier signo de violencia.
Los profesionales también ofrecieron su apoyo para trabajar con el ministerio y otras instituciones sobre la creación de estrategias y programas que fortalecen la salud mental y la coexistencia en las aulas.
Responsabilidad institucional
Según el ministerio público, los centros de educación son la obligación de exponer cualquier acción asociada con el acoso escolar ante la oficina del fiscal, ya sea un delito penal. Si no lo hace, puede generar responsabilidades para violar las tareas.
«La escuela está obligada a exponer el comportamiento ante la oficina del fiscal. No importa si es un delito o no es un delito. Somos responsables de determinar», dijo Ericka Chaves del Ministerio Público.
El código de niños y adolescentes también establece la obligación de cada persona de exponer si conoce un daño a menor, con un peso mayor que sus funcionarios públicos.