Más de 70,000 páginas de documentación, 505 hechos acusados, 512 elementos de evidencia, un total de 100 cajas que contienen pruebas materiales, y 98 testigos figuran en lo que se ha convertido en una de las acciones judiciales más complejas: el juicio de la ruta. Esta situación ha ganado un nuevo sentido de urgencia incluso antes de su inicio formal, generando intensas expectativas en el público y entre los involucrados.
El aspecto más reciente de este proceso judicial está relacionado con la llegada de nuevos defensores, quienes asumen la representación de los acusados después de que José Miguel Villalobos optara por no continuar en el caso, donde representó a uno de los principales acusados. En este momento, hay un total de ocho acusados, todos bajo la representación de defensa pública, lo que suma una capa adicional de complejidad al juicio.
Un detalle importante surgió de las declaraciones de los nuevos fiscales. Ellos argumentaron que requerían más tiempo para estudiar a fondo el caso y formular una estrategia de defensa efectiva, lo cual es esencial para garantizar los derechos de los sospechosos. Inicialmente, solicitaron un periodo de cuatro meses para preparar su trabajo, pero en la audiencia señalaron que podrían completar el estudio dentro de tres meses, solicitando así que el debate se trasladara a agosto, de un modo que facilitara su preparación adecuada.
“No es simplemente un asunto de tiempo”, insistieron los defensores, subrayando que la garantía de una representación legal adecuada es un derecho fundamental que debe ser respetado a lo largo del proceso judicial.
10 días para comenzar
Tras la intervención de los defensores públicos, el tribunal, desea Rodríguez y sus colegas Andrés Rodríguez y Henry Arroyo (quien ha asumido la representación de los acusados recién asignados y de aquellos que ya han sido atendidos en el proceso), decidió que no continuarían con las acusaciones iniciales. En consecuencia, el Tribunal Penal de Finanzas otorgó un plazo de diez días hábiles para ajustarse a las regulaciones pertinentes sobre delitos organizados, lo que permite un fortalecimiento de los márgenes de tiempo necesarios para abordar esta complicada cuestión judicial.
Así, está programado que el proceso comience el 26 de mayo a las 4:00 de la tarde, marcando un hito importante en la larga historia de este caso judicial.
El Trocha: ¿día o noche?
Otro tema crucial en medio de este proceso tiene que ver con la programación horaria de las audiencias. Originalmente, se había estipulado que las audiencias se llevaran a cabo durante la noche, de 4:00 a 8:00 p.m., para adaptarse a la agenda de Villalobos. Sin embargo, con su salida del caso, varios defensores han abogado por reprogramar las audiencias al horario habitual, argumentando que los costos asociados al sistema judicial son significativos y que este cambio solo retrasaría el progreso en el caso.
A pesar de que la solicitud se presentó nuevamente un martes posterior, el tribunal mantuvo la decisión inicial, indicando que los ajustes realizados eran firmes y que si se ordenaba un cambio de horario, habría el riesgo de que el debate no pudiera llevarse a cabo dentro de este año.
Este tema ha suscitado una serie de apelaciones que ahora deben ser consideradas y resueltas, generando aún más tensión en el avance del juicio.
Una pronunciación complicada
En esta causa judicial, un total de 14 personas se enfrentan a cargos graves, con apellidos como:
- Acosta
- Castillo
- Villalobos
- Barista
- Serrano
- Ramírez
- Bandear
- Soto
- Firmar
- Malla
- Zarzamora
- Méndez
- Morera (mujer)
- Montoya
- Campos
Las acusaciones que se están analizando incluyen juicios fraudulentos, sobornos, abuso de influencia sobre el tesoro público, corrupción, enriquecimiento ilícito, cobertura de bienes y manipulación del tesoro público.
Los hechos de 2012
El caso se desató durante el gobierno de Laura Chinchilla en 2012. Lo que comenzó como un trabajo de defensa relacionado con la invasión de Nicaragua evolucionó a un proceso que involucra interrogantes sobre la gestión de fondos, en especial los del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI).
La propia administración Chinchilla Miranda sacó a la luz este caso, así como las supuestas irregularidades que beneficiaron a empresas constructoras específicas. Sin embargo, la audiencia ha enfrentado múltiples retrasos, siendo el último en 2023, cuando el inicio del proceso se vio afectado por un accidente de motocicleta de uno de los acusados, lo que ha llevado a varios reajustes de agenda.
Este 2025 también ha estado marcado por los desafíos de la agenda de los abogados, la necesidad de nuevos defensores, y ahora el nuevo plazo para estudiar el caso.
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Es importante señalar que los ajustes en el tribunal también han sido parte del panorama. La jueza Tatiana López solicitó inhibirse del caso porque había procesado una cuestión de embargo vinculada al mismo, por lo que fue sustituida de inmediato. Ahora, los jueces titulares son Cynthia Ramírez, Joshua Artavia y Andrea Víquez.
Para prevenir futuros retrasos en el proceso, se ha añadido a Sergio Quesada como «Cuarto Juez», actuando como un sustituto para garantizar que el juicio continúe sin interrupciones.