El Ministerio de Salud ahora tiene la capacidad de coordinar a los municipios con respecto a la gestión de residuos sólidos mediante una nueva legislación que incluye sanciones. Este cambio busca establecer un sistema más eficaz y ecológico para el manejo de la basura a nivel nacional.
A partir del pasado viernes, todos los municipios deben organizarse por regiones oficialmente designadas, en lugar de actuar de manera aislada. Se busca una mayor coordinación entre las distintas administraciones locales para abordar la cuestión de la gestión de residuos de manera más efectiva.
Esta directriz está respaldada por una nueva regulación diseñada para la gestión de desechos sólidos ordinarios, que ha sido elaborada bajo la supervisión del Ministerio de Salud. La ministra Mary Munive expresó: «Estamos en crisis y es una oportunidad para priorizar el tema de Costa Rica para ser realmente verde».
La ministra agregó que la implementación de este enfoque tiene como objetivo crucial mejorar la eficiencia tanto en la recolección como en la eliminación final de los desechos, evitando transferencias innecesarias a largas distancias, lo que a su vez ayudará a reducir las consecuencias ambientales y económicas que surgen de una gestión ineficiente.
De acuerdo con las nuevas regulaciones impuestas por el Ministerio, todos los residuos generados deben ser manejados dentro de la misma región en la que se producen, esto conforme a una división territorial que ha sido establecida por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Plan Mid).
Esta transformación implica cambios significativos en la manera en la que se organiza la recolección de servicios municipales y el manejo de residuos en general. Entre las características clave de la nueva regulación se destacan:
- Una distancia máxima de 80 kilómetros entre el punto de generación de residuos más lejano y el sitio de disposición final.
- En caso de que se sobrepase dicha distancia, será obligatorio el uso de estaciones de transferencia donde los desechos serán consolidados antes de ser enviados a su destino final, con el fin de minimizar costos y mejorar la eficiencia del proceso.
- Los sitios de disposición final, como parques ambientales, deben ubicarse a más de 500 metros de instituciones educativas, centros de salud y industrias alimentarias, para garantizar la salud pública y la seguridad ambiental.
Las autoridades han señalado que el objetivo es que los municipios logren recuperar al menos el 25% de los residuos que tienen un valor económico. Actualmente, este porcentaje es inferior al 4%, lo que revela la necesidad de mejorar notablemente en esta área.
(Foto de archivo/observador).
Multas y sanciones
La nueva legislación no solo establece pautas técnicas, sino que también incluye sanciones severas para aquellos municipios que no cumplan con las normativas establecidas. Algunos puntos destacados sobre estas medidas son:
- Los municipios que no presenten el informe de gestión de residuos en el sistema VII dentro del plazo establecido enfrentarán una orden sanitaria, contarán con diez días hábiles para corregir la situación. De no hacerlo, se les impondrá una multa de ¢462.200 y podrían enfrentarse al cierre de sus operaciones.
- En caso de que se transfieran desechos fuera de la región sin los debidos permisos, los municipios recibirán una orden sanitaria emitida al Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), junto con otras posibles medidas como la imposición de multas, la revocación de licencias, y la retención o confiscación de vehículos utilizados en la actividad.
La ministra Munive enfatizó que esta legislación no debe verse únicamente como un conjunto de requisitos técnicos, sino como una oportunidad para transformar la cultura ambiental del país. «Ya no podemos permitir que cada municipio gestione sus desechos de manera aislada. La experiencia ha demostrado que la colaboración es la clave para mejorar la eficiencia y reducir los efectos negativos en el medio ambiente y la salud pública», sostuvo Munive.
Desde hace varios meses, la ministra de salud ha reiterado que la vida útil de los vertederos sanitarios actuales se está acortando considerablemente y que Costa Rica podría enfrentar una grave crisis de residuos en el corto plazo si no se toman medidas eficaces.