El noveno intento en los últimos años de controlar el lobby político de Costa Rica chocó con las preocupaciones de la Corte Suprema. Comisionados afirman que el texto presentado por el Frente Amplio en la Asamblea Legislativa plantea problemas.
«No es que nos opongamos al asunto. Nos preocupa cómo se refleja la regulación en este proyecto especial», dijeron.
Los comisarios dividieron sus observaciones en tres ejes principales:
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El ancho de la definición «lobby»
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Obligación de mantener reuniones de agenda pública que tengan la consideración de “lobby”
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La autoridad que se otorgará a la Oficina del Código Público (PEP)
Según el tribunal, el término «lobby» es demasiado amplio y depende de las interpretaciones. Además, dudan de qué pasaría con los contactos realizados a través de medios como el correo electrónico o WhatsApp, que también podrían estar sujetos a la normativa.
A estas preocupaciones se suma la posibilidad de que incluso las conversaciones con otras ramas del Estado puedan verse limitadas. También advierte sobre posibles conflictos para los comisarios condales que provienen del sector privado y no del poder judicial, lo que podría aducirse por supuestas fricciones en virtud de la ley de «lobby».
Despertar sobre el papel de la Fiscalía General de la Nación
Entre las disputas señaladas se encuentra una de las más profundas vinculada al poder que se le otorgaría al cargo de ética pública.
El organismo, que acompaña al ministro de Justicia, serviría como una especie de artista a la hora de evaluar los posibles conflictos planteados por el lobby. Ese alcance es el que genera el mayor malestar.
«Pep podría ordenar a cualquier magistrado -titular o suplente- que desista de un asunto que crea que va a ser eliminado. Incluso podría orientarle para que no se enterara de ello», advirtieron los magistrados.
El caso se incrementa, agregaron, porque la Oficina del Ministro de Justicia mantiene conexión directa con el ejecutivo.
«Esto es preocupante porque estamos ante la división del poder», señalaron.
«Imagínense que el órgano del ejecutivo pueda decidir cuándo los magistrados pueden conocer de un asunto o no», explicó el sheriff Jorge Leiva, a cargo del decreto principal.
¿Es posible controlar el lobby?
La última propuesta para el control del lobby se encuentra en Tarea 25.170. Así lo presenta la matriz del Frente Amplio. También lo firmaron José Joaquín Hernández, secretario general adjunto del Hombre Liberación e Independiente Johanna Obando y Kattia Cambonero.
La iniciativa proyecta a Pep con instrucciones generales para gestionar las actividades de los funcionarios públicos que, en su opinión, podrían rozar la supervisión.
Casualmente, se imponen restricciones a las puertas giratorias para posiciones tales como:
- Ministerios, Viceprimer Ministro y Representantes Presidenciales
- Comisionado y Fiscalía
- Diplomáticos
- Defensor, comandante, jefe de policía
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El seguimiento se realizaría con declaraciones de actividad.
Estos grupos estarían prohibidos durante 3 años después de que él se retirara de trabajar para privados que estuvieran dentro del ámbito de poder, supervisión, regulaciones o funciones del cargo público que desempeñaban.
Finalmente, el carácter estatutario de la agenda pública sí lo es. Incluiría una reunión de la acción. Allí también deberían aparecer invitaciones y temas de viajes.