Por Carlos Pizarro
Esta semana, la organización estadounidense Robert F. Kennedy Human Rights ha hecho un anuncio significativo: se está encargando de la liberación de diez migrantes venezolanos que fueron capturados en El Salvador y deportados a ese país por el Gobierno de Donald Trump. Este movimiento surge en un contexto complicado, ya que el presidente de Estados Unidos, un firme defensor de políticas antimigrantes, ha contado con la cooperación del presidente salvadoreño Nayib Bukele. A partir del 28 de marzo, un total de 252 migrantes venezolanos fueron afectados por esta política.
La situación de estos diez migrantes se ha vuelto especialmente crítica, ya que fueron sus propias familias quienes tomaron la iniciativa de contactar a la organización Robert F. Kennedy Human Rights. Las familias de los migrantes buscan desesperadamente su libertad, después de que estos fueran deportados desde Estados Unidos al Centro de Terrorismo (CECOT) en El Salvador. Este lugar ha sido considerado por muchos como un centro de detención donde la situación de los derechos humanos es preocupante.
Isabel Carlota Roby, quien es la abogada principal de América Latina para esta ONG, viajó recientemente a El Salvador con el objetivo de llevar a cabo un estudio y comunicarse con sus clientes. En sus declaraciones, Roby afirmó que ninguno de los diez migrantes tiene antecedentes penales, lo que agrava aún más la injusticia de su situación. «Nadie pudo verlos en casi dos meses. El 15 de mayo se cumplirán los plazos desde que fueron deportados, y simplemente no pudieron acceder a un defensor legal. No hubo ninguna manera para que se pusieran en contacto con sus familias. Entraron en este sistema opaco donde simplemente desaparecieron, excluidos de la ley», explicó Roby.
Además, la desconexión entre los defensores de los derechos humanos en Estados Unidos y el equipo de abogados del gobierno venezolano ha dejado a 238 migrantes en una situación aún más vulnerable. La abogada Roby enfatizó que sus diez clientes están atrapados en un triángulo de autoritarismos. «Por un lado, Trump les niega cualquier forma de un proceso justo; por otro lado, el gobierno de Bukele también les cierra la puerta a la protección que podrían recibir. Por último, está Maduro, quien está utilizando esta crisis como capital político en su contexto. Estos tres líderes autoritarios parecen estar utilizando la situación para sus propios fines políticos», añadió Roby.
En este contexto de violaciones de derechos humanos, la Organización de Derechos Humanos Robert F. Kennedy, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, ha expresado su preocupación y ha denunciado la negativa de las autoridades salvadoreñas para permitirles visitar a sus clientes en el Cecot. Este episodio pone de manifiesto la urgencia de abordar la crisis humanitaria que enfrentan los migrantes en la región, así como la necesidad de políticas que respeten los derechos fundamentales de todos los individuos, independientemente de su nacionalidad o situación legal.