En una reciente votación, el abogado encargado del caso se opuso al registro de 24,176, el cual tenía como objetivo facilitar el auto-tratamiento con cannabis, en gran medida debido a la oposición de diferentes actores, entre los que se encuentran los libertarios Danny Vargas, Francisco Nicolás, y Alejandra Larios. También votó en contra el público Daniel Vargas, lo que resultó en una decisión negativa para la propuesta que estaba en la mesa.
Esta propuesta había sido formulada por la legislatura Ariel Robles, quien milita en el frente amplio, en febrero de 2024. Su iniciativa buscaba legalizar el cultivo doméstico de la planta del género cannabis, permitiendo a los adultos de edad legal cultivar hasta un máximo de 20 plantas femeninas de esta especie, pero solo para fines puramente personales, es decir, para su consumo privado y no con fines de comercialización.
A pesar del respaldo de Rocío Alfaro y del subdirector general independiente, Johana Obando, quienes apoyaron la iniciativa, el resultado de la votación fue adverso, y ahora la propuesta enfrentará un nuevo camino legislativo que determinará su futuro. Es evidente que el debate sobre el cannabis y su regulación sigue siendo un tema sensible y controversial en el país.
El proyecto de ley incluía un sistema de autocultivo automatizado, cuya principal intención era combatir el mercado ilegal de cannabis, así como fomentar nuevas políticas relacionadas con la salud pública. Robles, en su defensa de la propuesta, argumentó que era crucial que el estado permitiera la autocultivación, no solo para mejorar la salud de los usuarios, sino también para proteger sus derechos humanos. Al proporcionar una opción legal para obtener esta sustancia, se pretende también desplazar a los mercados farmacéuticos ilegales que operan en la sombra.
Los defensores de la legalización, en particular aquellos alineados con el Frente Amplio, argumentan que la prohibición actual sobre el cultivo de cannabis en Costa Rica es insostenible, ya que ignora los cambios en la percepción social sobre esta planta y sus potenciales beneficios. Mencionan que, si bien existe una ley sobre narcóticos y drogas psicotrópicas en el Artículo 58, este marco legal deja abierta una brecha que permite penalizar el cultivo privado, incluso si es exclusivamente para el consumo personal.
En el contexto de la propuesta, se incluyó una cláusula que estipula que aquellos que superen el límite permitido de 20 plantas podrían enfrentarse a una sanción económica que oscila entre uno y cinco salarios mínimos. Esta medida busca desincentivar el exceso de cultivo, mientras se respetan los derechos de quienes desean cultivar para uso personal.
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