Este lunes, en una decisión que ha causado cierto revuelo, el Tribunal Plenario autorizó el permiso necesario para que Manuel Jiménez Steller continúe desempeñándose como vicepresidente de seguridad. Este fallo se llevó a cabo con un margen mínimo, señalando el nivel de controversia que ha rodeado este permiso.
Manuel Jiménez Steller posee un título en derecho y actualmente ocupa una posición en el ministerio público. Sin embargo, es fundamental que también obtenga el permiso para formar parte del ejecutivo. Este proceso no es simple; se requieren ciertas aprobaciones por parte de los magistrados, quienes deben votar para decidir sobre la concesión del permiso. En esta ocasión, la votación concluyó con 17 votos a favor y 5 en contra, lo que indica que la mayoría estuvo a favor de su continuidad en el cargo.
Como establece el artículo 44 de la Ley orgánica del poder judicial, para que un funcionario pueda servir en otra dependencia del estado, debe contar con la aprobación de tres cuartas partes del total de magistrados. Esta regulativa hace que la decisión adoptada por el Tribunal Plenario este lunes sea especialmente relevante y merecedora de análisis en el ámbito legal y político.
Nota Más: Tras la negativa de su permiso para continuar en el Gobierno, el Ministro de Justicia presentó su renuncia como Director Adjunto de OIJ.
Es importante señalar que, en contraposición a la decisión adoptada a favor de Jiménez, los magistrados dilataron el mismo permiso al Ministro de Justicia, Gerald Campos, quien había solicitado una concesión similar para mantener su puesto en el OIJ. Campos, ante esta negativa, decidió renunciar a su cargo. La decisión de los magistrados ha generado un debate sobre la equidad en el trato a diferentes funcionarios del gobierno.
Por otro lado, la ministra de planificación, Marta Esquivel, también había ocupado un cargo en el poder judicial, pero decidió renunciar antes de que se presentara cualquier situación similar en su caso.
Comentarios sobre la decisión
La negativa a otorgar el permiso a Gerald Campos ha suscitado diversas reacciones, y luego de esta resolución, decidió renunciar el 2 de abril. Al hacer pública su decisión, Campos comentó que su elección de dimitir era una cuestión de servicio al país y no impulsada por intereses económicos.
«Sé que tengo un trabajo garantizado hasta mayo de 2026 y gracias a Andrés (Romero, Ministro de Trabajo) por el programa ‘Brete'», manifestó Campos, reflejando un enfoque en su compromiso con el bienestar del país.
El presidente de la República, Rodrigo Chaves, no dudó en calificar la decisión de los magistrados como una intrusión del poder judicial en los asuntos de gobierno. Además, criticó que, en comparación, el exministro de seguridad pública, Michael Soto, había recibido una autorización similar en el gobierno anterior del presidente Carlos Alvarado, lo que en su opinión contrasta fuertemente con el trato actual hacia Campos.
Chaves habló sobre cómo la administración anterior había complacido al poder judicial en su toma de decisiones, lo que parece no haber ocurrido en el presente caso. Afirmó que «se necesita mucho coraje y poder para decir que uno está dispuesto a ver adelante y realizar su trabajo en los espacios donde se requiere», enfatizando la importancia del liderazgo en el contexto político actual.