Los suplentes de la Asamblea Legislativa definirán el martes el futuro de dos proyectos de ley, que fueron aprobados en el segundo debate hace unos meses, pero prohibidos por el presidente Rodrigo Chaves.
Este es un documento 22,817, que busca permitir que los agentes del Tribunal del Instituto de Investigación (OIJ) renunciaran a la edad de 55 años. El otro es 23,192 llamado «Ley para garantizar la regulación de la Ley de la Comisión».
Cada archivo requiere un mínimo de 38 legisladores para restaurarlo y que el veto no tiene la influencia de convertirse en la ley de la República.
Primero, una propuesta de Donalescu Dragos de 2021 y fue presentada a esta autoridad legislativa por la libertaria Alejandra Larios, se esfuerza por proporcionar la pensión de agentes con transportistas y beneficiarse de la jubilación igual al 82% del promedio de los últimos 240 salarios mensuales.
El 6 de mayo, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, ejerció el poder de veto contra la iniciativa «por las razones de las oportunidades, la comodidad y la gobernanza».
La principal justificación de Chaves es que crea desigualdad con otras policías como el público.
«Este es un proyecto que tiene una investigación actuarial que muestra que no pondría en riesgo el sistema de pensiones judiciales y que continúo apoyando el proyecto», dijo el oficial adjunto de Larios.
«Espero que mañana tenga todos los votos que se requieren para que pueda continuar su procedimiento y continuar con la cámara constitucional», agregó.
Verdiblanca afirma estar lejos de las negociaciones y no está seguro de que se garanticen 38 votos mínimos que requiere.
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Control
La otra iniciativa que debe discutirse y votada sobre la búsqueda del resto es lo que sugirió Daniela Rojas en Pusc, con el objetivo de administrar las leyes dentro del período del texto que indica el texto y, si no se señala, se define dentro de los seis meses.
Veto del presidente en esta tarea Fue firmado desde el 21 de febrero.
La iniciativa también tiene la intención de castigar la jerarquía por violar la ley; Es decir, no controlar la ley en un momento arraigado.
En la actualidad, la sanción se apagaría de 1 a 3 años de funcionarios en cualquier cargo público.
«En diferentes autoridad legislativa, se han adoptado facturas importantes que requieren una regulación. Sin embargo, hasta dos y tres años han pasado donde la regulación está en vigor», dijo el diputado de Rojas a El Obserbador.
Según Social Christian, cuando la regulación ya está en vigor, «a veces han interpretado la legislación de acuerdo con la visión de la Comisión y dejan de lado el espíritu de la legislatura».
«Por lo tanto, nos parece importante que finalmente podamos recuperar este proyecto de ley con el poder ejecutivo para que sea un tiempo máximo en que se puedan publicar regulaciones», agregó el diputado.
Verifique más: Veto del presidente de Rodrigo Chaves
Daniela Rojas del Pusc, portavoz del proyecto para administrar la ley. (Archivo/la foto del observador)
Gobernando
El jefe del partido gobernante, Pilar Cisneros, fue fuerte el lunes que votarán en contra del resto de ambos documentos.
«Esto es un salvajismo, porque está abriendo la puerta a todas las demás fuerzas de seguridad en el país que tendrían el mismo derecho. Lea el escuadrón público, lea a la policía fronteriza, lea a la policía sobre drogas, bomberos, es decir, todas las personas que arriesgan sus vidas todos los días», dijo.
Para Cisneros, la presión será que después de la jubilación se mantendrá en el poder judicial, pero cree que si alcanza el extremo porque no tienen los fondos para pagar estas pensiones, los costarricenses terminarán pagando.
«Ya sabemos qué sucede si se rompe algún día y ya sabemos que el sistema de pensiones del poder judicial tiene un período de validez. ¿Quién pagará la factura? Costará a los ricos», dijo.
Al mismo tiempo, el proyecto de regulación establece, y dice que está creando presión para imponer regulaciones para proyectos o leyes que tienen un alto nivel de complejidad y establecidos como un ejemplo de derechos de empleo público y finanzas públicas.
«Es muy fácil controlar las leyes simples y es muy difícil controlar la ley que realmente implica profundos cambios organizacionales en cualquier poder de la República», dijo.
«Entonces nos parece que esto está imponiendo una presión innecesaria sobre las regulaciones que pueden tener un gran impacto en la buena aplicación de las leyes que se aproban en el Parlamento», dijo el diputado.