En una reciente sesión legislativa, se aprobó la controvertida propuesta conocida como la ley 24,162, la cual está destinada a penalizar a aquellos individuos que introduzcan ilegalmente teléfonos móviles, satélites y otros dispositivos de comunicación en los centros penitenciarios de Costa Rica. Este tema ha sido de gran relevancia, dado el impacto que tiene en la seguridad y el orden dentro de las instituciones carcelarias.
El proyecto de ley fue presentado inicialmente por la autoridad ejecutiva y había sido anunciado desde octubre del año anterior. Tras recibir un primer debate la semana pasada, finalmente obtuvo aprobación el pasado jueves por un amplio consenso en la Asamblea Legislativa, donde 41 legisladores votaron a favor de su implementación.
La iniciativa estipula una pena de prisión que oscila entre dos a cuatro años para aquellos que sean hallados culpables de introducir ilegalmente estos elementos de comunicación. Las sanciones tienen como objetivo frenar las actividades delictivas que se han proliferado en los centros penitenciarios, en particular el uso de teléfonos móviles que permiten la coordinación de acosos y fraudes desde el interior de las cárceles.
El texto sancionado en el Parlamento establece de manera clara:
«Se impondrá la multa de dos o cuatro años de prisión a quien, sin tener la autorización pertinente, posea, presente, facilite o adquiera de cualquier forma la entrada a una institución penal de teléfonos móviles, satélites u otros dispositivos de comunicación, así como sus componentes técnicos y tarjetas SIM».
En Costa Rica, el fenómeno de los fraudes relacionados con llamadas provenientes de delincuentes encarcelados ha aumentado significativamente, con muchos ciudadanos convirtiéndose en víctimas de estas tácticas delictivas. En la mayoría de los casos, los prisioneros reciben dispositivos móviles a través de visitas, lo que ha llevado a la urgencia de crear leyes más estrictas para abordar esta problemática.
Antes de la aprobación de este proyecto, no existían sanciones específicas para quienes facilitaban el ingreso de teléfonos móviles a las prisiones, lo que generó un vacío legal que incentivó el uso de estos dispositivos en actividades ilícitas. Ahora, la pena se incrementará en un tercio si el autor de la introducción es un funcionario público, un proveedor de servicios o productos que opere dentro de estas instituciones penitenciarias. También se aplica a abogados en ejercicio de su profesión o a otros individuos que cuenten con autorización especial pero carezcan de la licencia adecuada.
Verifique más: Se ha logrado alcanzar un consenso en las sanciones iniciales de dos a cuatro años para aquellos que intenten introducir teléfonos móviles en prisión.
La votación fue unánime.