El registro fijo de 24,290, que propone una jornada laboral excepcional de 12 horas en el país, requiere un mínimo de 38 votos; es decir, necesita el apoyo mayoritario en el parlamento. Este tema ha generado una notable controversia, y cada partido otorga su enfoque particular a los detalles del proyecto de ley.
La propuesta fue presentada por el partido en el poder y fue defendida el miércoles por un grupo de nueve diputados, quienes argumentan que es esencial para modernizar la legislación laboral. La discusión y votación de esta iniciativa están programadas para el próximo lunes, como se decidió en una reunión del grupo legislativo el jueves pasado. A medida que la fecha se aproxima, crecen las especulaciones sobre el desenlace de la votación.
Sin embargo, un análisis preliminar sugiere que acelerar el proceso legislativo no será suficiente para alcanzar los 38 votos necesarios para la aprobación. Las incertidumbres dentro del Partido Nacional de Liberación (PLN) marcarán la pauta para la decisión del lunes, aunque desde ya se admite que hay amplias reservas sobre este camino rápido. «Este es un problema bastante delicado que tenemos un buen momento para abordar. El lunes nuestra fracción tomará una decisión; desconozco si el enfoque rápido será favorecido, pero se resolverá basada en lo que discutamos», manifestó Oscar Izquierdo, un miembro de la bancada.
Al agregar contexto, se destaca que hay una clara división en el PLN en torno a la propuesta y a la metodología para tramitarla. «Una cosa es estar a favor o en contra del proyecto y otra es apoyar o no la tramitación rápida. De hecho, para la ruta rápida hay demasiadas dudas y el lunes decidiremos sobre el tema», continuó Izquierdo.
Los observadores han señalado que la mayoría de la bancada de Verdiblancos, que consta de 19 miembros, se inclina por votar en contra. De este grupo, únicamente cuatro diputados han mostrado su respaldo a la propuesta. La reunión del lunes servirá para coordinar una postura común entre los miembros del PLN.
«Hay reservas sobre la posibilidad de que esta propuesta avance de manera acelerada, dado lo sensible que es el tema», reiteró otro miembro del partido. Además, es importante destacar que otras facciones, como el Frente Amplio, también se alinearán en contra de la propuesta. Cabe mencionar que la oposición se ha organizado desde el comienzo, planteando inquietudes sobre los impactos del proyecto propuesto por la diputada cristiana social Daniela Rojas.
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Ellos no alcanzarían
Si 15 suplentes del PLN y seis del Frente Amplio (FA) se oponen a la propuesta, esto sumaría 21 votos en contra, lo que no permitiría alcanzar el mínimo necesario de 38 votos. El resultado final dependerá en gran medida de cuántos legisladores estén presentes en la reunión parlamentaria del lunes para votar.
En favor de la propuesta, el partido gobernante cuenta con ocho suplentes adicionales, junto al bloque de la nueva República y el Liberal Progresivo, aportando otros nueve votos entre ellos. También se incluye a la Unidad Social Cristiana (PUSC), que suma otros nueve legisladores, aunque no todos están dispuestos a apoyar la iniciativa.
La diputada Vanessa Castro le reveló a que su posición sobre el asunto es incierta y que la decisión final se tomará antes del lunes. «En la primera votación, incluso, todos votaron a favor y la fracción fue la que trajo a FRET. Examinamos la propuesta de la autopista y el fondo», dijo Alejandro Pacheco, jefe de clase social-cristiana.
A pesar del tentador apoyo de estos grupos, el cálculo final de votos no parece prometedor para alcanzar el umbral de 38 necesarios para la aprobación. En caso de que la propuesta no obtenga el respaldo requerido, el proyecto deberá regresar al Comité Legal para una revisión más exhaustiva bajo el Artículo 137, lo que provoca un proceso prolongado y presenta el riesgo de múltiples cambios.
«Realmente quiero convocarlos para que nos ayuden con esta propuesta. Si seguimos el procedimiento habitual, ya tenemos 200 propuestas pendientes bajo el Artículo 137 desde el primer día; esto representa un gran obstáculo», expresó uno de los legisladores, sugiriendo la urgencia de la situación.
Pilar Cisneros, portavoz adjunto del movimiento.
El ayuno
Si se llegara a aprobar la propuesta, este sería el proceso a seguir en el Parlamento:
- Se abrirán tres días hábiles para recibir las sugerencias y comentarios sobre la serie de movimientos propuestos.
- Una vez transcurrido ese período, el proyecto será considerado como prioridad en la segunda parte del procedimiento legislativo, donde se llevará a cabo una discusión inicial y otra final.
- La presidencia podría facilitar el proceso de licencia relacionado a los movimientos.
- Los suplentes destinarán 14 sesiones legislativas para analizar las propuestas presentadas, lo cual se discutirá en jornadas programadas el lunes por la mañana, miércoles, jueves y lunes por la tarde, así como en otras fechas significativas, como martes y jueves.
Si al cumplir con los 14 ciclos, lo que tomaría aproximadamente dos semanas y media, continuarán con el proceso de votación, se establecerán reuniones adicionales para concluir el procedimiento, aunque no se podrá utilizar el piso en momentos específicos.
Al finalizar el proceso de modificación, el debate se iniciará en la primera discusión donde cada líder legislativo tendrá 10 minutos asignados para definir y defender su posición.
Si se aprueba, podría consultarse el compartimento constitucional si hay 10 alternativas que firmen dicho procedimiento. Una vez resuelto, y si no hay objeciones, se procederá a un segundo debate en el Parlamento.
Intento de intercambio
Recientemente, las principales organizaciones empresariales de Kosta han solicitado, de manera pública, que se otorgue un procedimiento rápido para el proyecto de ley sobre excepciones 4-3 (documento 24,290).
Esta solicitud se fundamenta en la necesidad de modernizar la legislación laboral, lo que facilitaría el funcionamiento tanto de empresas nacionales como multinacionales, además de mejorar la competitividad del país en el ámbito internacional.
Las industrias argumentan que esta es una oportunidad oportuna para renovar la legislación nacional, la cual no se ha revisado desde 1943. Asimismo, indican que su aprobación sería clave para atender las realidades del presente.
Por otro lado, enfatizan que esta iniciativa es crucial para mantener la competitividad del país, lo que a su vez garantiza la atracción y retención de inversión extranjera directa (IED).
Las barreras comerciales también consideran que este proyecto es necesario para brindar seguridad jurídica a las empresas y empleados que operan en función de procesos productivos continuos.
«Kosta Rica no puede seguir estancada mientras el resto del mundo avanza. La propuesta en curso no se presenta como una iniciativa aislada: responde a una necesidad nacional, que ha sido estructurada durante 23 años», se menciona en una declaración conjunta de nueve cámaras importantes del sector económico:
- Unión Costa Rica de Cámaras y Asociaciones del Sector Privado (UCCAEP)
- Consejo de Empresarios de Costa Rica (CCCR)
- Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco)
- Asociación de Empresas Regionales Libres (Azofras)
- Industrias de Costa Rica (ICRC)
- Camara Americana de Comercio de Costa Rica (Amcham)
- Consejo de Negocios en Costa Rica y Representantes de Casas Extranjeras (CREX)
- Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación (CAMTIC)
- Caps de Servicio Corporativo (CAMSCAT)
El Consejo de Construcción y el Departamento de la Industria de Alimentos (Cacia) también se unieron a la solicitud.
«Apoyamos el establecimiento de días laborables inusuales, dado que la Asociación Nacional busca optimizar y facilitar las operaciones de empresas tanto nacionales como multinacionales», aseguró Ing. Alfredo Volio, presidente de la Cámara de Construcción en Costa Rica.
Al mismo tiempo, instaron a los suplentes a seguir creando condiciones que promuevan inversiones productivas, empleo formal y el desarrollo de la nación en su conjunto.
«El mercado laboral debe adaptarse a una legislación actualizada que responda a las necesidades de nuestra sociedad moderna, así como a las exigencias de empleados y empleadores», concluyó Juan Ignacio Pérez, presidente de Cacia.