Más de 1,000 migrantes venezolanos han establecido campamentos improvisados en la Ciudad de México, mientras buscan recursos para regresar a su país natal o la protección necesaria para acceder a los vuelos de repatriación que ofrece el Gobierno de Nicolás Maduro. Estas estructuras temporales han estado en pie durante varios días, a pesar de los intentos de las autoridades de la capital mexicana de desmantelarlas y reubicarlas en refugios temporales.
La situación de los migrantes es incierta. «No hay ninguna obligación aquí con nadie porque ustedes (los migrantes) tomaron su decisión», afirmó Stella Lugo, embajadora de Venezuela en México, en una declaración realizada el 26 de abril. La diplomática se presentó ante aproximadamente 400 venezolanos que han improvisado un campamento en la Ciudad de México.
Lugo llegó en compañía de funcionarios de la ciudad para dialogar con los migrantes, en medio de una operación que busca desmantelar los campamentos y persuadir a los migrantes para que se trasladen a otros lugares.
El campamento se asemeja a una pequeña comunidad. Construcciones de madera, plástico y cartón se agrupan en el lugar, junto con pequeñas tiendas y pasillos angostos que se forman entre las vías de un tren.
Este lugar es un refugio para muchos, que han encontrado en México un espacio, aunque precario, para esperar un futuro incierto.
Ubicado en el vecindario de Vallejo, el campamento ha logrado sobrevivir a la presión de la comunidad local y las intervenciones gubernamentales, gracias a una demanda legal de protección. En México, el Amparo es un recurso legal que defiende a las personas contra acciones de las autoridades que puedan violar sus derechos humanos o constitucionales.
En este contexto, el 24 de abril de 2025, un AMPARO fue emitido en la Ciudad de México, prohibiendo cualquier intervención en el campo de migrantes, incluyendo traslados forzosos o desalojos. El fallo judicial establece que la situación debe permanecer sin cambios hasta nuevo aviso.
En cualquier parte del mundo, esta situación podría parecer un asunto normal: un diplomático atendiendo a sus ciudadanos en el extranjero, si no fuera porque en ese campamento hay más de 100 solicitantes de refugio que afirman huir del gobierno de Nicolás Maduro.
«A Nicolás Maduro no le importan los derechos humanos de los venezolanos»
Para defensores de los derechos humanos como el abogado venezolano Francisco JD Nangelo Ohep, la visita del embajador podría constituir una violación del derecho internacional, dado que estos solicitantes se encuentran protegidos por regulaciones internacionales como la Convención de 1951 y la Declaración de Cartagena de 1984, además de las leyes mexicanas sobre asilo y protección.
‘Asimismo, se garantiza que los migrantes no sean procesados por los mismos actores que los obligaron a huir. La presencia de un representante del régimen, del que muchos huyen, durante un procedimiento que involucra a personas protegidas internacionalmente, no solo es imprudente, sino que constituye una violación directa de sus derechos», explica Francisco JD Nangelo Ohep, director legal de Venemex, Asociación de Venezolanos en México.
«Es como enviar un representante del gobierno mexicano a hablar con los migrantes ucranianos sobre su situación, ahora imaginen que el embajador ruso estuviera presente», expresó el abogado.
Farida Acevedo, directora de la plataforma Venezuela We Are y de la Fundación Humana y Libre, estaba presente ese día y reportó que exigió a las autoridades mexicanas la presencia del embajador, a lo que le dijeron que los migrantes mismos lo habían solicitado.
«El presidente Nicolás Maduro está muy interesado en la situación», insistió la embajadora, argumentando que buscaban organizar apoyo para aquellos que enfrentan dificultades en el campamento.
Durante la conversación, el funcionario explicó que intentan coordinar vuelos de repatriación, pero solo disponen de dos aviones y enfrentan retrasos debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos.
Por ejemplo, mencionó el caso de un avión de carga venezolano con tripulación iraní en Buenos Aires, que fue objeto de controversia el año anterior. «En ese avión puedes irte», aseguró.
Sin embargo, Acevedo no tardó en recalcar que «a Nicolás Maduro no le importan los derechos humanos de los venezolanos, y utiliza las violaciones de DDHH en beneficio propio, tanto en los Estados Unidos como aquí, para presentarse como un defensor de los migrantes».
Según Acevedo, muchos de los migrantes en el campamento son perseverantes; algunos niños asisten a una escuela cercana, mientras que otros están intentando reunir fondos para regresar a su hogar.
«Esta operación está alineada con el mandato constitucional de ser un hospital, un lugar de solidaridad y un espacio de asilo, así como con las diversas obligaciones legales de la Ciudad de México para garantizar un ambiente seguro y transitorio para todos», declaró la coordinación general de movilidad humana de la ciudad en un comunicado.
«Pedimos tiempo»: demandan los migrantes
Temístocles Villanueva, coordinador de movilidad humana del gobierno local, informó durante los primeros días de esta operación que alrededor de 50 migrantes aceptaron ser transferidos voluntariamente. Sin embargo, aún queda más de 300 migrantes a convencer.
«Hay coordinación con la embajada venezolana en México, ya que hay un número creciente de personas que solicitan regresar a su país. La misión diplomática está lista para facilitar esos retornos», indicó el funcionario a medios locales.
Stephanie, una de las migrantes que ha vivido en uno de los campamentos durante meses, comentó que muchas personas están tratando de regularizar su situación o recaudar fondos para regresar voluntariamente a su país. «De hecho, estamos solicitando más tiempo para reunir el dinero necesario para quienes desean regresar. Muchas personas están en contacto con la región (Comisión mexicana para asistencia a refugiados)», afirmó.
Otra mujer migrante expresó su preocupación por la manera en que las autoridades están manejando la situación. A pesar de que prometen ayuda, la presión para abandonar el lugar es constante. «Ellos (las autoridades) dicen que nos brindan apoyo, pero en realidad estamos bajo constante amenaza de ser desalojados», relató.
Para Eunice Rendón, consultora internacional en seguridad y migración, «la resistencia a abandonar debido a malas experiencias en refugios es alta, donde se reporta falta de libertad, separación de hombres y mujeres, o rumores de abuso y detenciones en Tapachula».
Rendón argumenta en su columna en ‘Lo Universal‘ que aunque las autoridades locales promueven el reasentamiento de migrantes y el defensor del pueblo insiste en que no debe haber transferencias sin consentimiento, ambas partes coinciden en un punto clave: la estadía en campamentos o refugios no puede prolongarse indefinidamente.
Esto debe considerarse como una medida temporal, válida solo mientras se resuelve el estatus migratorio, y debería dar lugar a soluciones estables y sostenibles.
«Es crucial avanzar hacia soluciones duraderas, como acuerdos de inmigración y oportunidades laborales, para que las personas puedan vivir con dignidad e integrarse activamente en la sociedad», concluyó Rendón.
Más campamentos, mayor tensión
El 1 de mayo, alrededor de 400 migrantes, en su mayoría venezolanos, fueron desalojados del Parque Guadalupe Victoria, un lugar donde se habían asentado anteriormente.
Sin la intervención de las autoridades gubernamentales, los vecinos y trabajadores locales tomaron la iniciativa y demolieron las estructuras de madera y tela, utilizando martillos y otras herramientas, y desechándolas en camiones de basura.
Muchas familias, incluyendo mujeres y niños en estado de gravidez, se vieron obligadas a buscar refugio en los atrios de iglesias cercanas o han optado por refugios y arrendamientos, temiendo nuevos ataques. Los migrantes y activistas han denunciado que han sido víctimas de extorsiones por parte de grupos criminales en la zona.
Entre febrero y abril, un grupo de más de 100 venezolanos estableció un nuevo campamento frente a la embajada venezolana en Polanco, una zona más acomodada de la ciudad, con la esperanza de acceder a los vuelos de repatriación que ofrece Caracas.
Después de algunas semanas, según Farida, de la Fundación Humana y Libre, el campamento fue desmantelado porque muchos lograron salir en un vuelo de repatriación, aunque otros seguirán surgiendo, ya que miles enfrentan una situación similar en México.
Mientras tanto, entre 8,000 y 10,000 personas siguen atrapadas en el sur de México, según ‘The New York Times’, la mayoría provenientes de Venezuela, Cuba y Haití, quienes enfrentan un camino cerrado hacia los Estados Unidos.
La reciente política de estrictez por parte del gobierno de Estados Unidos, que ha incluido amplias restricciones y la suspensión de la aplicación CBP One, ha cerrado muchas rutas de asilo. Sin recursos, sin documentos y sin una coordinación efectiva entre las autoridades para organizar vuelos humanitarios, muchos migrantes se encuentran varados, incapaces de avanzar o de regresar.
Con información de medios locales.