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La Corte Suprema autoriza a Trump a emplear la Ley de Enemigos Extranjeros para llevar a cabo deportaciones rápidas.

La Corte Suprema de los Estados Unidos ha dado un giro significativo en el ámbito de la inmigración al permitir al presidente Donald Trump utilizar la antigua Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para acelerar el proceso de deportación de aquellos que son considerados presuntos miembros de pandillas. Esta decisión, emitida el lunes, se ha interpretado como una victoria considerable para la administración Trump, que ahora puede recurrir a poderes extraordinarios que datan de tiempos de guerra para implementar su política migratoria. La ley, surgida en un contexto de preocupaciones sobre la seguridad nacional, otorga al presidente amplias facultades para actuar en situaciones de crisis.

La decisión de la Corte Suprema permite al presidente Trump invocar esta ley, aun cuando persisten controversias y disputas sobre su aplicación que están siendo revisadas en las cortes inferiores. En sus argumentos, la Corte subrayó la importancia de que las personas que enfrentan la deportación bajo esta ley sean notificados de manera adecuada y que se les brinde la oportunidad de apelar su situación. Este punto fue enfatizado en un comunicado en el que Trump se congratuló, señalando que la Corte Suprema había reafirmado el estado de derecho en el país, otorgando así al presidente un papel crucial en la salvaguarda de las fronteras y la protección de la población estadounidense.

Sin embargo, la decisión no fue unánime. Los tres jueces progresistas de la Corte, entre ellos la jueza Sonia Sotomayor, expresaron su descontento con la resolución, advirtiendo que las acciones de la administración Trump representan una amenaza seria para el estado de derecho. La jueza Barrett, miembro del ala conservadora, también mostró desacuerdo con algunos aspectos del fallo, lo que sugiere que la decisión no estuvo exenta de críticas y debate interno entre los magistrados.

Los aliados de Trump en el gobierno no tardaron en celebrar lo que consideran una victoria histórica para la legalidad. La secretaria de justicia, Pam Bondi, hizo hincapié en la importancia de esta decisión como un refuerzo al estado de derecho, mientras que el Secretario de Seguridad Nacional, Kristi, afirmó con entusiasmo que «¡el presidente Trump tenía razón nuevamente!». Este tipo de comentarios refuerzan la postura de la administración de que sus esfuerzos en la deportación son necesarios para hacer frente a lo que denominan una crisis de seguridad nacional.

El fallo de la Corte también se basa en decisiones anteriores del juez federal de distrito James Boasberg, quien había bloqueado temporalmente la aplicación de la ley en ciertos casos relacionados con migrantes de Venezuela y otros, lo que complicaba la situación legal. La Corte ha dejado en claro que es fundamental asegurar que los migrantes sujetos a esta ley sean debidamente informados de su posible desalojo y tengan la oportunidad de presentar recursos legalmente, como hábeas corpus.

La jueza Ketanji Brown Jackson, en una crítica a la mayoría, cuestionó el uso del procedimiento de emergencia en este caso, argumentando que se trata de una cuestión más compleja que merecía una discusión más exhaustiva. Al incluir referencias al caso histórico Korematsu de 1944, que permitió el internamiento de ciudadanos estadounidenses de origen japonés durante la Segunda Guerra Mundial, Jackson subrayó la delicadeza del poder que se le otorga al gobierno en tiempos de crisis.

Por último, la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que ahora será utilizada por la administración Trump para justificar las deportaciones, ha sido objeto de debate en cuanto a su pertinencia en el contexto actual. Trump sostiene que el aumento en la llegada de supuestos miembros de pandillas desde Venezuela constituye una clara invasión. Hasta ahora, su administración ha llevado a cabo deportaciones masivas, incluyendo más de 200 venezolanos a El Salvador bajo el amparo de esta ley. Esta medida no solo reaviva el debate sobre las políticas migratorias en el país, sino que también invita a un replanteamiento sobre el uso de leyes antiguas en contextos modernos.

Edmundo
El mundo CR