El parlamento griego aprobó este jueves una polémica reforma que permite ampliar la jornada laboral en el sector privado hasta un máximo de 13 horas diarias, durante 37 días al año.
La medida, impulsada por el Gobierno conservador de Kyriakos Mitsotakis, fue aprobada sólo con los votos de su partido, Nueva Democracia, mientras que toda la oposición votó en contra.
Uno de los principales grupos de la oposición, Syriza (izquierda), se negó a participar en la votación, criticando una «monstruosidad legislativa, una desregulación laboral que (…) viola los derechos fundamentales» de los trabajadores, según Christos Giannoulis, portavoz del grupo parlamentario.
En dos ocasiones, el 1 de octubre y el martes, Grecia quedó parcialmente paralizada por una huelga general en protesta contra esta reforma.
El Gobierno defiende que se trata de una medida voluntaria, con una bonificación del 40% por las horas extraordinarias, y que se respetará el límite de 48 horas semanales y 150 horas extraordinarias al año.
«Ahora ofrecemos la posibilidad (a los empleados) de realizar este trabajo adicional con el mismo empleador, sin desplazamientos, con una compensación que aumenta un 40%», defendió la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Niki Kerameus, en el Parlamento. Aseguró que esto se hará de forma voluntaria y que ningún empleado puede ser obligado a hacerlo.
El Gobierno asegura también que la reforma responde a la falta de mano de obra y a las nuevas necesidades del mercado laboral.
Sin embargo, sindicatos y oposición advierten de que, en la práctica, por miedo al despido, los trabajadores no podrán negarse, y afirman que esta ley supone una regresión al siglo XIX en materia de derechos laborales.
Desde que llegó al poder en 2019, Mitsotakis ha hecho del mercado laboral griego uno de los más flexibles de Europa. Desde el año pasado, algunos sectores, como la agricultura o el comercio, han podido establecer turnos de seis días a la semana.
Según Eurostat, los griegos trabajan más duro que cualquier otro trabajador europeo. Sin embargo, son el segundo país de la UE con menor poder adquisitivo.