Los ex presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Iván Names y Andrés Calle, fueron arrestados el 7 de mayo, un evento que ha generado una gran conmoción en el ámbito político colombiano. Esta detención se produjo después de que ambos fueran separados de sus cargos mediante una orden emitida por la Corte Suprema, la cual se encuentra investigando un caso relacionado con el eclipse de la Agencia de Emergencias del Estado. Esta medida ha atraído la atención de numerosos medios de comunicación y ha encendido un debate sobre la corrupción en el país.
Los legisladores, Iván Names y Andrés Calle, fueron arrestados por la policía en la noche del 7 de mayo, coincidiendo este evento con horas previas a una crucial decisión de la Corte Suprema de Justicia Colombiana, que tenía la tarea de determinar si se debería imponer una ‘medida de seguro de detención preventiva intramural’ contra los acusados. Names se desempeñó como presidente del Senado, mientras que Calle ocupaba el cargo de presidente de la Cámara Baja. La situación ha puesto de manifiesto la fragilidad del sistema político colombiano ante las condiciones de corrupción que parecen afectar a sus instituciones.
De acuerdo con el fallo judicial, «La sala cree que los requisitos legales y los propósitos constitucionales para la limitación de la libertad de los congresistas se encuentran, pero la investigación en su contra está avanzando». Esta afirmación señala la gravedad de las acusaciones y la necesidad de una investigación meticulosa y detallada. El documento subraya que ambos funcionarios ya han sido capturados por las autoridades competentes y que el proceso judicial continúa su curso.
Según la reconocida revista colombiana ‘Semana’, Andrés Calle se entregó voluntariamente a un elemento de Policía, después de lo cual fue transferido al búnker del fiscal general en Bogotá. Este acto resalta la precaución que estaban tomando los involucrados ahora que las investigaciones se habían intensificado.
Asimismo, la Corte Suprema decidió que ambas posiciones en el Congreso quedarían vacantes debido a esta situación tan delicada. Iván Names pertenece a la Alianza Verde y en el momento de su arresto se desempeñaba como senador. Por su parte, Andrés Calle, del Partido Liberal, estaba legislando en la Cámara de Representantes. Ambos ocupaban estas posiciones hasta 2026, marcando un periodo en el que podrían haber llevado a cabo diversas reformas importantes.
La reacción del presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha sido contundente. Petro ha manifestado su descontento en torno a las acciones de Iván Names, acusándolo de haber obstaculizado reformas clave promovidas por su administración en el ámbito legislativo. “La reforma de pensiones fue saboteada, él la dilató siete meses para evitar que tuviera su tiempo de discusión. Se opuso a todos nuestros proyectos, y ahora enfrenta la prisión, acusado de robar al gobierno y al pueblo”, proclamó Petro, haciendo clara su postura sobre el caso.
El caso de corrupción de la UNGRD
Ambos miembros del Congreso están implicados en un esquema de corrupción que está siendo objeto de investigación por la Corte Suprema del país. Esto sugiere que hay motivos razonables para sospechar de crímenes de soborno inadecuado y peculación para la apropiación en beneficio de terceros.
El origen de estas acusaciones reside en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres (UNGRD), que comenzó a ser objeto de investigación en febrero de 2024. Los detalles que han emergido son perturbadores y revelan un panorama sombrío sobre el manejo de fondos públicos.
Según revelaciones del exsubdirector de la UNGRD, Sneeder Pinilla, se ha indicado que algunos fondos fueron desviados desde la mencionada agencia hacia los bolsillos de Calle. Se estima que Calle recibió cerca de un millón de dólares, que utilizaría para financiar a su familia durante las elecciones locales, a cambio de favores políticos dentro del Congreso. Este mecanismo pone de manifiesto cómo las instituciones pueden ser manipuladas para intereses personales.
Los recursos destinados estaban supuestamente destinados a abordar problemas climáticos en el departamento de La Guajira, donde se habían proyectado la compra de 40 camiones de agua para ofrecer este recurso vital a una población que ha sido severamente afectada por la sequía y pobreza.
La gravedad de este caso fue inicialmente destapada por investigaciones periodísticas que comenzaron a cuestionar la transparencia en la adquisición de vehículos que no cumplían con las condiciones técnicas necesarias para su funcionamiento. Con la colaboración de Efe y medios locales, se espera que el caso avance y que se haga justicia.