Por Yurany Arciniegas Salamanca
La ultraderecha cruza una nueva línea: la propuesta de deportaciones masivas, incluidos hijos de inmigrantes nacidos en España. Las declaraciones coinciden con una ola de violencia avivada por simpatizantes de Vox, acompañados de una estrategia digital. Pero la situación también ocurre en medio de un descontento de la población, como señalaron a France 24 en Español habitantes de Torre Pacheco, escenario de una ola de disturbios en los últimos días. ¿Es legalmente posible copiar en territorio español las expulsiones al estilo del presidente de EE. UU.? Lo abordamos.
“Invasión migratoria”, “remigración” y “derecho a sobrevivir como pueblo”. Como si se tratara de defender una “raza pura”, estas son algunas de las palabras con las que el partido de ultraderecha, Vox, propone la deportación de millones de inmigrantes de España.
Si bien Vox siempre ha sido sinónimo de racismo y xenofobia, ahora cruza una nueva línea: por primera vez habla de expulsiones masivas, incluyendo a los hijos de inmigrantes nacidos en España, es decir, españoles ¿Por qué ahora? El discurso ultranacionalista escala en medio de un panorama político convulso en el que la bancada ultra ve la posibilidad de llegar al Gobierno, en una eventual alianza con el Partido Popular (PP), con el que ya cogobierna en varias regiones.
“Si de 47 millones de habitantes que tiene nuestro país, más de siete millones, porque tenemos que tener en cuenta la segunda generación, ocho millones de personas (…) Tendrán que volver a sus países, esto será un proceso extraordinariamente complejo de remigración, pero que nosotros apostamos por ese proceso de remigración porque hay algo más importante que preservar y tenemos el derecho a querer sobrevivir como pueblo”, afirmó en rueda de prensa la portavoz de Emergencia demográfica y políticas sociales de Vox, Rocío de Meer, el pasado 7 de julio.
Aunque ante la polémica el partido negó haber entregado una cifra concreta de cuántas personas deportaría en caso de llegar al poder, la bancada no se ha retractado de la idea. Por el contrario, insiste en ella, asumiendo el modelo de redadas masivas al estilo Donald Trump y siguiendo las ideas antimigratorias que se expanden con la ultraderecha en el continente.
De la legislación nacional al marco europeo, el blindaje ante las deportaciones masivas
Juristas consultados por France 24 en Español coinciden en que la propuesta de la bancada de extrema derecha, aunque genera votos, no es jurídicamente viable. Y es que existen claros límites legales y constitucionales.
En primer lugar, en España las expulsiones masivas están prohibidas conforme al artículo 4 del protocolo número 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y en el Derecho Internacional de los DD. HH. que está ratificado por la nación.
Por tanto, para lograr su cometido, Vox tendría que “cambiar la Constitución en España, el Código Civil español, una enorme cantidad de normativa en el país y expulsar esa normativa del ordenamiento que hay actualmente (…) Retirarse de la Unión Europea y del Convenio Europeo de DD. HH.”, explica la directora de DEMOS, Estudio Legal de Derechos Humanos, Adilia de las Mercedes.
En territorio español, las deportaciones pueden tener lugar, pero de manera individual con base en una decisión argumentada conforme a motivos existentes en la ley, subraya el magistrado y portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, Edmundo Rodríguez Achútegui.
“En el caso de que se cometa un delito y que las personas que se declaren culpables de un delito sean extranjeras que residan ilegalmente en España, pueden ser expulsadas del país. Pero eso no afecta a ocho millones de personas. Para empezar, porque en España no hay ocho millones de delincuentes ni los ha habido nunca”, indica el magistrado Rodríguez.
En todo caso existe un conjunto de garantías a aplicar durante la expulsión de una persona, por lo que “las deportaciones que ocurren de forma inmediata, sin el debido proceso, son ilegales”, remarca De las Mercedes. Y ese proceso incluye, por ejemplo, tener un abogado o abogada e intérpretes en caso de que no hable español. En una expulsión express todos esos requerimientos serían eliminados, lo que va en contravía con la ley.
El partido de ultraderecha tampoco difiere entre inmigrantes con estatus regular o irregular ni entre quienes hayan adquirido la nacionalidad española o nacido en el país, ambos con los mismos derechos y deberes como ciudadanos bajo la legislación del país. Los diputados de la bancada de Santiago Abascal han remarcado que aún, con su documentación en regla, tendrían que irse “si no se adaptan a nuestros modos y costumbres”.
En este país, retirar la ciudadanía a una persona solo puede ocurrir en casos excepcionales por delitos graves y la medida no está considerada para quienes nacen en territorio español.
En cuanto a la magnitud, Vox también muestra disparidades. Si bien la primera cifra propuesta fue la expulsión de ocho millones de inmigrantes, en el país residen en torno a 6,9 millones de extranjeros, según datos del INE, alrededor del 14% de la población total. Y de ellos cerca de cuatro millones son originarios de otras naciones de la Unión Europea, lo que hace más inviable su expulsión. Eso sí, Vox en su discurso no se refiere a extranjeros europeos, blancos y/o ricos e insiste en asociar inmigración con criminalidad.
“Lo que sabemos es que los que han entrado ilegalmente y han venido a matar, violar, e imponer religiones extrañas se tienen que ir. Los menores que no están con sus padres se tienen que ir (…) No sabemos cuántos son, pero cuando lleguemos al gobierno, sabremos cuántos son y todos ellos se tendrán que ir”, aseguró Abascal ante el Congreso el pasado 9 de julio.
Más allá de la asociación con presuntos delitos, los expertos advierten que el cometido de Vox podría incurrir en decisiones con tinte racial, según el país de procedencia, el estatus económico o la religión. Faltaría ver bajo qué condiciones determinaría la “españolidad” y quién pasa por su lupa con buenos ojos.
Ante un eventual escenario en el que Vox apuntara a cambiar la legislación para replicar deportaciones masivas como las que actualmente se observan en Estados Unidos, el magistrado Rodríguez resalta que en España “está claramente diferenciado el trabajo de la jurisdicción ordinaria y la del Tribunal Constitucional”, por lo que “no sería posible” de imitar.
La ventana de Overton y las cifras de la inmigración en la economía española
Estar prohibido por la ley no necesariamente significa que las deportaciones sin los debidos procesos no puedan ocurrir. Lo más inviable es la masividad a la que Vox se refiere.
Para Lucila Rodríguez, directora de PorCausa, fundación dedicada a la investigación de temas migratorios, existe la probabilidad de que Vox, en caso de llegar al Gobierno central, ejecutara su cometido aun cuando no sea en los mismos números que promete. “Hay una parte discursiva que consiste en exagerar lo que se llama ampliar la ventana de Overton para que luego tú metas dentro de ese espacio opciones menores, es decir, no expulsas a ocho millones, expulsas a 10.000, pero la gente lo ve como algo normal. Si Vox llegase al Gobierno haría cosas de ese tipo y sería un problema, porque otros gobiernos lo están haciendo”, señala.
Lucila Rodríguez apunta a los perjuicios que, además, una medida de tal envergadura traería a España, una nación con altos déficits de natalidad que en paralelo afectan a la economía y las pensiones. “Igual que le ha pasado a (Giorgia) Meloni en Italia, luego tendría que hacer medidas de regularización extraordinaria o ampliación de las visas de entrada de extranjeros, porque España tiene una población en decrecimiento. La natalidad no compensa la muerte. Es un país que crece exclusivamente gracias a la inmigración. Eso es así y no lo puede cambiar ningún discurso ultraderechista”, explica.
La directora de PorCausa destacó así el caso de Italia que, pese a su estricta política migratoria, recientemente ha batido récord en permisos de trabajo otorgados a extranjeros tras reconocer que debe “permitir la entrada de mano de obra indispensable para el sistema económico nacional que de otro modo no sería posible encontrar”. Se trata de 500.000 nuevos visados de trabajo para ciudadanos no pertenecientes a la Unión Europea, entre 2026 y 2028.
En España, expertos en la materia y las cifras oficiales subrayan los máximos históricos que representan los inmigrantes en afiliación a la seguridad social. Según los datos más recientes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, del pasado marzo, el 13,7% de los cotizantes son de origen extranjero, lo que significa casi 900.000 más que en el mismo mes de 2019. Y, en el último año, el 41% del empleo creado corresponde a trabajadores inmigrantes. En cuanto a los cotizantes nacidos fuera de la UE, la lista está encabezada por personas de Marruecos, seguida por Colombia, Venezuela y China.
El discurso de odio: ¿está la ultraderecha alimentando los brotes de violencia?
En los últimos días, las imágenes de Torre Pacheco en llamas dieron la vuelta al mundo, como epicentro de disturbios tras los llamados de grupos afines a la extrema derecha a “cazar” inmigrantes. Los focos de violencia en el municipio del sureste del país, estallaron dos días después de que Vox propusiera públicamente la deportación de millones de personas y llegaron luego de que un grupo de jóvenes de origen magrebí golpeara brutalmente a un hombre de 68 años.
El hecho causó indignación entre la población local, pero en simultáneo fue aprovechado por grupos extremistas como ‘Deport Them Now’ y ‘ Desokupa’ que se desplazaron desde distintos puntos del país y convocaron -mediante mensajes de Telegram y Signal- a atacar personas principalmente provenientes del norte de África, independientemente de si estuvieron o no involucradas en la golpiza al hombre, identificado como Domingo.
France 24 en Español habló con habitantes de Torre Pacheco que destacan su malestar frente a delitos como robos a viviendas y coches que, aseguran, son cometidos en su mayoría por jóvenes de origen magrebí. Sin embargo, también remarcan que la mayor parte de la población migrante se encuentra integrada y trabajando en la economía regular.
“El 90% de la delincuencia aquí pertenece a ese sector, posiblemente aquí en Torre Pacheco hay 10.000 musulmanes que son excelentes personas, pero hay unos pocos que vienen nada más a delinquir, sobre todo jóvenes. No es culpa de los inmigrantes, es culpa de los inmigrantes delincuentes, Hay personas que están integradas y son excelentes vecinos, trabajadores, pero hay un alto porcentaje que son delincuentes y viven de la delincuencia, del tráfico de drogas y de los robos”, asegura José Luis, un vecino de Torre Pacheco que prefirió no dar su apellido y quien describió que fue víctima de hurto en dos ocasiones.
José Luis pone el foco en jóvenes entre los 13 y 19 años de edad que, sostiene, no están integrados. Una situación que la población pide a las autoridades atender, al tiempo que se desliga de los hechos violentos convocados por los simpatizantes de la ultraderecha. “El sentimiento es que tenemos miedo de salir a la calle, estamos amenazados por esos menas, por esos delincuentes, no podemos ir al cajero tranquilos, no podemos irnos de vacaciones porque entran a la casa a robar (…) Ahora mismo nos han mandado 150 efectivos de la Guardia Civil, que los dejen aquí todo el año, día y noche, ahora el pueblo está tranquilo”, subraya.
Una postura compartida por otro ciudadano de Torre Pacheco que pidió no ser identificado. “Llevamos unos años así. No suele haber cosas tan graves como que le den una paliza a un anciano, pero sí hay delincuencia y en un porcentaje muy alto de origen magrebí, hay una falta de respeto a la sociedad en general (…) Son hijos de padres que trabajan aquí hace años, gente muy buena, pero son críos que no están integrados en el municipio”, asevera.
Sobre los llamados a atacar inmigrantes, recalca que se trata de “gente que aprovecha momentos de inestabilidad social para generar mucha más crispación, nuestro pueblo no es racista ni nazi, como esa gente de afuera que ha tratado de aprovechar las circunstancias. Si fuera así, este pueblo hace mucho tiempo que habría hecho esas cacerías”.
Sin duda inconformidades de la población que no se pueden desconocer. Tampoco abrir la puerta a grupos de ultraderecha que llenen los denunciados vacíos por demandas desatendidas para difundir mensajes de odio, bulos y llamados a la agresión mediante una estrategia digital y activismo presencial.
¿Crece la delincuencia con la inmigración?
A nivel nacional la situación es distinta. Según el Balance de Criminalidad del primer trimestre de 2025, difundido por el Ministerio del Interior, se ha registrado un descenso del 2,8% en el número de infracciones penales, con respecto al mismo periodo del año, al pasar de 606.377 a 589.683 los delitos conocidos por las fuerzas de seguridad. Y, aunque hay migrantes que cometen delitos, las autoridades remarcan que en el país la criminalidad no crece con la migración.
Pero también hay que tener en cuenta que en España las percepciones y actitudes de la sociedad hacia la inmigración son complejas y ricas en matices, según resalta un estudio de la organización More in Common. Una encuesta de la organización realizada, entre el 29 de marzo y el 5 de abril de 2025, indica que la población se inclina más por el control de la inmigración que por la cantidad.
“El control a ojos de la sociedad significa cosas distintas, tener la sensación de que el país no ha perdido la capacidad de gestionar sus fronteras, también que existan mecanismos y normas claras que eviten el sufrimiento o discriminación de los migrantes y facilite su integración al mercado de trabajo y mejorar los mecanismos para la migración legal o controlada”, explica Luis Aguado, presidente en España de More in Common, quien dirigió el estudio.
Un 44% considera a la inmigración una necesidad que el país debe gestionar, un 19% la considera una oportunidad que la nación debe aprovechar y un 29% cree que se trata de una amenaza contra la que hay que luchar.
España es al mismo tiempo el país donde la percepción de la inmigración es más positiva que en otras naciones europeas. Aquí, los votantes de ultraderecha son los únicos que consideran mayoritariamente a la inmigración como una amenaza.
“El discurso en torno al incremento de la delincuencia ha calado en una parte de la población. Sin embargo, se observa una brecha ideológica. Para aquellos votantes de opciones conservadoras, como el PP o Vox, el incremento de la delincuencia es el principal problema o desventaja de la inmigración, pero para los votantes de opciones progresistas, como el PSOE o Sumar, la principal desventaja sería la saturación de servicios públicos como la sanidad”, describe el director de More in Common.
A nivel nacional, la delincuencia disminuye y la existente no es solo producto de personas extranjeras, pero el discurso político cala y la narrativa en las plataformas digitales importa. De ahí la necesidad de respuesta. “Se está permitiendo que haya una convivencia que es autoportante. Si hay un mensaje radical de ultraderecha, la izquierda y el progresismo deben salir a desmentir”, destaca Lucila Rodríguez, de PorCausa, quien añade que el Gobierno debe hablar de las necesidades y remarcar realidades como el hecho de ser el primero en economía de la eurozona.
En términos generales, España destaca como un país donde la inmigración es percibida de manera más positiva que en otras naciones de la región, pero mientras no tome medidas para que los discursos extremistas no ocupen espacios sin contraste ni control, existe el riesgo de que su ventaja se diluya.