En el marco de la reciente Convención, se llevó a cabo la primera discusión del Documento 24,215, que propone importantes reformas a la Ley de Adquisición Pública General, con el objetivo de excluir a la Cruz Roja y a diversas organizaciones internacionales de este proceso. Este cambio normativo ha suscitado un profundo debate en la esfera política y entre los agentes involucrados en la gestión pública.
La propuesta que se encuentra sobre la mesa establece que las organizaciones internacionales quedarán exentas de la supervisión y de los protocolos convencionales de reclutamiento que actualmente rigen en el país, y específicamente se menciona a entidades como UNOPS (Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos). Esto provoca una serie de interrogantes sobre la efectividad y transparencia en la gestión de los recursos públicos destinados a la cooperación internacional.
La iniciativa de reforma es impulsada por el diputado Oscar Izquierdo de la fracción Verdiblanco, quien logró que en la primera votación se obtuviera el respaldo de la 37 Legislatura. Sin embargo, se encontró con la oposición contundente de los representantes Eli Feinzaig y Luis Diego Vargas, quienes pertenecen a la corriente del liberalismo progresista, abogando por la transparencia y rendición de cuentas en el uso de fondos públicos.
El general de la República se hace eco de las preocupaciones sobre esta propuesta y manifiesta su oposición, argumentando que, a pesar de que se hayan realizado cambios relevantes respecto al texto inicial, persisten riesgos considerables asociados a esta iniciativa. En su opinión, existe el peligro de que la reforma facilite la contratación de manera arbitraria, lo que podría abrir la puerta a irregularidades en la asignación de contratos.
El diputado Feinzaig ha sido un crítico de la propuesta, destacando que esta situación puede tener implicaciones serias para la nación. Sostiene que permite al gobierno actuar con menos restricciones sobre el mercado público, acercándose más a un escenario donde la competencia se minimiza y las oportunidades de corrupción aumentan.
El subdirector del PLN también ha expresado su preocupación al afirmar que, si se aprueba la normativa tal como se presenta, se podría dar paso al nombramiento descontrolado de obras públicas. Esto es alarmante, ya que se elimina la supervisión necesaria que garantiza un manejo responsable y efectivo de los recursos estatales.
Verifique más: el Contralor reitera el riesgo de tareas aprobadas que le permiten celebrar acuerdos de organizaciones internacionales.
El proyecto es de Oscar Izquierdo. (Archivo/la foto del observador)
Cambiar en movimiento
Desde el entorno político, el subsecretario de la izquierda ha declarado que la intención detrás de esta reforma no es permitir una contratación discrecional, sino más bien corregir las deficiencias actuales de la normativa que limitan al país en su acceso a los recursos de cooperación internacional. Según él, el diseño del proyecto de ley tiene como finalidad facilitar que el país pueda obtener financiamiento a través de acuerdos de cooperación, sin alterar el proceso actual de reclutamiento que permanece bajo la supervisión de las empresas privadas.
Izquierdo enfatiza que la reforma no pretende eludir las leyes existentes, sino que se busca asegurar que los acuerdos con otros países se mantengan alineados con los principios establecidos por la legislación. Esto garantiza que el control sobre estos procesos no sea sacrificado, y que el ente regulador del país continúe supervisando los contratos y las operaciones que se realicen en este nuevo contexto.
El proyecto de ley está programado para su discusión nuevamente la próxima semana por la Asamblea Parlamentaria, donde se espera que los integrantes presenten propuestas para ajustar el texto y abordar las inquietudes planteadas por sus opositores. La expectativa es que, a través del debate, se logre un consenso que permita avanzar hacia un marco normativo que no solo promueva el acceso a la cooperación internacional, sino que también mantenga altos estándares de transparencia y rendición de cuentas dentro del sistema de adquisiciones públicas.