La alternativa para avanzar en la negociación de El Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) a la nueva Asamblea Legislativa «es una posibilidad».
Así lo reconoció el ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez, tras culminar la segunda ronda de negociación de recursos especiales destinados a las universidades públicas.
Este martes, el Gobierno ofreció a las universidades públicas el mismo monto por las CUOTAS durante 2027.
La base de la negociación es de ¢593.484 millones. Es decir, la misma cifra que corresponde a lo aprobado para el ejercicio de este año.
«Lo que digo es que es una posibilidad. Es una posibilidad y está latente ahí. Depende de la propuesta que hagan las universidades y de si llegamos a un acuerdo o no», declaró el ministro a los medios.
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Comisión de Enlace
Según Sánchez, existe una Comisión de Enlace en la que el Gobierno intenta hacer más eficientes los fondos públicos.
Por ello, calificó de “irresponsable” que indique con qué porcentaje se avanza o no.
“Entonces será en el marco de esa propuesta que la evaluaremos en equipo para poder llegar a una conclusión. Donde sólo hay dos caminos: o aceptamos o vamos a la Asamblea Legislativa, eso está muy claro”, explicó Sánchez.
Según el ministro, se mantendrá el nivel nominal de asignación presupuestaria para el proceso FEES.
Sin embargo, las condiciones macroeconómicas esperadas, especialmente la deflación, permitirán una mejora real de 2,7% en los recursos, lo que representa más de ¢16 mil millones para las universidades.
Ante la pregunta de si el Gobierno mantendrá la postura del 0% nominal o si habrá algún punto que ceder, Sánchez explicó que dependerá de la propuesta que tomen los rectores en la próxima sesión. que tendrá lugar el 21 de abril.
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Componente adicional
El Ministro de Educación señaló la existencia de un componente adicional, establecido por ley, cercano a los ¢7.000 millones, que se distribuye entre las universidades públicas.
Según Sánchez, estos recursos forman parte de la financiación estatal, aunque no siempre quedan claros en el debate. Para ilustrar, comparó la situación con la de alguien que tiene dos trabajos: No bastará con declarar un solo ingreso, ya que existe otra fuente económica legalmente reconocida.
En ese sentido, explicó que ese dinero proviene del presupuesto asignado a la Secretaría de Educación Pública (LEP), incluido dentro del límite de gasto que fija el Ministerio de Hacienda, y llega también a las universidades.
Asimismo, indicó que estos fondos deben destinarse a fortalecer la regionalización universitaria, aspecto que pocas veces se discute.
Agregó que, según datos disponibles en el sitio web del Consejo Nacional de Rectores -solo actualizados hasta 2024- las matriculaciones muestran una tendencia a la baja respecto a años anteriores, independientemente de que se tome como referencia 2021 o 2022.
En cambio, los FEES crecieron mientras que la inflación disminuyó, lo que provocó una diferencia: el financiamiento gubernamental supera el ajuste correspondiente al costo de vida.
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Oposición feroz
Luego de hacerse pública la propuesta del gobierno, el Consejo Nacional de Rectores (Conare) expresó su disconformidad.
El rector de la Universidad Nacional (UNA) y presidente del Conare, Jorge Herrera Murillo, explicó que no podían aceptar la propuesta de la Gerencia Ejecutiva porque No responde a la realidad del sistema universitario.
Según Herrera, el costo se basa en la inflación como criterio principal, pese a que muchos de sus costos, como equipos científicos o reactivos, no siguen este comportamiento.
El dirigente de las universidades públicas cuestionó la interpretación de los datos de matrícula porque consideró que se estaban comparando años atípicos, como los de la pandemia.
Por otra parte, la estudiante María Ortega, de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y representante estudiantil en la Comisión de Enlace, señaló que a las universidades públicas se les pide aumentar las matrículas, pero cuestiona qué recursos humanos se utilizarán para atender a más estudiantes.
«Las universidades conocen la realidad de su población: hay estudiantes que tienen problemas incluso para trasladarse o mantener sus estudios, y esas condiciones también deben ser tomadas en cuenta en esta discusión», afirmó Ortega.