El pasado martes, la jueza Tatiana López decidió inhibirse en el juicio conocido como el caso de la Trocha, un polémico proceso que se desarrolla bajo la supervisión del Tribunal Penal de Finanzas, donde López ocupaba el cargo de juez. Esta decisión se dio a conocer después de que el juicio se convocara el lunes anterior, cuando el abogado de uno de los acusados alegó que, en 2017, la jueza había tomado decisiones relacionadas con embargos en el contexto de la investigación que rodea esta ruta.
La jueza argumentó que no tenía acceso a toda la información relacionada con el fondo del asunto y, para respaldar su posición, citó la normativa de la corte interamericana sobre lo que implica la imparcialidad, enfatizando así su solicitud para apartarse del caso. Esta situación generó un debate en la sala, donde tanto la oficina del fiscal como la defensoría pública manifestaron su apoyo a la decisión de López. El ministerio público hizo hincapié en la importancia de que los jueces mantengan una conducta imparcial y se protejan los derechos de los acusados.
En un giro notable, los defensores de los acusados se opusieron a la separación de la jueza y afirmaron su confianza en su capacidad para impartir justicia de manera justa y equilibrada, dejando en claro que no tenían objeciones sobre posibles demoras en el proceso judicial. Sin embargo, la única disidencia vino de la defensa pública, que advirtió que la situación podría devenir en problemas mayores si no se resolvía de inmediato. Esta entidad incluso vinculo la impugnación de la decisión, similar a un caso de inhibitorio al solicitar un tercero en conflicto.
Tras un profundo análisis de la situación, el resto de los miembros de la corte acordaron aceptar la renuncia de López. En su lugar, asumirá la jueza Andrea Víquez, quien se convierte en un cuarto juez del caso y que ya había sido designada para intervenir en situaciones inesperadas. Asimismo, los jueces Cinthya Ramírez y Joshua Artavia continuarán formando parte del panel que se encargará del juicio.
El contexto del caso de la Trocha es complejo, ya que 14 personas han sido acusadas de delitos que incluyen juicios desleales, sobornos, abuso de poder, corrupción y enriquecimiento ilícito. Los nombres de los acusados son los siguientes:
- Acosta
- Castillo
- Villalobos
- Barista
- Serrano
- Ramírez
- Bandear
- Soto
- Firmar
- Malla
- Zarzamora
- Méndez
- Morera (mujer)
- Montoya
- Campos
El juicio abordará una serie de delitos severos, con un total de 109 testigos que están programados para ofrecer su testimonio acerca de las acciones y decisiones llevadas a cabo a lo largo del proceso.
Los hechos de 2012
El origen del caso de la Trocha se remonta a 2012 durante el gobierno de Laura Chinchilla, cuando se inició una investigación que originalmente tenía como objetivo defender el país contra una invasión de Nicaragua. Sin embargo, esta situación pronto se trasladó a cuestiones relacionadas con la administración de fondos, sobre todo aquel recurso destinado a la Comisión Nacional de Vías de Nicaragua (Conavi). La propia administración expuso los problemas vinculados a este caso, resaltando los supuestos beneficios que obtuvieron determinadas empresas constructoras del gobierno.
A lo largo del tiempo, el proceso ha sufido múltiples retrasos, muchos de los cuales se han dado en 2023. Aunque se esperaba que el juicio comenzara a mediados de este año, un accidente de motocicleta que involucró a uno de los acusados ha generado complicaciones que han impactado el calendario predeterminado. Así, el devenir del caso continúa en el centro de atención debido a su delicadeza y la magnitud de las acusaciones.