El juez federal ha tomado una decisión crucial al bloquear temporalmente la orden emanada del ex presidente Donald Trump que pretendía eliminar el programa de «libertad condicional» humanitaria que beneficia a más de medio millón de inmigrantes. Esta decisión afecta especialmente a comunidades de venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses que residen en los Estados Unidos. La administración Trump tenía pensado llevar a cabo la finalización de este programa para el próximo 24 de abril, lo cual habría obligado a miles de inmigrantes a abandonar el país inmediatamente.
La jueza de distrito de Boston, Indira Talwani, fundamentó su fallo al señalar que la suspensión abrupta de este tipo de protección legal «socava el estado de derecho». En su razonamiento, el juez destacó la importancia de evaluar cada situación particular de los inmigrantes en lugar de implementar una medida general que podría ser perjudicial para muchos. «La terminación esperada, sin un análisis de caso por caso, de la situación legal de estos migrantes «socava el estado de derecho», sentenció Talwani, enfatizando la necesidad de actuar de manera más justa y considerada.
Además, la jueza Talwani cuestionó las alternativas que el gobierno había propuesto a los migrantes afectados por esta medida. Les ofrecían dos opciones muy difíciles: «seguir cumpliendo las leyes, lo que podría implicar un retorno a sus países de origen con sus propios recursos, o esperar el proceso de desalojo». Para muchas de estas personas, regresar a sus lugares natales significaría enfrentar circunstancias potencialmente peligrosas. Por esta razón, la jueza también ordenó la cancelación de las advertencias de deportación previamente enviadas por el gobierno, reconociendo el riesgo que esas acciones representaban.
Esta resolución judicial se traduce en un significativo revés para la política de inmigración del ex presidente Trump, quien había prometido desmantelar el programa establecido por el actual presidente Joe Biden. Cabe recordar que este programa permitió que 532,000 inmigrantes pudieran ingresar legalmente a los Estados Unidos y obtener un permiso de trabajo por un periodo de dos años, lo que ha sido vital para su estabilidad y bienestar.
En un giro reciente, a finales del mes pasado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) comunicó la cancelación inminente de la protección laboral y de los permisos vigentes en un plazo de 30 días. Esto llevó a que miles de migrantes comenzaran a recibir correos electrónicos que solicitaban su salida del país antes de la mencionada fecha del 24 de abril. Algunos de ellos incluso se encontraron con que sus permisos de trabajo ya habían sido revocados antes de la llegada de la fecha límite.
Esta decisión judicial ha sido celebrada por diversas organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes. Karen Tumlin, directora del Centro de Acción de Justicia, consideró la sentencia como «un paso importante hacia la justicia». La administración Trump, por su parte, aún no ha proporcionado una respuesta oficial a esta decisión. Sin embargo, un funcionario mencionado por Fox News ha calificado este fallo como «tiranía pura sin ley», evidenciando la polarización que sigue existiendo en torno a las políticas migratorias en Estados Unidos.
Edmundo
El mundo CR