Luego del reciente anuncio por parte del presidente Rodrigo Chaves, la situación respecto a la factura del Canon de radio y televisión ha generado un clima de tensión en la sesión legislativa desde septiembre. Las reacciones que han surgido en el Parlamento son un reflejo de esto. La legisladora representativa de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Daniela Rojas, mostró su descontento y cuestionó las amenazas realizadas por el presidente. Estas manifestaciones de molestia se dieron en el contexto de sus declaraciones a y en una sesión de control político el miércoles pasado en el Parlamento.
Rojas argumentó firmemente que si el país se enfrenta a problemas de oscuridad, la responsabilidad recae sobre el presidente y no sobre el Parlamento. «Si este país está sumido en la oscuridad, la responsabilidad es del presidente; está en sus manos solucionarlo. Construir es tarea del mandatario, no es tan complicado», comentó la legisladora, enfatizando el papel que juega el presidente en tal situación.
Además, destacó que «no se pueden hacer amenazas para construir, y es crucial buscar acuerdos desde el seno de la sesión legislativa. Existen dos registros que están siendo investigados en el Comité de Gobierno y Gestión, así como diversas disposiciones que están a la espera de llegar a un consenso que beneficie a todos los involucrados», explicó Rojas. Uno de los proyectos en discusión fue presentado por la Comisión y propone un modelo de recaudación porcentual que busca equiparar los ingresos corporativos a través de los años.
La controversia aumentó cuando Chaves hizo referencia a la situación al afirmar que si el logo de las antenas de televisión y radio desaparece, será porque la Comisión del Parlamento no ha sugerido un cambio que no afecte a los propietarios de Teletica. «No vamos a prolongar esta situación. Hasta septiembre educaremos a los costarricenses sobre cuáles son sus intereses y responsabilidades», aseguró Chaves el miércoles.
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Alvarado espera que el asunto se resuelva de la mejor manera posible.
Escritorio
En la misma línea, otro proyecto relacionado fue propuesto por el legislador libertario Óscar Izquierdo, aunque este no cuenta con el apoyo del gobierno. La ministra de Ciencia y Tecnología, Paula Bogantes, dejó claro en su intervención del miércoles que este proyecto podría representar una amenaza para muchos. Según Bogantes, este proyecto podría generar un impacto significativo, creando anualmente 3.5 millones de negocios, pero también significaría un golpe duro para las pequeñas y medianas empresas, ya que la cifra podría representar hasta el 65% de sus ingresos.
El presidente del Gobierno y del Comité de Gestión, junto a Álvarado, compartió con que ya están manteniendo diálogos sobre la imperiosa necesidad de establecer una mesa de trabajo que busque alcanzar un acuerdo sobre este tema tan relevante. «Hemos discutido la importancia de trabajar en conjunto y hemos prometido tener un diálogo con el vicepresidente Alejandro Barrantes para organizar la primera mesa de trabajo junto a los diputados y representantes de la comisión», mencionó Neorepublican.
«Como presidente de la Comisión, quiero subrayar que mi interés es llegar a un texto que logre satisfacer a todas las partes y que se alinee con lo que actualmente se necesita para enfrentar este vacío y evitar el pago excesivo de tarifas», añadió. Para Álvarado, el objetivo primordial es resolver esta problemática antes de que llegue septiembre.
Cabe recordar que las concesiones que las empresas de radio y televisión poseen en Costa Rica vencerán el 28 de julio de 2024. Sin embargo, el gobierno ha decidido extender dicha fecha límite por 15 meses más, lo que implica que ahora se tendrán hasta septiembre de 2025 para renegociar estos temas cruciales.