Tres años después de la primera advertencia de salud sobre la presencia de Clorotalonilo en los Recursos hídricos en árboles de abetos de Oreamuno de Cartón, el Instituto de Aquadruks y Alcantarillado (Justicia) y el Ministerio de Salud aún no han resuelto el grave problema que afecta el suministro de agua potable en la región. Esta situación ha generado una preocupación constante entre los ciudadanos, ya que se trata de un contaminante que podría tener repercusiones serias en la salud pública.
Este viernes, el Sala constitucional logró un importante avance al recibir una Nueva oración (2025-12770), resultado de la falta de cumplimiento por parte del poder ejecutivo. Esta decisión se remonta a hace tres años (2022-026065), donde se ordenó a ambas partes implicadas «Resolver de manera integral y definitiva la situación de la contaminación por metabolitos de clorotalonilo en el Emergiendo de la siembra y Carlos Calvo de los cipreses fritos de Oreamuno». Este fallo judicial resalta la urgencia y gravedad del problema, pero hasta ahora, la acción efectiva es un área donde el gobierno ha fallado.
El poder judicial se ha visto en la n complicada situación de una Gestión de desobediencia ante la inacción del gobierno. Han dejado de proporcionar agua a través de un petrolero, así como de implementar otras medidas que fueron ordenadas, lo que pone de manifiesto la falta de responsabilidad en la gestión de este recurso valioso.
El Tribunal Constitucional ha determinado, en un comunicado de prensa, que en Octubre de 2024, las medidas sanitarias fueron originadas por la detección de metabolitos de clorotalonilo en el emergente Carlos Calvo y Plantón, asociados con los cipreses de Oreamuno.
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El gobierno quería cumplir con otros límites
Es importante recordar que el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional, desde 2022 (Iret-uno), ha detectado la Contaminación por el fungicida clorotalonilo en las áreas de Plantón y Carlos Calvo. Este descubrimiento ha suscitado un debate considerable sobre la calidad del agua en la región.
En Costa Rica, la Regulación para la calidad del agua potable establece que la concentración máxima permitida de pesticidas en agua potable es de 0.1 μg/L (microgramo por litro), mientras que el suma total de todos los pesticidas no debe superar el 0.5 μg/L. Sin embargo, según la habitación, las autoridades afirmaron que no había ningún problema de salud, argumentando que los parámetros de agua de las cepresas han cumplido con lo establecido por la Organización de la Salud Panamericana.
Sin embargo, este argumento ha sido cuestionado, ya que la medición provino de un análisis que no refleja la situación oficial del país. «Varios tipos de metabolitos derivados del clorotalonilo fueron mencionados en los informes, señalando que fueron encontrados en mayores concentraciones», alertó la sala judicial, cuestionando la falta de reformas regulatorias que aborden adecuadamente la situación.
Durante tres años, el gobierno de Aya intentó ignorar los estudios realizados por el IRET en cipreses, alegando que no era un laboratorio oficialmente acreditado. Esta postura ha sido ampliamente criticada, sobre todo ante la creciente presión ciudadana.
En Noviembre de 2023, el presidente Rodrigo Chaves finalmente tomó la decisión de prohibir el uso de clorotalonilo, en respuesta a las preocupaciones expresadas por los demandantes en este proceso judicial.
Para Julio de 2024, Aya, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) comenzaron a tomar medidas más efectivas, incluyendo la recolección de agua de las comunidades afectadas.
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Los líderes del tostado de Cipreses de Oreamuno también querían minimizar el problema. (Facebook asado)
Desde finales del año pasado, la administración de Chaves trató de implementar una Regulación de la calidad del agua potable más rigurosa. Este esfuerzo incluye definir un Valor máximo permitido (VMA) que establece el límite a partir del cual el agua ya no es segura para el consumo humano.
Como parte de esta propuesta, el gobierno pretende definir un Valor de alerta (VA), que consistiría en un líquido que se informaría en caso de posible contaminación mientras se evalúan los posibles efectos en la salud pública.
Además, se sugiere que las asociaciones administrativas de los sistemas comunes de acueducto y alcantarillado (Asar) deberían llevar a cabo estudios destinados a analizar la contaminación del agua. Sin embargo, muchas de estas organizaciones comunitarias carecen de los recursos necesarios para llevar a cabo los estudios estipulados por las regulaciones actuales.
Desde entonces, varias organizaciones ambientales y académicas han respondido al concepto de la reforma a la regulación, expresando sus preocupaciones sobre los efectos que esto podría tener en la salud y el medio ambiente.
«Esta reforma intenta legitimar la contaminación del agua con cualquier químico agrícola en el futuro. No busca el beneficio de la población ni la mejora de la calidad del agua que consumimos; es un intento desesperado de evadir el grave problema de contaminación que está bien documentado», señalaron en un comunicado a principios de este año.
Entre las entidades críticas de este esfuerzo se encuentran la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (AEP), Bloque Verde, Frente de Cipreses Eco y la Federación Costarricense para la Conservación del Medio Ambiente (Foco), así como varias organizaciones comunitarias. Los diputados Rosaura Méndez de Liberación Nacional, Ariel Robles del Frente Amplio, y el independiente Kattia Cambronero también se han pronunciado al respecto.
La semana anterior, la Comisión Ambiental aprobó un texto sustitutivo del proyecto de ley relacionado con la regulación de pesticidas altamente peligrosos para la salud y el medio ambiente, propuesto por el diputado Cambronero. Sin embargo, se realizaron modificaciones en relación con las sanciones, la lista de prohibiciones, y la eliminación de la exención del IVA a los pesticidas altamente peligrosos.
Según un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicado en 2022, Costa Rica es el mayor consumidor de pesticidas por hectárea en América Central. La investigación estimó que el uso de pesticidas alcanzó un promedio de 34.45 kilogramos por hectárea entre 2012 y 2020.
Por su parte, el actual gobierno trató de desacreditar el estudio y atacó la credibilidad del PNUD.
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