Las agendas de cinco abogados interrumpieron la audiencia preliminar del caso Aldesa, que determinará el próximo 3 de noviembre si el expediente irá a juicio.
Entre las justificaciones destaca el caso de un defensor público que actualmente también participa en el juicio de La Trocha. También existe un defensor privado que asiste a una audiencia con un imputado encarcelado, quien tiene prioridad procesal.
A ellos finalmente se les unen otros tres defensores públicos que tienen una agenda llena.
La participación de una protectora pública tanto en el juicio de La Trocha como en el expediente de Aldesa puso fin al llamado para determinar si avanza el segundo proceso. A ella se unen otros tres abogados públicos que tienen una agenda muy ocupada.
Inicialmente, la convocatoria a audiencia preliminar estaba prevista para dos semanas.
En el mismo se revisarán los elementos disponibles para determinar si existe sustento para solicitar una audiencia posterior.
Según el reglamento, en la audiencia deberán participar tanto los designados como sus defensores técnicos. Por conflictos de agenda el grupo de abogados no pudo estar presente.
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Por lo tanto, se levantó la convocatoria sin claridad sobre una nueva convocatoria para continuar revisando el caso Aldesa.
Por el momento no se ha fijado una nueva fecha para el juicio. Sólo se dieron 5 días para que los abogados del caso Aldesa compartieran sus agendas 2026, de manera que se detecten espacios de convergencia.
Años de espera por Aldesa
Los mayores problemas de Aldesa con sus clientes comenzaron en marzo de 2019. En ese momento se anunció una suspensión de pagos y la intención de iniciar una intervención judicial para hacer frente a deudas de casi 200 millones de dólares.
Un informe pericial dentro de este proceso, publicado a principios de 2020, demostró que al interior de Aldesa Corporación de Inversiones se produjo la «materialización» de importantes pérdidas y discrepancias contables que harían imposible resolver la crisis financiera de la compañía.
Se agregó que la Superintendencia de Seguridad (Sugeval) inició su propia investigación sobre las operaciones bursátiles de Aldesa en mayo de 2019.
Para 2021 se ordenó la intervención de la Sociedad de Fondos de Inversión Aldesa. Esto a través del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif). Este proceso se cerró en 2022 con la prohibición de operaciones.
En el plano penal, a su vez, se sigue el proceso del expediente 19-000157-1220-PE. Revisó el rol de 23 personas bajo diversos supuestos según la acusación lanzada en noviembre de 2023: