La normativa ha sido creada para abordar la problemática de los pisos turísticos, pero ha servido también como marco para introducir ciertos mecanismos de evasión. En Su intento, la comunidad valenciana ha puesto en marcha una ley para frenar la proliferación de alojamientos turísticos, solo que se ha topado con una reacción imprevista (aunque ya esperada): muchos propietarios están utilizando las lagunas de La nueva ley para rentar sus inmuebles a turistas bajo condiciones más flexibles. La clave en esta situación parece ser tan sencilla como la definición de la duración de las estancias. En esencia, se requiere que las reservas sean de más de 10 días.
Ya hay quienes se refieren a esto como «La trampa de 11 días».
¿Qué sucedió? La noticia Lo ha progresado el periódico Levante EMV hace algunas semanas: Valencia se ha convertido en un punto focal para anuncios de Airbnb, todos compartiendo una peculiaridad: la estadía mínima. Sin importar la ubicación del inmueble, su estética, el tamaño o la vista al mar, todos tienen algo en común: requieren un mínimo de 11 noches de estadía. Sin excepciones.
¿Hay muchas casas disponibles? Una pareja. El periódico A finales de febrero reveló que solo en Airbnb «diez» espacios habitables dentro de bloques de apartamentos en Valencia (a menudo en plantas altas) eran accesibles bajo esta condición de una estadía mínima de 11 días. Una búsqueda rápida en la misma plataforma confirma que los anuncios siguen siendo homogéneos en este aspecto. Otras empresas también Operan bajo estos mismos parámetros.
¿Y por qué 11 días? Para hacer sentido de este fenómeno, es clave revisar el contexto legislativo valenciano. En concreto, la Ley 9/2024 fue aprobada en agosto y modifica las regulaciones para los alquileres vacacionales que datan de 2018. Esta ley, como se estableció en 2024, busca mejorar la normativa sobre pisos turísticos y ofrecer «certeza legal a los propietarios».
Un aspecto crucial de esta normativa radica en la definición de lo que se considera un «piso turístico». Aquí es donde entra en juego el límite temporal. Al modificar el artículo 65, la ley especifica que un «apartamento de uso turístico» es aquel que, entre otros requisitos, se encuentra disponible para fines turísticos por menos de 10 días consecutivos. »
¿Qué implica esto? Esto significa que las propiedades destinadas a alquiler vacacional se rigen por este criterio temporal de 10 días. Aquellas que son alquiladas por un período mayor deben cumplir con otra serie de normativas que incluyen la obtención de una licencia de uso turístico. Así, se abre una vía legal que permite a algunos propietarios publicitar sus inmuebles en plataformas como Airbnb bajo la clasificación de alquileres estacionales.
Según la legislación de arrendamientos urbanos (ley Bozal), este tipo se refiere a contratos de alquiler que no tienen como objetivo cubrir «la necesidad habitual de vivienda del inquilino». El Gobierno de España ha planteado trabajar en su normativa para evitar confusiones y garantizar que quienes realmente necesitan acceso a vivienda, como los estudiantes, sean priorizados.
¿Por qué es significativo? Porque uno de los objetivos de los cambios introducidos en la normativa de la comunidad valenciana en agosto de 2024 fue precisamente controlar la creciente cantidad de viviendas destinadas al alquiler turístico, un fenómeno que ha crecido significativamente en España, tensionando aún más el mercado de alquileres. Esto fue reconocido por el propio gobierno regional en sus discusiones sobre nuevas regulaciones, que buscaban señalar la necesidad de «más equidad» y «transparencia».
«La proliferación de estas modalidades de alquiler […] ha desencadenado un aumento no controlado dentro de ciertas áreas, lo que ha hecho imperativo tomar medidas urgentes. Si no se actúa ahora, se corre el riesgo de crisis que podría complicarse aún más», detalló la Generalitat Valenciana en 2024. Hay expertos que ya cuestionan si la nueva legislación se implementó de forma adecuada para definir el tipo de vivienda disponible a viajeros.
¿Hubo repercusiones? Hay que decir que sí. O al menos, hubo reacciones. Después de la publicación de la noticia en Levante EMV, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia (FAAVV) exigió que se revisen las regulaciones de la Generalitat cuanto antes y manifestó su preocupación en el debate político valenciano. «En lugar de establecer límites claros para esta actividad y asumir la responsabilidad en la inspección y sanciones, las indefiniciones y ambigüedades están a la orden del día», denunciaba la FAAVV.
«La normativa necesita cambios porque no ayuda a contener el impacto de los pisos turísticos en el mercado de alquiler, además de crear beneficios en términos de confusión legal e incertidumbre».
¿Cuál es la postura del gobierno? El Ministerio de Turismo ha dejado claro que el hecho de que un alquiler no se considere turístico no implica que se escape a ciertos estándares, como la garantía de un depósito. En caso de fraude comprobado por parte de los responsables, las consecuencias legales pueden llegar a sanciones que oscilan entre 10,000 y 100,000 euros, dependiendo de la gravedad del caso.
A pesar de esto, se han mostrado abiertos a ciertos ajustes en la legislación. «La ley fue aprobada en agosto. Ahora que ha estado en funcionamiento durante un tiempo, es hora de revisar su efectividad y discernir si ha habido alguna disfunción que requiera ser atendida», reconoció el gobierno regional, que también asegura que la interpretación del marco de 10 días puede variar dependiendo de la localización. Hace unas semanas, la Generalitat canceló 886 propiedades del registro turístico por falta de identificación fiscal y advirtió que esta es solo la primera fase de un proceso que afectará en total a unas 34,000 viviendas.
Fotos | Giuseppe bucola (Unsplash)
En | Si te preguntas si los pisos turísticos afectan el precio de los alquileres, la respuesta es clara: más del 30%.