Brasilia, 27 de marzo (Elmundo.CR) – En una decisión histórica y de gran relevancia, el Tribunal Federal Supremo (STF) de Brasil ha autorizado el enjuiciamiento del ex presidente Jair Bolsonaro, quien es acusado de haber liderado un intento de golpe de estado dirigido a derrocar al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva. Esta determinación, tomada el pasado miércoles, también afecta a siete antiguos miembros del gabinete de Bolsonaro, entre los cuales se encuentran tres altos generales del ejército.
Las acusaciones que pesan sobre Bolsonaro son sumamente serias y abarcan la creación de una supuesta «organización criminal» que buscaba frustrar la toma de posesión de Lula, tras su victoria en las elecciones de 2022. Tras conocer la decisión del STF, Bolsonaro expresó su descontento a los medios, afirmando que «la acusación contra mí es alarmante, carece de fundamento y no es algo que diría sin razón. Parece que hay una agenda personal en mi contra”, lo que indica claramente su desacuerdo con las imputaciones que enfrenta.
Las alegaciones formuladas por la Oficina del Fiscal General (PGR) incluyen, entre otras acusaciones, la tentativa de derrocar la democracia en Brasil mediante acciones violentas, la formación de una organización criminal armada, y el daño deliberado al patrimonio público. Además, se menciona un plan que contemplaba el asesinato tanto de Lula como de su vicepresidente y del juez del Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes.
La denuncia conecta las actividades de Bolsonaro con los violentos disturbios ocurridos el 8 de enero de 2023, cuando miles de sus seguidores asaltaron y devastaron las sedes del Congreso, el Palacio de Planalto, y el STF. En una reflexión sobre esta situación, Bolsonaro comentó: “Si hubiera estado aquí el 8 de enero, no me encontraría libre hoy, sino que estaría encarcelado o incluso muerto”, debido a que se encontraba en los Estados Unidos en ese momento crítico.
Ante la posibilidad de ser condenado por todos los cargos, Bolsonaro se enfrenta a una pena que podría alcanzar más de 40 años de prisión. No obstante, en un mensaje dirigido a sus aliados políticos, el ex presidente caracterizó este proceso judicial como una cacería política destinada a excluirlo de las próximas elecciones de 2026, a pesar de que el mismo tribunal electoral aseguró su elegibilidad hasta 2030.
La defensa de Bolsonaro se opone rotundamente a todas las acusaciones, argumentando que su cliente no se encontraba en Brasil durante los eventos del 8 de enero y, por lo tanto, no puede ser responsabilizado de los disturbios. Su abogado, Celso Vode, destaca la seriedad de la situación, pero sostiene que “no se puede atribuir al presidente de la República la responsabilidad de liderar una organización criminal cuando no estuvo presente en los incidentes ocurridos el 8 de enero».
De esta forma, el proceso legal avanzará con la declaración de testigos en los próximos meses, donde se espera que comparezcan militares y autoridades de alto rango, un desarrollo que podría tener implicaciones significativas para el panorama político brasileño.