El 1 de abril, se llevó a cabo una importante sesión legislativa donde se aprobó en primera discusión un proyecto de ley que tiene el potencial de impactar significativamente las condiciones laborales de los agentes del Instituto de Investigación Judicial (OIJ). Esta legislación ofrece a estos agentes la posibilidad de acogerse a una pensión anticipada, para lo cual se define una edad mínima de 55 años, siempre que cumplan con ciertos requisitos establecidos.
En términos más concretos, esto significa que los agentes del OIJ podrán retirarse a esa edad, siempre que hayan acumulado al menos 30 años de servicio en la institución. Esta medida ha generado un considerable debate en el ámbito político y social, dado que representa un cambio significativo en la política de pensiones para los agentes que desempeñan roles de riesgo y en ocasiones extremadamente desafiantes.
No obstante, pocos días después de la aprobación inicial del proyecto, el presidente Rodrigo Chaves hizo público su desacuerdo y su intención de vetar el proyecto una vez que llegara a su escritorio en el edificio presidencial. Este anuncio añadió un elemento de incertidumbre sobre el futuro de la legislación y sus posibles implicaciones.
La votación para el segundo debate estaba programada para la semana anterior; sin embargo, el jefe del programa decidió retirar el proyecto temporalmente, lo que generó reacciones mixtas entre los legisladores. Con la objeción de buscar una mayor solidaridad y consenso, Alejandra Larios, subdirectora, explicó las razones por las cuales no se eligió una fecha más clara y por qué finalmente se eliminó el tema del programa.
El Registro 22.817 fue inicialmente presentado en 2021 por Dragos Donolescu y más tarde reintroducido por Verdiblanca Larios durante este actual periodo legislativo. En su primer intento, el proyecto recibió el apoyo de 32 suplentes, pero en esta última semana las perspectivas cambiaron, ya que los legisladores alineados con el gobierno se dedicaron a criticar y cuestionar el avance del proyecto, lo que restó tiempo valioso para discutir otros asuntos importantes.
De igual manera, en la última sesión legislativa, celebrada el jueves 10 de abril, se rompió la dinámica habitual y avanzaron muy poco en lo que estaba programado para debatir.
Comentario más: los agentes dieron el primer debate del proyecto que permite a los agentes de OIJ a una pensión de 55 años de edad
Diputado Larios contribuye al proyecto.
Propuesta
La propuesta sugiere que para que los funcionarios del OIJ puedan beneficiarse de una pensión anticipada, deberán cumplir con una serie de requisitos, siendo el más destacado el haber servido un mínimo de 30 años en la institución. Este factor es crucial, puesto que establece una base sólida para que los sectores involucrados evalúen y critiquen la implementación de este nuevo enfoque en las pensiones.
Adicionalmente, se señala que la pensión que recibirán equivaldrá al 82% del promedio de los últimos 240 salarios mensuales, calculado de acuerdo con los índices del costo de vida (IPC) aplicables en el mismo período, lo que es relevante en esta discusión sobre la sostenibilidad y equidad de las pensiones. Se estima que este cambio podría marcar un precedente en la legislación pensional del país.
El proyecto también aborda aspectos técnicos relacionados con la jubilación anticipada, especificando las condiciones bajo las cuales se permitiría realizar este retiro, incluso si no se cumple con el total de 30 años de servicio. Así lo expresa uno de los artículos clave de la legislación:
«Si el retiro ocurre cuando el servidor o la servidora cumplen con el requisito de edad o más años, pero antes de cumplir treinta años en los lugares requeridos para los cargos, la jubilación no se calculará de forma proporcional a los años de servicio, siempre que se haya cumplido con la cantidad de años establecidos.»
Para ajustar el monto del pago, se detallará cómo se calculará la cantidad promedio a pagar de acuerdo con el número de años de servicio realizados.
El presidente Chaves ha manifestado su intención de ejercer el veto, argumentando que permitir pensiones a esa edad no es sostenible para el sector público, comparando las situaciones de los agentes de OIJ con las de otros funcionarios públicos. Hizo énfasis en que, si bien los agentes se enfrentan a situaciones peligrosas en su labor diaria, como lo evidencian historias de casos extremos que los ponen en riesgo físico, esto no justifica el establecimiento de pensiones a una edad tan temprana.
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