Tras su exposición ante la Corte Suprema, el caso que involucra al presidente Rodrigo Chaves está siendo analizado en relación con el acuerdo de comunicación que está bajo la lupa. Este acuerdo, en el cual tuvo participación el BCIE, ha llevado a un proceso judicial extenso que ahora se ventila en los tribunales de Corrillos, dando un paso adelante en la investigación de varios aspectos de la gestión presidencial.
La primera etapa de este proceso ya concluyó, correspondiente a la fase del Secretario de Justicia, quien ha estado al tanto de las implicaciones legales del caso. Se ha confirmado que «el caso en el caso» se trasladará a la Cámara de Casación Penal para continuar con el proceso pertinente, tal como lo ha indicado el poder judicial en un comunicado reciente. Esta fase es crucial, dado que se están buscando evidencias que arrojen luz sobre las acusaciones formuladas.
En el marco de esta investigación, no solo se están mirando los actos del presidente, sino que también se están analizando las acciones de altos funcionarios, como el actual Ministro de Cultura, Jorge Rodríguez. Este último también enfrenta un procedimiento especial que involucra un tratamiento distinto al de casos comunes, ya que el procedimiento será guiado no por las jurisdicciones tradicionales, sino que se remitirá directamente a la Corte Suprema.
Que seguiría
Una de las suposiciones más complejas en este caso es lo que sucederá con la privacidad del presidente Chaves. Tradicionalmente, lo que debería ocurrir es que el caso sea llevado ante la Asamblea Legislativa, pero la defensa del presidente no ha descartado la posibilidad de renunciar a este acuerdo, algo que podría cambiar el rumbo de la investigación. Si se toma esta decisión, el asunto se enviaría a un juicio que implicaría la participación de magistrados.
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De acuerdo con el procedimiento, la Cámara III tiene la responsabilidad de nominar a uno de sus integrantes para ejecutar las medidas de investigación necesarias, las cuales no pueden ser aplazadas ni excluidas del juicio. El público tendrá un plazo de tres días para nombrar a un abogado, seguido por la obligación de participar en la audiencia que se llevará a cabo.
«Luego, se llevará a cabo una audiencia donde se presentarán las pruebas antes del juicio. El juez asignado indicará la prueba y determinará la fecha y hora para realizar el juicio de manera pública. Además, se aplicarán las reglas de trabajo complejo, como se encuentra estipulado en las Regulaciones criminales.
Las reglas comunes se aplicarán para el debate y las instrucciones del Tribunal. Una vez que se emita una conclusión, sería posible presentar un recurso de apelación que será resuelto por la Corte Suprema, otorgando espacio para la revisión de cualquier posible error en el procedimiento.
Lo que los fiscales acusan
El lunes pasado, el Secretario de Justicia compartió oficialmente las acusaciones dirigidas tanto al presidente Chaves como al ministro Rodríguez. Estas acusaciones giran en torno a una supuesta conmoción cerebral que habría sido utilizada en un contexto de abuso de poder.
Se trata de los delitos que conllevan sanciones penales que pueden variar entre 2 a 8 años de prisión para el funcionario público que haga uso indebido de su posición, alentando o forzando a individuos a ofrecer o prometer bienes de forma irregular para sí mismos o para terceros. La trama del caso se identifica con el número 25-000019-0033-PE.
Según la declaración de la fiscalía, «se había adaptado claramente el contrato al fabricante de la compañía RMC LA SA, para que provea servicios de comunicación, marketing, asesoría estratégica, producción de mensajes y análisis del desarrollo presidencial».
«Según lo expuesto por la fiscalía, el Sr. Christian Bulgarelli fue obligado y alentado a proporcionar beneficios patrimoniales indebidos, procedentes de la integración económica en Centroamérica, involucrando votantes y campañas personalizadas así como ingresos del presidente Chaves».
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«De acuerdo con lo documentado, antes del proceso de reclutamiento, los funcionarios involucrados establecieron contacto y mantuvieron varias reuniones en el edificio presidencial, donde se impartieron las instrucciones necesarias para que Bulgarelli implementara sus condiciones contractuales”.
Es importante destacar que la acusación considera a Bulgarelli como «testigo de la corona», lo que significa que su situación legal se verá favorecida en función de la cooperación que ofrezca durante el proceso judicial.