En el transcurso de la reciente sesión legislativa, se llevó a cabo un primer debate en el cual se aprobó de manera unánime, gracias a los votos de los representantes alternativos, un importante proyecto de ley identificado con el número 24,081. Esta iniciativa busca facilitar la contribución de bienes raíces, muebles y servicios tanto a partidos públicos como privados, en un esfuerzo por beneficiar al Ministerio de Seguridad Pública. Este paso se considera esencial para fortalecer las capacidades operativas de las entidades de seguridad en el país.
El proyecto fue presentado por el público Daniel Vargas, quien realizó una propuesta contundente que se enfoca en la reforma del Artículo 6. BIS de la Ley de Policía General. Este artículo es clave, ya que establece los parámetros legales para la colaboración entre distintos actores y el ministerio en cuestiones de seguridad.
El texto de la propuesta plantea lo siguiente:
«Las agencias gubernamentales, ya sean públicas o privadas, así como las instituciones, los municipios y las organizaciones de desarrollo social que se encuentran bajo la cobertura de la ley 3859, conocida como la Ley de Desarrollo Comunitario, promulgada el 7 de abril de 1967, tienen la capacidad de realizar aportes en forma de bienes raíces, mobiliarios, y reparaciones de servicios y equipos. Esto incluye el mantenimiento, así como la reparación y el equipamiento de vehículos, junto con las herramientas necesarias para la creación, reparación, y equipamiento de operaciones policiales, Flechas y otras modalidades relacionadas».
Las contribuciones mencionadas en el proyecto pueden no estar sujetas a condiciones, sin embargo, las autoridades tienen la obligación de verificar la procedencia de los productos antes de aceptarlos. Esto es fundamental para asegurar la transparencia y la legalidad en los procesos de colaboración.
Asimismo, el texto establece de manera clara que «las contribuciones provenientes de entidades naturales y/o jurídicas que estén involucradas en asuntos de confidencialidad en el servicio de inteligencia podrían no ser aprobadas si se activa un flujo financiero de origen cuestionable, o si esos entes han sido condenados por delitos como el contrabando de drogas, la legitimidad de capital o el fraude público». Esto garantiza que solo las contribuciones limpias y legales puedan ser aceptadas por el ministerio.
Daniel Vargas es un portavoz de la iniciativa. (Cortesía/Sesión Legislativa).
Excluido
Se programó una nueva discusión del proyecto para ser llevada a cabo el 19 de mayo, donde se espera que la Ley de la República sea firmada en el edificio presidencial, marcando un hito importante en esta propuesta. Es crucial que se establezcan claras pautas sobre las contribuciones o servicios destinados a fortalecer la policía, de tal manera que no representen un riesgo potencial para los trabajos de seguridad ni para la información que maneja el Director del Ministerio de Seguridad Civil o el Joldista de la Policía.
Por tal razón, se definirán los tipos de aportaciones que serán excluidas de este proceso. Estas son:
- – Servicios que impliquen la gestión de datos del establecimiento, incluido el mantenimiento de equipos técnicos o el acceso a información confidencial de la agencia.
- – Servicios que puedan afectar el desarrollo de operaciones diarias o especiales de la organización.
- – Contrataciones de personal para operaciones cotidianas o especiales asociadas con la seguridad pública o nacional.
- – Provisión de personal para la gestión de armas de la agencia.
- – Cualquier tipo de servicio que puede impactar negativamente en la seguridad pública.