La administración Trump ha logrado un avance legal significativo al poder invocar una ley de «enemigos extranjeros» como base para justificar la posible expulsión de inmigrantes que han sido identificados como miembros de organizaciones consideradas «terroristas» por el gobierno de los Estados Unidos. Esta interpretación de la ley ha sido avalada por un juez federal, lo que representa un hito en el marco de las políticas de inmigración que Trump ha defendido durante su mandato.
Este fallo marca una victoria legal relativamente inusual para la administración Trump, especialmente en el contexto de su agresiva política de expulsión dirigida a migrantes en situación irregular. Esta estrategia de deportación ha sido objeto de múltiples disputas legales y controversias en las cortes, lo que hace que este reconocimiento judicial sea aún más notable. Desde el inicio de la administración, la política de inmigración ha sido uno de los temas más divisivos en la arena política estadounidense.
A mediados del mes de marzo, el gobierno federal ya había comenzado a utilizar la ley de «enemigos extranjeros», una normativa que hasta ahora había sido aplicada de manera limitada, específicamente en casos de personas vinculadas a pandillas. La deportación de estas personas a El Salvador había sido una de las medidas más comentadas. Este nuevo enfoque está diseñado para ampliar la aplicación de esa ley a un grupo más amplio de inmigrantes en otras condiciones desafiantes.
Hasta el presente, varios jueces federales han bloqueado la aplicación de esta normativa para justificar la deportación masiva de migrantes. Sin embargo, este martes, la jueza Stéphanie Haines determinó que el caso presentado por la administración se alineaba “dentro del marco” de la ley de enemigos extranjeros de 1798. A pesar de su fallo favorable, Haines subrayó que la administración debería proporcionar ‘más tiempo del que actualmente ofrece’ a las personas afectadas para que puedan defenderse antes de ser deportadas.
“Conforme a la ley, si el gobierno proporciona un aviso suficiente y respeta el proceso adecuado, el presidente tiene la autoridad para decidir sobre la expulsión de ciudadanos venezolanos mayores de 14 años que se encuentren en los Estados Unidos sin una naturalización o residencia legal, particularmente aquellos miembros de la agrupación conocida como Tren Aragua que han sido catalogados como una organización terrorista”, explicó la jueza.
Adicionalmente, el juez Haines dictaminó que la administración debería establecer un período mínimo de 21 días entre la toma de decisión de desalojo y su ejecución, con el objetivo de permitir que las personas afectadas tengan la oportunidad de ser escuchadas y de apelar si lo consideran necesario.
Un precedente judicial
Durante su segundo mandato, Trump ha priorizado la lucha contra la inmigración irregular, presentando esta cuestión como una de las principales amenazas al país. Ha hablado repetidamente sobre una supuesta «invasión» de delincuentes extranjeros y ha mantenido una comunicación constante sobre los desalojos migratorios, enfatizando su compromiso con la seguridad nacional.
No obstante, el programa de deportaciones masivas ha enfrentado numerosos obstáculos y retrasos como resultado de decisiones judiciales adversas. Medios de comunicación de renombre como Political y The Washington Post han destacado que la decisión tomada este martes podría establecer un precedente importante, ya que contrasta con sentencias anteriores emitidas por otros jueces federales en estados como Colorado, Nueva York y Texas.
A medida que se desarrollan estos eventos, se espera que la Corte Suprema de los Estados Unidos, que tiene actualmente una mayoría conservadora, tome una posición sobre esta compleja y controvertida cuestión legal, una decisión que podría tener un impacto significativo en el futuro de la política de inmigración en el país.