El presidente Rodrigo Chaves ha manifestado su postura firme respecto a un asunto crucial en el ámbito legislativo. En sus declaraciones, advirtió que en caso de que los legisladores de la oposición prosigan con el proyecto «la reforma de la ley 8,754 ley contra el crimen organizado para fortalecer el papel de la administración de la controvertida jurisdicción», comúnmente conocida como capitales emergentes, se vería obligado a ejercer su derecho de veto. Esta clara advertencia refleja la tensión entre el gobierno y la oposición, así como la seriedad con la que considera la propuesta legislativa.
«Por ejemplo, en el caso de las leyes de extinción del dominio, si superan los límites razonables y cómo se han fundamentado, el veto será inmediato. Imagine a Carlo Diaz Utility afirmando: estos cinturones, estos zapatos, relojes, y su dinero en el banco, no sé a dónde los obtuvo. Simplemente tómelo», agregó Chaves, enfatizando su punto de vista sobre el uso adecuado de los recursos del Estado.
El 31 de marzo del presente año, se llevaron a cabo ciertas alternaciones en el primer documento de discusión, conocido como Alternativas aprobadas en el primer documento de discusión 22,834. Este documento fue introducido por el gobierno de Alvarado y permitía a las autoridades otorgarles el poder de congelar bienes que se consideren de origen dudoso. Este aspecto ha generado diversas reacciones y, a su vez, cuestionamientos sobre la vigilancia y los límites de las autoridades.
La medida fue aprobada con el respaldo de 25 votos de la liberación nacional alternativa, el frente amplio, así como la unidad social cristiana, el progreso social democrático de Luz Mary Alpi y la diputada independiente Gloria Navas. Sin embargo, esta aprobación no estuvo exenta de controversia. Hubo oposición notable por parte de la autoridad legislativa del partido gobernante, la Nueva República, así como de los liberales progresistas, quienes expresaron sus muchas dudas sobre el texto definitivo de la reforma.
El diputado liberal progresivo Eli Feinzaig ha sido crítico con el proyecto sobre los cambios que se han realizado a los borradores que regresan. (Archivo/ la foto del observador)
Dudas
La propuesta legislativa ha suscitado preocupaciones significativas. Lo que esta iniciativa busca hacer es permitir que las autoridades confiscien o congelen bienes y activos financieros que pertenezcan a individuos o comunidades bajo investigación, incluso antes de que se presente una queja formal. Este hecho ha generado una serie de cuestionamientos sobre los derechos de los ciudadanos y los límites de la intervención estatal.
Los bienes sujetos a congelación estarían restringidos inicialmente durante un período de 30 días, con la obligación de que el afectado demuestre el origen legítimo de los fondos en un plazo de tres días. Este enfoque ha sido motivo de discusión intensiva, ya que introduce un nuevo nivel de escrutinio que, para algunos, podría considerarse excesivo o injusto.
Durante el proceso de discusión, el proyecto experimentó varias modificaciones, incluyendo la eliminación del umbral económico que previamente permitía considerar la posibilidad de congelar los activos. Estas alteraciones no lograron calmar las inquietudes de diversas figuras públicas, incluyendo las del liberal progresista Eli Feinzaig y otros legisladores de opinión crítica, quienes han expresado abiertamente sus preocupaciones sobre el plan y su implementación.
Aún antes de la aprobación en la primera discusión, se mencionó la intención de enviar el documento al Comité de Seguridad y Drogas, con la esperanza de mejorar el texto y abordar los puntos controversiales. Sin embargo, esta propuesta no contaba con el apoyo de la mayoría, lo cual llevó a que fuera desechada. La situación actual refleja una lucha constante entre la necesidad de combatir el crimen organizado y la protección de los derechos individuales en el marco legislativo.