Con el reciente veto al proyecto que tiene como objetivo fortalecer la pensión del Defensor del Pueblo del Instituto de Investigación Judicial (OIJ) a la edad de 55 años, la situación se torna compleja. Actualmente, hay tres registros que indican que la sesión legislativa necesita resolver este asunto. Este veto, en particular, debe ser decidido por los legisladores quienes tienen el poder de mantenerlo o de compensarlo, lo cual podría llevar a su conversión en Ley de la República. Para restaurar este proyecto, es crucial contar con al menos 38 votos.
Adicionalmente al proyecto sobre las Pensiones Avanzadas del OIJ, se encuentran en el Parlamento otros dos vetos potenciales concernientes a vuelos de bajo costo hacia América Central y regulaciones relacionadas con la legislación reconocida. Estos temas son parte de una lista de pendientes que el Parlamento necesita zanjar, aunque esto podría realizarse durante el período actual de sesiones extraordinarias; sin embargo, es necesario que el ejecutivo dé a conocer los archivos pertinentes, ya que ese es el primer paso para seguir adelante.
El jueves pasado, el Secretario abordó un vuelo de bajo costo y dejó este tema como un punto en la agenda que se discutió ese día. Sin embargo, el plan se ajustó debido a una escasez de tiempo el miércoles, lo que llevó a la declaración de Pilar Cisneros sobre la falta de confianza en el proceso inmediato. Por otra parte, los otros dos archivos no se discuten conjuntamente, lo cual impide que el Parlamento continúe eficientemente.
El veto del presidente fue impuesto en 2025; el primero de ellos, el 18 de febrero, se refería a la propuesta que intentaba reestablecer un costo de $100 para los vuelos hacia América Central y $120 hacia la República Dominicana. El argumento detrás de esta acción se basa en la preocupación del gobierno sobre el impacto negativo que tendría en el turismo, ya que creen que esto podría hacer que los turistas internacionales acorten su estadía en el país.
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Casi tres meses después …
Al 18 de mayo, se cumplirán tres meses desde que se impuso el veto a la propuesta de Eli Feinzaig para liberar restricciones progresivas, un intento que, a pesar de los esfuerzos realizados, no ha progresado satisfactoriamente. En un principio, el proyecto debía debatirse a finales de febrero, pero fue imposible debido a disputas dentro del Partido, que argumentaron que habían sido incapaces de gestionar el tiempo de un miembro del Parlamento adecuado para esa discusión.
Luego, se estableció el 11 de marzo como nueva fecha, pero este plazo fue nuevamente revocado antes del 18 de ese mes, resultando en un escenario incierto donde no se definió una nueva fecha para abordar la cuestión, a pesar de los insistentes reclamos de la diputada Pilar Cisneros.
Desde el Partido Liberal Progresista (PLP), aseguran tener los votos necesarios para recuperar la propuesta, pero están en busca del momento oportuno para llevar a cabo la votación. Sin duda, el futuro de este proyecto es incierto y dependerá de la dinámica política que se establezca en los próximos días.
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El presidente Rodrigo Chaves tiene tres vetas en 2025. (Fotos Alonso Solano/El Obserbador)
Regulaciones y sanciones
En el marco de la actividad legislativa también se toman en cuenta otros asuntos relevantes. En los días siguientes a la imposición del veto sobre los vuelos económicos, el presidente Chaves hizo lo propio con el documento 23,192, conocido como » leyes para garantizar una regulación sobre la ley de la comisión». Esta decisión fue motivada por consideraciones relacionadas con la conveniencia y la gobernanza.
La propuesta, impulsada por la subdirectora Daniela Rojas en Pusc, establece que el gobierno debe controlar los proyectos de ley dentro del período que se indica en el texto; si no se cumple, se definen plazos de seis meses. Además, esta iniciativa estipula sanciones para aquellos que violen la normativa, es decir, la no supervisión de la ley en el tiempo señalado.
Las sanciones a las que se enfrentarían los funcionarios públicos en caso de incumplimiento podrían llevar a penas de entre uno y tres años, dependiendo de la gravedad de las violaciones cometidas.
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Los oficiales de OIJ quieren obtener una pensión avanzada.
Último
El pasado martes, la Asamblea Presidencial de CASA envió un veto al proyecto destinado a fortalecer la pensión de los agentes OIJ, que se establecería una vez que cumplan 30 años de servicio y lleguen a los 55 años de edad. Chaves había advertido sobre la posibilidad de vetar este proyecto desde un principio, y ahora se encuentran en la búsqueda de alternativas para abordar el resto. «Desafortunadamente, la posición del Secretario y del Presidente resulta justificada. Este proyecto de ley está respaldado por argumentos tanto legales como numéricos que demuestran que posee las condiciones necesarias para ser aprobado», expresó Oscar Izquierdo, líder de la bancada.
De igual manera, Alejandra Larios, quien es responsable de la presentación legislativa, confía en la viabilidad del proyecto y aseguro que «esta es una tarea legal y justa», expressando su deseo de buscar los votos necesarios para restablecerlo. La iniciativa se había presentado originalmente en 2021 por Dragos Donolescu y, tras varias complicaciones en el proceso, se continúa buscando una salida.
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