El Ministerio de Justicia y la Paz ha dado a conocer que aproximadamente 1,000 internos de diversas prisiones, incluidos aquellos en máxima seguridad y otros sectores, iniciaron una huelga de hambre el pasado lunes en lugar de aceptar las medidas recientemente anunciadas por el gobierno. Esta decisión ha generado un gran revuelo y preocupación en el ámbito penitenciario.
Nils Ching, director de la Policía Penitenciaria, reveló que los prisioneros pertenecientes a la máxima seguridad han amenazado y coaccionado a aquellos internos considerados de nivel mínimo o inferior para que se unan a la huelga, impidiéndoles consumir sus alimentos. Esto se ha vuelto un tema candente que ha captado la atención de los medios y de la opinión pública.
“La coacción ejercida por ciertos prisioneros sobre otros fue confirmada a través de quejas recibidas de familiares y publicaciones que han aparecido en redes sociales. Además, se ha evidenciado que algunas de estas personas han sido forzadas a participar”, indicó Ching, subrayando la gravedad de la situación.
Con el transcurrir del tiempo, la situación dentro de los recintos penitenciarios ha ido agravándose de manera progresiva. “El número de prisioneros que han participado en esta huelga de hambre ni siquiera representa el 10% del total del sistema cerrado de nuestro sistema penitenciario”, manifestó la autoridad policial, ofreciendo así una perspectiva sobre la magnitud del problema.
Sin embargo, estos datos contrastan significativamente con los reportes de Rafael Ángel García, quien es el portavoz de la Asociación de la Organización No Gubernamental (ONG) dedicada a brindar apoyo a los internos y sus familias. Este grupo ha señalado que hasta 4,500 prisioneros han participado en la huelga en diversas cárceles, y que el total de internos involucrados podría superar los 7,000 en todo el sistema penitenciario.
Actualmente, el sistema penitenciario tiene bajo su custodia a cerca de 17,000 internos. Ching aseguró que la Policía Penitenciaria está llevando a cabo un control riguroso y que se está trabajando para mantener la estabilidad y el orden en todas las cárceles del país, respondiendo así a las tensiones que se han generado.
La policía penitenciaria busca reanudar el control. (Cortesía/Ministerio de Justicia y Paz).
Las medidas
El miércoles 23 de abril, durante una conferencia de prensa, el gobierno anunció una serie de cambios que afectarán significativamente a las dinámicas en las cárceles del país.
Una de las nuevas disposiciones establece que los prisioneros solo podrán recibir visitas íntimas cada dos meses, y deberán demostrar que la persona que los visita es efectivamente su pareja. Esta medida representa un cambio drástico respecto a la política anterior, que permitía visitas íntimas cada 15 días.
Además, se ha determinado que las visitas familiares ahora serán restringidas a una vez al mes, lo cual ha generado descontento entre los familiares de los internos que ya enfrentan una separación prolongada.
Por otro lado, los internos que actualmente están privados de libertad tendrán un limitado acceso a comunicarse telefónicamente, permitiéndoles solo 10 minutos a la semana para hacer llamadas. Hasta ahora, habían disfrutado de acceso libre a teléfonos públicos, lo que facilitaba la comunicación con sus seres queridos.
Finalmente, se ha reducido la frecuencia con la que los internos pueden recibir paquetes: ahora, solo podrán recibir artículos esenciales una vez al mes, un cambio significativo, ya que anteriormente podían recibir paquetes todos los días. Este conjunto de medidas ha suscitado una considerable preocupación en las familias de los internos y en sectores de derechos humanos.
De acuerdo con el ministerio, se continuará garantizando el acceso a medicamentos y a teléfonos celulares para los prisioneros, aunque estas medidas generan no solo incertidumbre, sino también un fuerte debate sobre la necesidad de encontrar un balance entre la seguridad y las necesidades humanas.
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